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Crímenes de guerra en Ucrania

El bombardeo de un hospital infantil y un centro de maternidad el miércoles, los ataques militares indiscriminados en Kiev, Járkiv, Jersón y Mariúpol son algunos de los crímenes que ha cometido Rusia en territorio ucraniano. El presidente, Volodymyr Zelensky, la Corte Penal Internacional (CPI) y diferentes organizaciones lo han catalogado como «crimen de guerra«.

Son 39 las naciones que le han pedido a la CPI que investigue lo que está pasando en Ucrania, y esta semana del fiscal jefe de la institución, Karim Khan, anunció que están recopilando pruebas. Crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio son algunas de las imputaciones.

Rusia ha negado todas las acusaciones 

¿Crímenes de guerra rusos?

El miércoles, el ejército ruso bombardeó una clínica de maternidad y un hospital infantil en Mariúpol. «¿Qué tipo de país es este, la Federación Rusa, que tiene miedo de los hospitales y las maternidades y los destruye?», preguntó el presidente Zelensky.

Durante las últimas dos semanas, Rusia ha bombardeado las ciudades más grandes del país, y es acusada de utilizar bombas de racimo.  Organizaciones de derechos humanos y el embajador de Ucrania ante la ONU acusaron a Rusia de usar bombas de vacío en un ataque contra Ojtirka.

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El Kremlin ha negado todas las acusaciones.

Los crímenes de guerra

Desde las primeras guerras mundiales, Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, han entrado en vigencia para los conflicto bélicos. Allí se estipula los mínimos que se deben garantizar a civiles en las zonas de conflicto, combatientes y prisioneros de guerra.

Estos son algunos crímenes de guerra:

  • Homicidio intencional.
  • Tortura o tratos inhumanos.
  • Experimentos biológicos.
  • Causar deliberadamente grandes sufrimientos o atentar gravemente contra la integridad física o la salud.
  • La destrucción y la apropiación de bienes, no justificadas por necesidades militares y efectuadas a gran escala, ilícita y arbitrariamente.
  • Forzar a un prisionero de guerra o a otra persona protegida a servir en las fuerzas de una potencia enemiga.
  • Privar deliberadamente a un prisionero de guerra o a otra persona protegida de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente.
  • La deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal.
  • La toma de rehenes.
  • Dirigir intencionalmente ataques contra la población civil o contra civiles que no participen directamente en las hostilidades.
  • Lanzar intencionalmente un ataque a sabiendas de que causará incidentalmente la muerte o lesiones a civiles.
  • Atacar o bombardear, por cualquier medio, pueblos, aldeas, viviendas o edificios indefensos.

Presidente chileno declara por presuntos crímenes de lesa humanidad en protestas

Sebastián Piñera, presidente de Chile, dio declaraciones ante la Fiscalía por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019. El órgano persecutor busca esclarecer si se configuró un «ataque generalizado o sistemático contra una población civil» que «responda a una política de Estado o sus agentes».

Los estadillos de las protestas en Chile llevaron al país a la crisis social más grave en 3 décadas. Con 34 muertos, casi 3.500 hospitalizados, y más de 8.800 arrestados, el estallido social en el país se extendió hasta el 18 de marzo de 2020.

La escalada de violencia llevó a que el gobierno evaluara la posibilidad de restablecer el estado de emergencia e, incluso, el estado de sitio.

De acuerdo con el Gobierno, Piñera «concurrió ante la fiscal regional, Claudia Perivancich, para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019″.

Investigación dentro del Estado

En el mismo caso, ya se ha tomado declaración a otros exmiembros del Gobierno que figuran en las denuncias criminales presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos a la Fiscalía.

Un resultado del Estallido Social fue el Plebiscito nacional de Chile de 2020.

Por ejemplo, Andrés Chadwick -primo del primer mandatario-, exministro del Interior; Gonzalo Blumel, exministro de Seguridad Pública; o el gobernador de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

A la fecha, se han abierto más de 4.600 causas contra agentes de la policía chilena y militares. Desde el comienzo de las manifestaciones, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaban los excesos y abusos policiales en Chile.

 

Diez militares colombianos imputados por la JEP por Falsos Positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general (r) del Paulino Coronado, a otros nueve militares,  y a un civil por 120 casos de Falsos Positivos y 24 desapariciones forzadas. Según la entidad, los implicados fueron partícipes en el “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.

Esta es la primera gran imputación de cargos contra altos cargos militares que hace la JEP. La Sala de Reconocimiento les inculpó el cargo de crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada.

Paulino Coronado Gámez se convirtió en el más alto oficial de Ejército en ser imputado por la JEP

“Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, aseguró la magistrada Catalina Díaz.

Estos son los imputados:

  1. El brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30
  2. El coronel Santiago Herrera Fajardo, quien fue comandante de la Brigada Móvil 15 (BRIM15)
  3. El coronel Rubén Darío Castro Gómez también fue comandante de la Brigada Móvil 15 (BRIM15)
  4. El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, fue comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña
  5. El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado es exoficial de operaciones de la BRIM15
  6. El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, es excomandante del BISAN.
  7. El capitán Daladier Rivera Jácome, parte de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):
  8. El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, integrante de inteligencia de CIOCA
  9. El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN
  10. El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, es excomandante de escuadra en la BRIM15
  11. El civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares

El macrocaso de Falsos Positivos

La JEP posee cuantiosas pruebas contra los imputados que prueban su participación en los casos de Falsos Positivos.

El 95% de los militares acogidos a la JEP están con beneficios de libertad

Entre las pruebas se encuentran 8 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos; 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales); las inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la penal militarlas solicitudes de acreditación, y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a dichas versiones; la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales (programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales) obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.

Con más de 6.000 casos de Falsos Positivos, la JEP busca el reconocimiento de los militares en el escándalo

Cabe resaltar que, estas pruebas ya habían sido recolectadas y usadas por la justicia ordinaria, pero en esta nueva imputación de cargos se evidencia que “logramos demostrar muy en detalle cómo estos 120 casos no son aislados, no son inconexos, espontáneos y no se tratan de decisiones aisladas de los perpetradores. Por el contrario, tenían un mismo fin: responder a la presión institucional”, dijo la magistrada Díaz.

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