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Indígenas rescatan a dos de los seis menores secuestrados en el Cauca

Seis menores fueron secuestrados por un grupo de hombres armados en Caloto, Cauca, y con un plan de búsqueda de la Guardia Indígena se rescataron a dos de los menores. Según la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN), los sujetos armados se llevaron por la fuerza a dos y luego otros cuatro niños en la vereda El Credo.

Horas después del secuestro, la guardia inició una búsqueda que resultó en el rescate de dos de los niños, quienes se encontraban en el municipio caucano El Tambo. Un hombre, presuntamente relacionado con los hechos, fue detenido en la escena.

“Nosotros tenemos la preocupación porque no conocemos cuál es la situación de otros menores que han sido reclutados en ese territorio del norte del Cauca. La Defensoría del Pueblo, también informó sobre el reclutamiento de seis menores en las entre el 8 y 9 de marzo”, afirmó Eduin Mauricio Capaz, consejero del Concejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).

La zona es disputada por varios grupos armados, en los que destacan las disidencias de las Farc, quienes han reclutado menores de la región en distintas ocasiones. En 2021, al menos 272 menores indígenas fueron reclutados en Cauca.

Las mujeres y sus derechos en Colombia

Hoy es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y hoy recordamos que en Colombia 2,7 mujeres han sido asesinadas cada día en los últimos años. Según Medicina Legal, entre enero y octubre de este año, 98.545 mujeres en el país fueron víctimas de algún tipo de violencia.

La Defensoría del Pueblo reveló en el «Boletín de Violencias Basadas en Género» que se han confirmado 64 casos de feminicidios en lo corrido del año. También hay 76 casos con tentativa de ese mismo delito.

La mayoría de feminicidios ocurrieron en Córdoba (12 casos); Santander (6); Caquetá (6) ; Cauca (4), y en tentativa de feminicidio Norte de Santander (24), Chocó (8), Cundinamarca (6), Cauca (5) y Santander (4).

Las cifras se han vuelto escalofriantes, pues de acuerdo con la entidad,  97.354 mujeres fueron valoradas por lesiones o agresiones; 16.402 por violencia interpersonal; 15.644 por presunto delito sexual; 8.534 por violencia intrafamiliar; 23.679 por violencia de pareja; y se presentaron 394 casos de suicidio.

Un informe del Sistema Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) reveló que de 600 mujeres atendidas por casos de violencia, el 86,6% fueron agredidas por su pareja sentimental, expareja, algún conocido o familiar.

Sin embargo, no son solo las mujeres víctimas de violencia, pues, en promedio, cada 24 horas, 51.5 niñas y adolescentes son víctimas de violencia sexual. El 78% de estos casos ocurren dentro del hogar.

Esto nos recuerda que el panorama en América Latina no mejora, pues el año pasado más de 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio. Honduras, República Dominicana y El Salvador, son los países que más reportes tiene de feminicidios.

¿Qué hacer si soy víctima de violencia?

Si una mujer es víctima de violencia, o si siente que está en riesgo de serlo, puede comunicarse a la «Línea Púrpura» de manera gratuita y las 24 horas:

  • Marca 155 desde cualquier celular
  • Línea Púrpura de Bogotá 01 8000 112 137
  • Línea Púrpura Bogotá vía WhatsApp 300 755 1846
  • Marca a Emergencias con el 123 

25 de noviembre: una fecha para hacer memoria

El 25 de noviembre de 1960, tres hermanas y activistas en República Dominicana, Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, fueron brutalmente asesinadas. La orden fue dada por el entonces dictador Rafael Leónidas Trujillo.

Los cuerpos de las mujeres se hallaron en un carro, al final de un barranco. El dictador había planeado que pareciera un accidente. Pero los signos de violencia y las previas amenazas del dictador evidenciaron que había sido asesinadas.

¿Qué motivó a Trujillo mandarlas matar? La hermana Mirabal luchaban por eliminar las injusticias, la violencia y los maltratos que sufrían las mujeres en esa época. También buscaban acabar con el régimen de Trujillo, que en 30 años, dejó más de 50.000 muertos.

Desde que se conoció la noticia, cada año miles de personas salen a las calles, abogando por los derechos de todas las mujeres y, sobre todo, por la NO violencia contra las niñas ni mujeres.

En 2020, casi 500.000 colombianos comenzaron a vivir en la pobreza multidimensional

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la pobreza multidimensional aumentó el año pasado: pasando de 17,5 %, en 2019 a 18,1 % en 2020. Esto quiere decir que en Colombia 489.000 personas comenzaron a vivir en condiciones de pobreza multidimensional, y desde hace un año más de 9 millones de colombianos viven en la pobreza multidimensional.

Sin embargo, lo que es aún más preocupante es que la medición del DANE calcula el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM). Este índice mide la pobreza monetaria, las condiciones de vida, el acceso a la salud, y la calidad de educación, lo que quiere decir que la IPM es más complejo.

Cuatro de cada diez colombiano viven en condiciones de pobreza

En el caso de Colombia, la medición del IPM comprende 15 variables, que se reparten en cinco dimensiones: educación, salud, trabajo, bienestar de la niñez y condiciones físicas de la vivienda.

Los resultados del DANE

La pobreza es tres veces mayor en las zonas rurales que en las urbanas. Mientras que en los centros poblados o cabeceras municipales la tasa fue de 12,5 %, en el rural disperso fue de 37,1 %.

A su vez, las regiones con tasas más altas fue la Pacífica (30,9%) y el Caribe (28,7%). Los departamentos más afectados son Chocó, Cauca, Nariño, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Por más de diez años, el Chocó ha sido de los departamentos más pobres del país

Le sigue la región Central (17,9 %), siendo Bogotá la ciudad con menor incidencia del indicador, del 7,5 %. Luego le siguen la región Oriental (14,5 %) y la región de Antioquia (14,9 %).

Colombia: Más de 30 indígenas asesinados en 6 meses

De acuerdo con Edwin Guerrero, coordinador del programa de defensa de la vida y derechos humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), 34 indígenas han sido asesinados a lo largo del 2021.  Las víctimas más comunes son líderes de sus comunidades.

Guerrero afirma que se han registrado 22 ataques a la población civil, 2 feminicidios, 32 amenazas individuales «y unas amenazas colectivamente a las organizaciones para un total de 43; tenemos 16 atentados, 8 masacres y tenemos 23 hostigamientos dentro de los territorios indígenas».

También asegura que han habido 11 combates con la fuerza pública y también con grupos ilegales.

Según el líder, en el 2020 se registraron 106 asesinatos, mientras que en el 2019 fueron 108, y en 2018 fueron 29. Esto quiere decir que «si revisamos esa estadística viene creciendo enormemente el fenómeno de asesinatos».

Argenis Yatacué, lideresa indígena asesinada en Cauca por disidencias de las Farc.

El último homicidio ocurrió en Corinto, Cauca, al sur occidente del país. La profesora Argenis Yatacué en el municipio de Corinto (Cauca). Yatacué era una lideresa indígena del resguardo Páez, en Corinto.

Disidencias de las Farc asesinaron a la profesora en la madrugada del miércoles en su casa. En el hecho también asesinaron a su esposo, Marcelino Yatacué Ipia.

Frente a esto, la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) exigió “que cese la violencia contra los pueblos y territorios indígenas”.

En menos de 8 días, 5 indígenas han sido asesinados por grupos armados.

Más de 200 masacres desde la firma del Acuerdo de Paz en Colombia

De acuerdo con distintas fuentes, como la Justicia Especial para la Paz (JEP), o la Fundación Ideas para la Paz (Ideaspaz), el país latinoamericano ha sufrido 208  masacres en todo su territorio. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), entre 2020 y lo que lleva de 2021, han sido asesinadas 539 personas, entre ellas niñas, niños, mujeres y ancianos

El Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin a cinco décadas de conflicto que dejaron a más de 7 millones de víctimas. El proceso de paz le valió a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia (2010-2018), el Premio Nobel de la Paz.

Pero la firma del acuerdo no acabó con la violencia interna del país. Grupos paramilitares, carteles de tráfico y bandas criminales han perpetuado decenas de masacres desde la firma del Acuerdo.

De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la cantidad de masacres por años es 2017 (11), 2018 (29), 2019 (36), 2020 (91), 2021 (41). La mayoría de las masacres se efectuaron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander.

Desde la década de los 60’s Colombia ha sufrido más de 4.000 masacres

Juan Carlos Garzón, director temático de la Fundación Ideas para la Paz (Ideaspaz), asegura que se deben tener en cuenta algunos puntos para comprender la violencia.

  1. El conflicto con las FARC terminó, pero las acciones de los grupos armados han continuado.
  2. Los combates protagonizados por la Fuerza Pública y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales se han incrementado.
  3. Tras la firma del Acuerdo los homicidios en los municipios PDET (priorizados por el conflicto) se dispararon, aunque se encuentran aún por debajo de lo registrado en 2012.
  4. El incremento del homicidio se ha dado en el 44% de los municipios PDET, que hoy tienen más muertes violentas que antes del proceso con las FARC.
  5. Las masacres se han incrementado de manera notable en la etapa post-Acuerdo, acercándose a lo registrado antes de 2013.
  6. Los homicidios de líderes sociales se mantienes altos y no ceden, a pesar de los anuncios y las medias.
  7. Se han registrado 233 homicidios de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz.

La última masacre, hace tan solo 4 días, fue en Algeciras, Huila. En la vereda Quebradón Sur se encontraron los cuerpos de ocho hombres y una mujer quienes habrían sido asesinados en horas de la mañana.

Masacre Algeciras, 31 de mayo de 2021

Esta es la tercera masacre, en menos de un año, que se hace en terrenos propiedad de Álvaro Barrera, padre de un exguerrillero de las Farc.

Indepaz asegura que en el lugar donde ocurrió la masacre tienen presencia varios grupos armados ilegales. La Unidad Oscar Mondragon del Grupo Armado Organizado Residual de la Segunda Marquetalia; y el bloque de la unidad Manuel Marulanda Vélez, del Bloque Sur-oriental comandados por Gentil Duarte, están presentes en el territorio.

Desde hace tres años, la Defensoría del Pueblo ha lanzado dos alertas tempranas para evitar la masacre. La 063 del 2018 y la 043 del 2020, en la que precisamente advertían el riesgo para los pobladores, y especialmente para los miembros de la antigua guerrilla que llevaban su proceso de reincorporación en la región, por la presencia de estos actores armados.

La militarización de Cali y otras ciudades en Colombia

Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.

Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.

Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.

Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.

El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.

El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.

El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.

“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.

Por su lado, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.

De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.

“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.

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