En un documento para el Congreso, el Gobierno Nacional se opuso al proyecto de ley que buscaba eliminar un impuesto que cobra $4 por cada $1.000 que se usen transacciones bancarias. De acuerdo con el viceministro técnico de Hacienda, Jesús Bejarano, quitar este impuesto «tendría un impacto fiscal negativo» en el país.
Para Bejarano y el Gobierno, en el país no hay suficientes fuentes que compensen el recaudo al impuesto de 4×1000, y estiman que desde 2023 tendría un impacto fiscal anual cercano a $7,4 billones.
“También se presentaría un leve incremento en el recaudo del impuesto de renta, en la medida en la que los contribuyentes dejarían de tener deducciones correspondientes al 50 % del pago de este impuesto”, aseguró Bejarano en el documento entregado al Congreso
El proyecto de ley de la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, reduce de forma proporcional el impuesto en un periodo de 4 años. El primer año se reduciría a 3×1.000, luego a 2×1.000, 1×1.000, hasta 2026, donde se eliminaría totalmente.
Un impuesto controversial
El 4×1000 ha sido un impuesto muy debatido desde sus inicios. En 1998, bajo el mandato de Pastrana, el proyecto buscaba el rescate de las instituciones financieras que vivían una profunda crisis.
El impuesto comenzó como un gravamen temporal, y que comenzó como 2×1000 y paulatinamente ha aumentado hasta llegar a 4×1000, se sigue cobrando más de 20 años después.
Para expertos, este impuesto debería desaparecer, y si no se eliminara, debería convertirse en un tributo que afectara sólo a los retiros en efectivo.
