Hoy, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció la retirada de las extintas Farc de su lista negra de grupos terroristas. “Ya no existe como organización unificada”, esa fue la razón que dio el gobierno norteamericano, tras quitar al grupo, que estuvo más de 20 años en la lista.
El secretario de Estado, Antony Blinken, aseguró en un comunicado que «Tras el Acuerdo de Paz con el gobierno de Colombia, las Farc se disolvieron y desarmaron formalmente. Ya no existen como una organización unificada que esté involucrada en terrorismo, en actividades terroristas, o tenga la capacidad o intención de hacerlo”.
Blinken enfatizó que EE. UU. busca “apoyar mejor la implementación de los acuerdos de 2016, incluido en el trabajo con combatientes desmovilizados”.
Sin embargo, la institución aclaró que la decisión no elimina cargos en EE. UU. por narcotráfico u otros crímenes para exmilitantes de las Farc.
También señaló que se incluyó a la lista de organizaciones terrorista a la Segunda Marquetalia y a los líderes de esos grupos: Luciano Marín Arango, Hernán Dario Velásquez Saldarriaga, Henry Castellanos Garzón, Nestor Gregorio Vera Fernández, Miguel Santanilla Botache, y Euclides España Caicedo.
Agridulce fue la reunión entre el presidente de la Comisión de la Verdad, padre Francisco De Roux, los comisionados Lucía González y Leyner Palacios, y el expresidente colombiano, Álvaro Uribe. En el encuentro se pretendía tener una versión del mandatario sobre los Falsos Positivos, pero terminó siendo una entrevista informal tan controlada por Uribe que se realizó en su propia finca.
El lunes 16 de agosto, desde las 10:30 a.m. y hasta horas de la tarde, se desarrolló la histórica reunión entre el que fue presidente de Colombia de 2002-2010, senador, gobernador, alcalde , y uno de los hombres más poderosos e influyentes del país, y la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad sobre las ejecuciones extrajudiciales de más de 6.000 personas durante su mandato.
En 2018, el Tribunal Superior de Antioquia abrió investigación contra Uribe por sus posibles nexos con el paramilitarismo
Las palabras de Uribe se convirtieron en sorpresa para muchas víctimas. “No falta el que diga que como yo exigía muchos resultados, por eso asesinaron a inocentes… ¡Por favor! Es mi deber, es parte de mi temperamento, de mi formación, exigir resultados con transparencia, con observancia de los derechos humanos. La culpa nunca es de quien exige resultados con transparencia. Es del incapaz criminal que, para demostrar resultados, produce crímenes”, aseguró.
El político de derecha se mantuvo sobre la tesis que maneja su partido: el fenómeno de los Falsos Positivos no fue una política de estado. Incluso, afirmó que solo se tomaron acciones contra los militares involucrados en esos asesinatos, y que su gobierno “actuó de inmediato” para detener las ejecuciones extrajudiciales.
La reunión: ¿Un error o un fracaso?
La reunión inició con complicaciones. En el compromiso pactado se estipuló que la reunión se haría en privado y en la finca del también exsenador, pero Uribe equipo de prensa reiteraron que la conversación sería pública a través de una transmisión en directo en el canal de YouTube del expresidente.
Uribe tiene más de 28 procesos judiciales en su contra en la Corte Suprema de Justicia
Al comenzar, Uribe aseveró que no reconocía la legitimidad de la Comisión de la Verdad como institución estatal, una postura que ha recalcado desde la firma del Acuerdo de Paz con las Farc en 2016. También desconoció a los otros dos comisionados, Lucía González y Leyner Palacios, a lo largo de buena parte del diálogo.
Cabe resaltar que, el exmandatario sí reconoció dos errores cometidos en su carrera política que agrandaron la guerra. Aceptó su equivocación al asegurar siendo gobernador de Antioquia que las Convivir, grupo paramilitar creado en los 90’s por el presidente colombiano César Gaviria, debían tener armas largas.
“Fue por el desespero de ver tanta violencia y de que había que apoyar a la Fuerza Pública. Pero ese error se quedó en el discurso, pues nunca se les concedieron las armas”, aseguró. Aunque recalcó que él no fue autor de las Convivir, pues estas fueron creadas mediante el Decreto Ley 356 de 1994 desde el gobierno colombiano.
Uribe ha tenido distintos nexos con líderes paramilitares, el más conocido con ‘Don Berna‘
Uribe también reconoció como error su famosa frase “no estarían recogiendo café”, cuando se refería a los jóvenes desaparecidos de Soacha. El hecho ocurrió en 2008, después de decenas de reclamos de madres que buscaban a sus hijos quienes, tiempo después sería de conocimiento público, fueron secuestrados, torturados y asesinados por militares colombianos en Norte de Santander.
El sinsabor para las víctimas
La cara del conflicto. Fotografía: Jesús Abad
El conflicto armado colombiano, que está próximo a cumplir 60 años, ha cobrado la vida de más de 260.000 personas, y al rededor de 8 millones de víctimas. Además, de acuerdo con el Observatorio de Memoria y Conflicto, la guerra nos ha dejado 80.514 desaparecidos (70.587 aún siguen desaparecidos), 37.094 víctimas de secuestro, 15.687 víctimas de violencia sexual y 17.804 menores reclutados.
El conflicto también nos ha costado más de 179.000 millones de dólares, pero para muchos expertos y víctimas, el costo más alto ha sido el atraso social, político e institucional; las decenas de miles de minas antipersonales; el narcotráfico; la pobreza y la desintegración social.
Lo que supone que la tajante respuesta del mandatario, con una política y dialéctica negacionista de la guerra, es una cachetada para todas las víctimas.
Desde hace más de una semana, más de 4.000 campesinos del municipio antioqueño se vieron obligados a desplazarse por los grupos ilegales que están en la zona. Ituango ha sido uno de los más golpeados por el desplazamiento forzoso desde la década de los 90, pero este nuevo éxodo afectó a por lo menos 28 veredas del municipio.
Todo comenzó el 21 de julio, cuando un habitante del pueblo recibió una llamada anónima en la que le exigían que abandonara el territorio. El miedo se apoderó de los pobladores, y más de 1.687 familias abandonaron sus hogares.
Los desplazados de Ituango os desplazados han sido ubicados en albergues temporales
El gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez, indicó que una situación similar se vive en el municipio de Peque, al que han llegado 126 personas desplazadas de Ituango, pero que también tiene alertas de desplazamiento en tres veredas.
“No hubo tiempo de sacar nada. En el municipio se contrataron dos chivas (autobuses) y alcanzamos a salir en ellas. Vivo con mi mamá, pero ella tiene dificultades de movilidad, por lo que se quedó en la finca con mi hermano. Quieren salir, ¿pero para dónde me la llevo? Han estado con mucho miedo, no duermen. Temen salir a cortar un pedazo de plátano para los marranos, porque creen que se van a encontrar con alguien. Ya se acabó el cuidado de los animales, están aguantando hambre”, aseguró Juan, desplazado de Ituango.
Una zona de guerra
Ituango es un municipio con una geografía estratégica para el narcotráfico y la minería ilegal. Con cercanía a Córdoba, acceso al Bajo Cauca, al Urabá, con conexión entre el Pacífico y el Atlántico, y la posibilidad de conectarse con el centro del país, ha sido un territorio muy disputado por el crimen organizado.
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En el sector hay presencia de disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
De acuerdo con el comandante de la Séptima División del Ejército, general Juvenal Díaz, “El bandido es alias Camilo, cuyo nombre es Román Antonio García Zapata. Es él quien llama a las personas para intimidarlas, generando un acto de terrorismo psicológico para generar estos desplazamientos. Él le cumple órdenes a alias Ramiro, cabecilla del frente 18 de las disidencias de las Farc”.
Sin embargo, algunas veredas desde donde se produjeron los desplazamiento son controladas por paramilitares.
La población y autoridades se preocupan que haya un contagio masivo de COVID-19 por el desplazamiento masivo
Ya hay una recompensa de hasta $100 millones de pesos (28 mil USD) por la captura de alias Ramiro; otra de hasta $50 millones (14 mil USD) por información sobre alias Camilo y Machín; y una de hasta 50 millones por alias Richard, del Clan del Golfo.
Diego Molano, ministro de Defensa, señaló que el Ejército dispuso 250 hombres adicionales para hacer presencia en las veredas y garantizar que los campesinos puedan volver a sus territorios.
El 27 de mayo, dos reclamantes de tierra, una funcionaria de la Unidad de Restitución y un conductor de la unidad desaparecieron en Meta, al centro del país. Los cuerpos de Karen Sulay Garay, contratista de la Unidad de Restitución de Tierras (URT); Sandra Milena Cortés Uribe y Yadmil Cortés Uribe, reclamantes de tierras; y Jhon Steven Cogua, conductor de la camioneta de la empresa Servitransportes Andina, fueron encontrados en la mañana del martes.
De acuerdo con el Instituto de Medicina Legal de Villavicencio, las cuerpos de las víctimas fueron encontrados entre Uribe y Mesetas, Meta, con avanzado estado de descomposición.
A pesar de que no se ha dado una confirmación oficial por parte de las autoridades, la Defensoría del Pueblo aseguró a periódico El Espectador que no se tiene registro de otras personas desaparecidas en esa zona.
La comisión desaparecida
De izq. a der.: Sandra Milena y Yadmil Cortés Uribe, Jhon Steven Cogua y Karen Sulay Garay
Según el relato de los familiares, el pasado 27 de mayo las víctimas partieron hacia la vereda San Isidro, de Mesetas, a un predio sobre el que se adelanta un proceso de restitución de tierras. Las hermanas Yadmil y Sandra Milena Cortés Uribe son reclamantes de tierra y estaban en un proceso de restitución de la finca La Ilusión.
La Ilusión es una finca de la familia Cortés Uribe pero, por presiones de las Farc, tuvieron que abandonarla en 1999.
Casi 18 años después, en 2017, decidieron iniciar el proceso de restitución de su finca despojada. Desde ese entonces, Sandra, quien era la mayor, fue amenazada por reclamar el predio y contaba con las medidas básicas de la Unidad Nacional de Protección.
El proceso avanzó y las hermanas pidieron ver el predio, por el valor simbólico que tiene.
El día de la desaparición, después de partir desde el casco urbano de Mesetas para la vereda, se reportaron a la altura de Puerto Nariño, a unos 300 metros del cruce que conduce hacia la inspección de La Julia, entre Uribe y Mesetas.
Este documento dio paso al proceso de restitución de tierras de la familia Cortés Uribe
Desde entonces, no se volvió a saber nada de las reclamantes, la funcionaria y el conductor.
En la zona de la desaparición hay una fuerte presencia el frente 40 de las disidencias de las Farc, liderado por alias ‘Calarcá‘, un subalterno de Gentil Duarte. Además, este territorio está siendo disputado con otros disidentes de las Farc pertenecientes a la «Segunda Marquetalia«.
Después de cinco días de ser aprobada la extradición a Estados Unidos del exjefe de las Farc, Jesús Santrich, el Ministerio de Defensa de Colombia anunció que murió en Venezuela. Aún se desconocen las circunstancias de su muerte, pero se presume que fue por enfrentamientos con otros grupos armados.
Diego Molano, ministro de Defensa publicó en su Twitter que “Información de inteligencia señala que en presuntos enfrentamientos ocurridos ayer en Venezuela habría muerto alias “Santrich” y otros delincuentes. Información en verificación. De confirmarse este hecho, se comprueba que en Venezuela se refugian narcocriminales”.
Jesús Santrich fue prófugo de la justicia colombiana desde hace más de un año, luego de que declaró su rearme con la denominada ‘Segunda Marquetalia’ en compañía de Iván Márquez, ‘Romaña’ y ‘El Paisa’. Antes de eso, Santrich fue uno de los líderes del proceso de paz, e incluso fue senador de la República hasta 2018.
Su escándalo político comenzó en abril del 2018, después que el gobierno de Estados Unidos lo pidiera en extradición. De acuerdo con la DEA y con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, Santrich había enviado cocaína a Estados Unidos después de la firma del Acuerdo de Paz.
Después de la imputación de cargos, Santrich huyó a Venezuela.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Colombia había emitido órdenes de captura, así como una recompensar por más de 10 millones de dólares ofrecida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
La última vez que fue visto fue en mayo de este año, en el municipio de Elorza en el Estado de Apure.
