Los coroneles Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña fueron condenados por participar en las desapariciones forzosas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Los exuniformados deberán pagar 40 años de cárcel por la desaparición de Irma Franco Pineda, Bernardo Beltrán Hernández, y Carlos Rodríguez Vera.
El marte 19, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rectificó la condena contra el excomandante de inteligencia del Ejército en 2016. El coronel Edilberto Sánchez Rubiano, deberá pagar en prisión por su responsabilidad en la desaparición de Franco, Rodríguez y Beltrán.
Asimismo, el magistrado Manuel Antonio Merchán, de la Sala Penal, aseguró que los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña, fueron quienes desaparecieron a la estudiante de derecho e integrante del M-19, Irma Franco, y a los trabajadores de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán.
La toma y retoma del Palacio de Justicia
El 6 de noviembre de 1985, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, siete personas armadas vestidas de civil, y pertenecientes a la guerrilla M-19, ingresaron al Palacio de Justicia. Cerca de 350 ciudadanos, entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia, fueron rehenes de los guerrilleros.
Desde la 1:00 p.m. del 6 de noviembre, y hasta 23 horas después, la fuerza pública asumió la acción ofensiva con ocho unidades blindadas y tres helicópteros.
La toma y retoma del Palacio dejó un saldo de 101 muertos: once magistrados, 20 servidores públicos, seis empleados del Palacio, 5 empleados de la cafetería, 47 guerrilleros, y 12 miembros de la fuerza pública.
Siete personas más se declararon como desaparecidas desde 1985.
El actuar de las Fuerzas de Seguridad
En el expediente de la Sala se lee que “miembros del Ejército y la Policía fraguaron actos que extralimitaron sus funciones: la idea era acabar con «el enemigo»”.
Ante esto se pronunció por el secuestro y retención ilegal de Irma Franco Pineda, Bernardo Beltrán Hernández, y Carlos Rodríguez Vera. “La conducción de estas personas a dichos lugares no fue informada en los registros de actividades entregados por Sánchez Rubiano, lo que denota un interés por ocultar lo sucedido con estos sobrevivientes, tal tesis explicaría que no haya existido guerrilleros judicializados o sobrevivientes, pues la agresividad y contundencia de la actuación de las Fuerzas Militares ante cualquier posible enemigo era clara”, resalta el informe.
