Human Rights Watch (HRW) se manifestó sobre el operativo militar en que fueron asesinadasonce personas en un presunto caso de Falsos Positivos. «¿Cuáles son las evidencias que tiene el Ministerio de Defensa para informar que las personas neutralizadas eran ‘narcococaleros’?», fue una de las preguntas que envió la organización al gobierno colombiano.
De acuerdo con un documento filtrado de la directora en funciones de la División de las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, se enviaron 19 preguntas al ministro de Defensa, Diego Molano sobre el operativo. ¿Eran civiles o criminales?, es la duda central que tiene HRW.
“¿Qué unidad participó en la mencionada operación? ¿Cuántos hombres en pie de fuerza terrestre participaron en la operación? ¿Se contó con apoyo militar, naval y/o de personal en helicóptero? Narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la operación militar. Precise el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al cual pertenecían y su identificación (nombres, apellidos, edades y números de cédula de ciudadanía)”, son algunas de las inquisiciones de HRW.
A pesar de los testimonios de testigos y señalamientos de distintas organizaciones, el Gobierno se mantiene firme en que eran “delincuentes”, “narcocaleros”.
En el presunto caso de Falsos Positivos hay muchas preguntas por responder, pues los muertos son civiles y entre ellos hay por lo menos un menor de edad.
Agridulce fue la reunión entre el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco De Roux, los comisionados Lucía González y Leyner Palacios, y el expresidente colombiano, Álvaro Uribe. En el encuentro se pretendía tener una versión del mandatario sobre los Falsos Positivos, pero terminó siendo una entrevista informal tan controlada por Uribe que se realizó en su propia finca.
El lunes 16 de agosto, desde las 10:30 a.m. y hasta horas de la tarde, se desarrolló la histórica reunión entre el que fue presidente de Colombia de 2002-2010, senador, gobernador, alcalde , y uno de los hombres más poderosos e influyentes del país, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales de más de 6.000 personas durante su mandato.
En 2018, el Tribunal Superior de Antioquia abrió investigación contra Uribe por sus posibles nexos con el paramilitarismo
Las palabras de Uribe se convirtieron en sorpresa para muchas víctimas. “No falta el que diga que como yo exigía muchos resultados, por eso asesinaron a inocentes… ¡Por favor! Es mi deber, es parte de mi temperamento, de mi formación, exigir resultados con transparencia, con observancia de los derechos humanos. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia. Es del incapaz criminal que, para demostrar resultados, produce crímenes”, aseguró.
El político de derecha se mantuvo sobre la tesis que maneja su partido: el fenómeno de los Falsos Positivos no fue una política de estado. Incluso, afirmó que solo se tomaron acciones contra los militares involucrados en esos asesinatos, y que su gobierno “actuó de inmediato” para detener las ejecuciones extrajudiciales.
La reunión: ¿Un error o un fracaso?
La reunión inició con complicaciones. En el compromiso pactado se estipuló que la reunión se haría en privado y en la finca del también exsenador, pero Uribe equipo de prensa reiteraron que la conversación sería pública a través de una transmisión en directo en el canal de YouTube del expresidente.
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Al comenzar, Uribe aseveró que no reconocía la legitimidad de la Comisión de la Verdad como institución estatal, una postura que ha recalcado desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016. También desconoció a los otros dos comisionados, Lucía González y Leyner Palacios, a lo largo de buena parte del diálogo.
Cabe resaltar que, el exmandatario sí reconoció dos errores cometidos en su carrera política que agrandaron la guerra. Aceptó su equivocación al asegurar siendo gobernador de Antioquia que las Convivir, grupo paramilitar creado en los 90’s por el presidente colombiano César Gaviria, debían tener armas largas.
“Fue por el desespero de ver tanta violencia y de que había que apoyar a la Fuerza Pública. Pero ese error se quedó en el discurso, pues nunca se les concedieron las armas”, aseguró. Aunque recalcó que él no fue autor de las Convivir, pues estas fueron creadas mediante el Decreto Ley 356 de 1994 desde el gobierno colombiano.
Uribe ha tenido distintos nexos con líderes paramilitares, el más conocido con ‘Don Berna‘
Uribe también reconoció como error su famosa frase “no estarían recogiendo café”, cuando se refería a los jóvenes desaparecidos de Soacha. El hecho ocurrió en 2008, después de decenas de reclamos de madres que buscaban a sus hijos quienes, tiempo después sería de conocimiento público, fueron secuestrados, torturados y asesinados por militares colombianos en Norte de Santander.
El sinsabor para las víctimas
La cara del conflicto. Fotografía: Jesús Abad
El conflicto armado colombiano, que está próximo a cumplir 60 años, ha cobrado la vida de más de 260.000 personas, y al rededor de 8 millones de víctimas. Además, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto, la guerra nos ha dejado 80.514 desaparecidos (70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores reclutados.
El conflicto también nos ha costado más de 179.000 millones de dólares, pero para muchos expertos y víctimas, el costo más alto ha sido el atraso social, político e institucional; las decenas de miles de minas antipersonales; el narcotráfico; la pobreza y la desintegración social.
Lo que supone que la tajante respuesta del mandatario, con una política y dialéctica negacionista de la guerra, es una cachetada para todas las víctimas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general (r) del Paulino Coronado, a otros nueve militares, y a un civil por 120 casos de Falsos Positivos y 24 desapariciones forzadas. Según la entidad, los implicados fueron partícipes en el “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.
Esta es la primera gran imputación de cargos contra altos cargos militares que hace la JEP. La Sala de Reconocimiento les inculpó el cargo de crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesahumanidad de asesinato, y desaparición forzada.
Paulino Coronado Gámez se convirtió en el más alto oficial de Ejército en ser imputado por la JEP
“Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, aseguró la magistrada Catalina Díaz.
Estos son los imputados:
El brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30
El coronel Santiago Herrera Fajardo, quien fue comandante de la Brigada Móvil 15 (BRIM15)
El coronel Rubén Darío Castro Gómez también fue comandante de la Brigada Móvil 15 (BRIM15)
El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, fue comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña
El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado es exoficial de operaciones de la BRIM15
El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, es excomandante del BISAN.
El capitán Daladier Rivera Jácome, parte de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):
El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, integrante de inteligencia de CIOCA
El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN
El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, es excomandante de escuadra en la BRIM15
El civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares
El macrocaso de Falsos Positivos
La JEP posee cuantiosas pruebas contra los imputados que prueban su participación en los casos de Falsos Positivos.
El 95% de los militares acogidos a la JEP están con beneficios de libertad
Entre las pruebas se encuentran 8 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos; 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales); las inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la penal militarlas solicitudes de acreditación, y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a dichas versiones; la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales (programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales) obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.
Con más de 6.000 casos de Falsos Positivos, la JEP busca el reconocimiento de los militares en el escándalo
Cabe resaltar que, estas pruebas ya habían sido recolectadas y usadas por la justicia ordinaria, pero en esta nueva imputación de cargos se evidencia que “logramos demostrar muy en detalle cómo estos 120 casos no son aislados, no son inconexos, espontáneos y no se tratan de decisiones aisladas de los perpetradores. Por el contrario, tenían un mismo fin: responder a la presión institucional”, dijo la magistrada Díaz.
