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La CIDH da recomendaciones a Colombia para respetar los DD. HH. y Duque asegura que “Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad”

Casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó de visita a Colombia para verificar la situación de derechos que se vive en el país, el gobierno re rehúsa a aceptar sus recomendaciones. Frente al documento de 41 sugerencias, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” porque «ya existe».

En medio del Paro Nacional, la CIDH evidencia la preocupación internacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial. Ante las sugerencias de la Comisión, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.

A la fecha, más de 4.600 casos de violencia policial se han denunciado dentro del Paro Nacional

Dentro del mismo documento de la CIDH, se resalta la violencia de género en el marco de las protestas, por las decenas de abusos sexuales perpetrados por policías contra manifestantes; la violencia étnico-racial, por las víctimas indígenas de la Minga que fueron baleadas por civiles armados y policías en repetidas ocasiones; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, por las casi 100 denuncias interpuestas por los profesionales contra la policía; las irregularidades en los traslados por protección, por los casos de desaparición y asesinato por parte de policías; y en el uso de la asistencia militar, por la militarización de las ciudades más importantes del país.

Las recomendaciones de la CIDH

Entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la CIDH estuvo en Bogotá, Cali y Popayán, para conversar con distintos sectores sobre el descontento social y las violaciones de derechos durante el Paro Nacional de 2021.

La CIDH recibió 2.908 solicitudes para dar testimonio, y al menos 302 alcanzaron a entregaron sus versiones individuales y colectivas, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.

Con más de 2.000 detenciones arbitrarias, la comunidad internacional alerta sobre la crisis en Colombia

En las conclusiones que sacó la Comisión se reconoció que algunas de las causas del Paro Nacional son la marcada desigualdad monetaria, la pobreza, la pobreza extrema, y el poco acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo.

“El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguró la CIDH.

Dentro del pliego de sugerencias entregada por la Comisión al gobierno colombianos resaltan:

  1. 1. Separar la policía y al Esmad del Ministerio de Defensa
  2. 2. Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público
  3. 3. Prohibir que policías o militares que estén en la manifestación porten armas de fuego
  4. 4. Dejar de censurar las denuncias públicas a través de redes sociales
  5. 5. Juzgar a policías que hayan violado derechos fundamentales en la justicia ordinaria
  6. 6. Regular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad colombianas
  7. 7. Trasladar bajo protección a los manifestantes detenidos
  8. 8. Reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales
  9. 9. Prevenir y combatir las prácticas de discriminación racial
  10. 10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
  11. 11. Investigar con plenas garantías a los responsables de delitos cometidos en el Paro Nacional
  12. 12. Tolerar las manifestaciones, aunque estas generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana

La sugerencia, que estaba dentro del pliego de peticiones que hizo el Comité del Paro desde 2019, es una reforma de la policía, para que deje de tener un carácter militar y pase a ser garante de los derechos humanos.

El controvertido y criticado ‘decreto militar’ de Duque

Durante abril y mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto que ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar”. Esta buscaría “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de seguridad y convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido fuertemente criticado por la CIDH

El presidente también implementó la figura de “asistencia militar”, contenida en el Código de Policía, que da la potestad a los militares a contribuir a la policía en “una emergencia o calamidad pública”.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que solo se puede disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención.

La CIDH aseguró en el pliego de recomendaciones que la asistencia militar por el presidente Duque no analiza las circunstancias particulares de cada bloqueo. La Comisión reafirma que es un error calificar todos los bloqueos como ilegales en el marco de una protesta.

Hasta la fecha se han registrado 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública

“El Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, y el uso de la fuerza siempre será el último recurso, no el primero”.

La CIDH también criticó que el decreto de asistencia militar no establece explícitamente “el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad”.

Cabe resaltar que, el decreto estableció que serán sancionadas las autoridades locales que no implementan la asistencia militar.

La militarización de Cali y otras ciudades en Colombia

Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.

Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.

Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.

Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.

El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.

El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.

El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.

“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.

Por su lado, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.

De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.

“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.

Más de 200.000 personas sin internet en Cali, Colombia

A las 3 de la mañana de este jueves, y por un fallo en el cable del Pacífico, miles de habitantes en Cali y otras ciudades del pacífico colombiano amanecen sin internet. Según Emcali, Empresas Municipales de Cali, la falla técnica se presentó en el cableado del Canal Internacional.

El Canal Internacional es la plataforma de Internet, a través de un cableado submarino, que presta el servicio de internet a países en todo el Pacífico, como Colombia, Ecuador y Argentina.

Juan Diego Flórez, gerente de Emcali, comentó “Tenemos una problemática, la fibra subterránea sufrió un daño por un derrumbe a la altura del kilómetro 100 en la vía Cali – Buenaventura y estamos trabajando para reestablecer el servicio”.

Técnicos ya están trabajando para restablecer el servicio.

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