Desde el domingo 1 de mayo, el uso obligatorio de mascarillas en espacios cerrados dejó de estar en vigencia para algunas ciudades colombianas. Al menos 18 millones de colombianos en 293 municipios se beneficiarán de la medida.
La medida comenzó a aplicar en los municipios y ciudades donde el 70% de la población cuente con esquemas completos de vacunación y que 40% tenga la dosis de refuerzo. Solo será obligatorio el uso de mascarillas en centros médicos, transporte público y dentro de aulas de clase.
Tunja, Armenia, Leticia, San Andrés, Manizales, Ibagué, Pereira, Bogotá D.C, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Popayán son las ciudades capitales donde ya no tendrá que usar tapabocas.
La decisión fue aprobada por el Ministerio de Salud, siguiendo los indicadores de epidemiología y demografía del Ministerio para la contingencia sanitaria. Cabe recordar que, según el ministro de salud, la pandemia no ha terminado.
Las variantes del Sars-CoV-2 con sus formas más transmisibles circulan en el país.
Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.
Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.
Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.
Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.
El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.
El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.
El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.
“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.
Por su lado, el senador del Polo Democrático, IvánCepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.
De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.
“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.
