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La reunión de Uribe y la Comisión de la Verdad de Colombia

Agridulce fue la reunión entre el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco De Roux, los comisionados Lucía González y Leyner Palacios, y el expresidente colombiano, Álvaro Uribe. En el encuentro se pretendía tener una versión del mandatario sobre los Falsos Positivos, pero terminó siendo una entrevista informal tan controlada por Uribe que se realizó en su propia finca.

El lunes 16 de agosto, desde las 10:30 a.m. y hasta horas de la tarde, se desarrolló la histórica reunión entre el que fue presidente de Colombia de 2002-2010, senador, gobernador, alcalde , y uno de los hombres más poderosos e influyentes del país, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales de más de 6.000 personas durante su mandato.

En 2018, el Tribunal Superior de Antioquia abrió investigación contra Uribe por sus posibles nexos con el paramilitarismo

Las palabras de Uribe se convirtieron en sorpresa para muchas víctimas. “No falta el que diga que como yo exigía muchos resultados, por eso asesinaron a inocentes… ¡Por favor! Es mi deber, es parte de mi temperamento, de mi formación, exigir resultados con transparencia, con observancia de los derechos humanos. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia. Es del incapaz criminal que, para demostrar resultados, produce crímenes”, aseguró.

El político de derecha se mantuvo sobre la tesis que maneja su partido: el fenómeno de los Falsos Positivos no fue una política de estado. Incluso, afirmó que solo se tomaron acciones contra los militares involucrados en esos asesinatos, y que su gobierno “actuó de inmediato” para detener las ejecuciones extrajudiciales.

La reunión: ¿Un error o un fracaso?

La reunión inició con complicaciones. En el compromiso pactado se estipuló que la reunión se haría en privado y en la finca del también exsenador, pero Uribe equipo de prensa reiteraron que la conversación sería pública a través de una transmisión en directo en el canal de YouTube del expresidente.

Uribe tiene más de 28 procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia

Al comenzar, Uribe aseveró que no reconocía la legitimidad de la Comisión de la Verdad como institución estatal, una postura que ha recalcado desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016. También desconoció a los otros dos comisionados, Lucía González y Leyner Palacios, a lo largo de buena parte del diálogo.

Cabe resaltar que, el exmandatario sí reconoció dos errores cometidos en su carrera política que agrandaron la guerra. Aceptó su equivocación al asegurar siendo gobernador de Antioquia que las Convivir, grupo paramilitar creado en los 90’s por el presidente colombiano César Gaviria, debían tener armas largas.

“Fue por el desespero de ver tanta violencia y de que había que apoyar a la Fuerza Pública. Pero ese error se quedó en el discurso, pues nunca se les concedieron las armas”, aseguró. Aunque recalcó que él no fue autor de las Convivir, pues estas fueron creadas mediante el Decreto Ley 356 de 1994 desde el gobierno colombiano.

Uribe ha tenido distintos nexos con líderes paramilitares, el más conocido con ‘Don Berna

Uribe también reconoció como error su famosa frase “no estarían recogiendo café”, cuando se refería a los jóvenes desaparecidos de Soacha. El hecho ocurrió en 2008, después de decenas de reclamos de madres que buscaban a sus hijos quienes, tiempo después sería de conocimiento público, fueron secuestrados, torturados y asesinados por militares colombianos en Norte de Santander.

El sinsabor para las víctimas

La cara del conflicto. Fotografía: Jesús Abad

El conflicto armado colombiano, que está próximo a cumplir 60 años, ha cobrado la vida de más de 260.000 personas, y al rededor de 8 millones de víctimas. Además, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto, la guerra nos ha dejado 80.514 desaparecidos (70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores reclutados.

El conflicto también nos ha costado más de 179.000 millones de dólares, pero para muchos expertos y víctimas, el costo más alto ha sido el atraso social, político e institucional; las decenas de miles de minas antipersonales; el narcotráfico; la pobreza y la desintegración social.

Lo que supone que la tajante respuesta del mandatario, con una política y dialéctica negacionista de la guerra, es una cachetada para todas las víctimas.

Suspender ayudas a policía de Colombia por abuso de fuerza: propuesta del Parlamento Británico

Parlamentarios del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del Reino Unido y Noruega demostraron su preocupación frente al accionar del gobierno Duque por la violencia que se vive en el país. Los representantes aseguran que la desatada violencia contra ex-farc, y la violencia contra civiles durante el Paro Nacional, son alarmantes.

Ian Lavery, congresista laborista inglés, le pidió al Parlamento Británico inspeccionar el entrenamiento de la policía colombiana, e incluso suspenderlo si se encuentra que algún agente abusó de la fuerza durante el Paro Nacional.

«Debemos revisar nuestro programa de formación con la policía colombiana y suspenderlos si hay unidades involucradas en reprimir la protesta social«, aseguró otro parlamentario laborista.

El Consejo de Seguridad de la ONU alarmó sobre la violencia en Colombia

Por su lado, frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el gobierno de Noruega le exigió al gobierno colombiano que haya más voluntad política para la implementación de los Acuerdo de Paz.

“Nos preocupa saber que se ha asesinado a 15 ex combatientes. También que ha habido un aumento en el reclutamiento de menores por grupos armados”, aseguró la representante de Noruega ante la ONU.

Cabe resaltar que, Noruega es uno de los países garantes del proceso de paz de Colombia.

Ante la crítica, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que «No es cierto que la existencia de estas violencias recientes que ha sufrido nuestro país obedezcan al incumplimiento en la implementación del acuerdo».

Marta Lucía Ramírez negó la violencia y aseguró que el gobierno ha hecho esfuerzos por detenerla

Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron, en un comunicado después de la reunión con Ramírez, su preocupación por la violencia y asesinato sistemático contra líderes sociales y ex miembros de las FARC.

Críticas sobre abuso policial en Colombia del Parlamento Británico

Miembros del Parlamento Británico criticaron los casos de abuso policial que han sacudido al país. Afirmaron que 13 personas perdieron la vida, a manos de la Policía, en las manifestaciones en el 2020.

El representante Ian Byrne de la Cámara de los Comunes expresó su preocupación frente al acción policial en diferentes protestas. Alegó que, a parte de las 13 personas que perdieron la vida, también hay jóvenes quienes perdieron la vista de uno de sus ojos después de las manifestaciones.

“Manifestantes colombianos han perdido la vista después de ser impactados por proyectiles disparados por la Policía” recalcó el diputado.

Asimismo, Ray Collins de la Cámara de los Lores, y encargado de Asuntos Exteriores del Partido Laborista, alertó por la situación de derechos humanos en el país caribeño.

“¿Qué medidas está tomando el gobierno (británico) para asegurar que sus homólogos colombianos aborden realmente este tema (de asesinatos) con una política pública para desmantelar las organizaciones criminales incluidos los grupos sucesores del paramilitarismo, como estipula el Acuerdo de Paz?”, cuestionó.

Hace solo unos meses, los diputados también cuestionaron el papel del presidente Duque en la implementación del Acuerdo de Paz. Además, criticaron el actual del exfiscal Néstor Humberto Martínez y sobre el presunto ocultamiento de información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso Santrich.

“Una operación de la Fiscalía General aparentemente diseñada para atrapar a los negociadores de las Farc y socavar el proceso de paz es alarmante. La Fiscalía dirigida por Néstor Humberto Martínez supuestamente proporcionó cinco kilos de cocaína para la operación. Pero esta y otra información no se compartió con las cortes”, señaló Christine Blower, del Partido Laborista.

Funcionarios del gobierno inglés reafirmaron su apoyo al Acuerdo de Paz y que Colombia es un país prioritario en términos de derechos humanos.

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