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Falsos Positivos: militares colombianos reconocen su participación en ejecuciones extrajudiciales

Diez exmilitares, más de 30 víctimas y un civil estuvieron ayer frente a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) aclarando los hecho en las ejecuciones extrajudiciales entre 2007 y 2008 en el Catatumbo. En las declaraciones, los militares reconocieron su responsabilidad en 120 casos de “falsos positivos” que ocurrieron en Norte de Santander.

“Reconozco que mientras ejercí ese cargo, operó al interior de la Brigada una estructura criminal de facto. Este lamentable acto criminal fue conformándose por algunos de los miembros de la Unidad Militar bajo mi mando… A medida que yo iba presionando a mis subalternos para que obtuvieran resultados en términos de bajas en combate a como diera lugar”, aseguró el excoronel Santiago Herrera Fajardo.

Herrera fue el comandante de la Brigada Móvil 15 entre 2006 y diciembre de 2007, y señaló que la presión ejercida fue una respuesta a la dinámica de guerra establecida por el general Mario Montoya y el mayor general Carlos Ovidio Saavedra.

Ejecuciones sistemáticas y premiadas

“Reconozco que por mi exigencia y por exigirle a mis subalternos, en estos resultados fueron asesinadas personas que nada tenían que ver con el conflicto armado, personas que eran campesinas y trabajadores del Catatumbo, como también jóvenes que fueron trasladados de otros lugares a esta región, para ser presentados como muertos en combate”, dijo el excomandante Rubén Darío Castro.

Castro fue comandante de la Brigada Móvil 15 entre 2007 y 2008, y confirmó la versión de Herrera. Dentro de la Brigada existía una estructura criminal.

Yo no verifiqué. Lo único que me importaba a mí era que la documentación, así fuera mentirosa, estuviera. Yo cerré los ojos y me convencí de que lo que estaba pasando era verdadero y así me mantuve”, declaró el mayor (r) Juan Carlos Chaparro. El militar fue comandante del Batallón de Infantería No. 15 entre noviembre 2006 y diciembre 2008.

Durante su período de comandancia, Chaparro cambió documentos de las víctimas para hacerlos pasar como guerrilleros, aunque en realidad eran campesinos.

¿De dónde salían las armas?

EL capitán (r) del Ejército Daladier Rivera Jácome aseguró que varias de las armas que se les ponían a las víctimas para hacerlas ver como guerrilleros se obtuvieron de una caleta que él mismo encontró. Estas armas “se enviaban a los comandantes para que se desarrollaran las operaciones falsas y los falsos positivos”.

Ayer la sala de la JEP estableció que los 120 asesinatos y las desapariciones forzadas que fueron identificadas en el Catatumbo respondieron a un mismo patrón macro criminal.

Diez militares colombianos imputados por la JEP por Falsos Positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general (r) del Paulino Coronado, a otros nueve militares,  y a un civil por 120 casos de Falsos Positivos y 24 desapariciones forzadas. Según la entidad, los implicados fueron partícipes en el “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.

Esta es la primera gran imputación de cargos contra altos cargos militares que hace la JEP. La Sala de Reconocimiento les inculpó el cargo de crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada.

Paulino Coronado Gámez se convirtió en el más alto oficial de Ejército en ser imputado por la JEP

“Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, aseguró la magistrada Catalina Díaz.

Estos son los imputados:

  1. El brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30
  2. El coronel Santiago Herrera Fajardo, quien fue comandante de la Brigada Móvil 15 (BRIM15)
  3. El coronel Rubén Darío Castro Gómez también fue comandante de la Brigada Móvil 15 (BRIM15)
  4. El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, fue comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña
  5. El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado es exoficial de operaciones de la BRIM15
  6. El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, es excomandante del BISAN.
  7. El capitán Daladier Rivera Jácome, parte de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):
  8. El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, integrante de inteligencia de CIOCA
  9. El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN
  10. El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, es excomandante de escuadra en la BRIM15
  11. El civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares

El macrocaso de Falsos Positivos

La JEP posee cuantiosas pruebas contra los imputados que prueban su participación en los casos de Falsos Positivos.

El 95% de los militares acogidos a la JEP están con beneficios de libertad

Entre las pruebas se encuentran 8 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos; 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales); las inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la penal militarlas solicitudes de acreditación, y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a dichas versiones; la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales (programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales) obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.

Con más de 6.000 casos de Falsos Positivos, la JEP busca el reconocimiento de los militares en el escándalo

Cabe resaltar que, estas pruebas ya habían sido recolectadas y usadas por la justicia ordinaria, pero en esta nueva imputación de cargos se evidencia que “logramos demostrar muy en detalle cómo estos 120 casos no son aislados, no son inconexos, espontáneos y no se tratan de decisiones aisladas de los perpetradores. Por el contrario, tenían un mismo fin: responder a la presión institucional”, dijo la magistrada Díaz.

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