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Más de 50 políticos colombianos en la lista de alias ‘Otoniel’

Con las últimas declaraciones del máximo líder del ‘Clan del Golfo’, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió el testimonio de alias ‘Otoniel’ para ser investigado por la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia. Un total de 64 nombres de políticos, universidades, empresas petroleras y miembros de la fuerza pública salieron a la luz.

Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, ha declarado varias veces sobre las conexiones que tuvo con diferentes figuras públicas. Hoy se conoce que el candidato presidencial Luis Pérez Gutiérrez es uno de ellos.

Lista completa

  • 1. Luis Pérez Guitérrez, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia.
  • 2. Miguel Ángel Pinto, senador de la República.
  • 3. Milton Rodríguez Sarmiento, exsenador de la República.
  • 4. Carlos Cárdenas Ortiz, exsenador de la República.
  • 5. Sabas Pretelt de la Vega, exministro del Interior y de Justicia y exembajador.
  • 6. Jorge Camilo Abril Tarache, exrepresentante a la Cámara por Casanare.
  • 7. Jorge Noguera Cortes, exdirector del DAS.
  • 8. Orlando Rivas Tovar, exsubdirector del DAS.
  • 9. Alan Edmundo Jara Urzola, exgobernador del Meta.
  • 10. William Hernán Pérez Espinel, exgobernador de Casanare.
  • 11. Miguel Ángel Pérez Suárez, exgobernador de Casanare.
  • 12. Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, ex gobernador de Casanare.
  • 13. Heli Cala López, exgobernador (e) de Casanare.
  • 14. Héctor Orlando Piragauta Rodríguez, exdirector Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía (Corporinoquía).
  • 15. Universidad Sergio Arboleda
  • 16. Universidad de Cartagena
  • 17. Ecopetrol
  • 18. Nelson Ricardo Mariño Velandia, exconcejal de Yopal.
  • 19. Narda Consuelo Perilla, exsecretaria de hacienda del departamento de Casanare.
  • 20. Jacobo Rivera, exsecretario de agricultura del departamento de Casanare.
  • 21. Luis García, exconcejal de Yopal.
  • 22. Alirio Castañeda, exdiputado a la asamblea de Casanare.
  • 23. Milton Alvarez, exdiputado a la asamblea de Casanare.
  • 24. Alciaviades Saamanca, ex diputado a la asamblea de Casanare.
  • 25. William Mayorga Suárez, expolicía.
  • 26. Arnulfo Peñuela Marín.
  • 27. José Rodolfo Pérez.
  • 28. Leonidas Ortega.
  • 29. Víctor Chávez.
  • 30. Saúl Masmelas.
  • 31. José López.
  • 32. Luis López.
  • 33. Marco Tulio Ruiz
  • 34. Carlos Robles.
  • 35. Carlos Alaque
  • 36. Nicolás Arenas.
  • 37. Luis Mesa Ballesteros.
  • 38. Jaime Humberto Afanador.
  • 39. Eduardo Cabrera.
  • 40. Sergio Alonso Buron Gelvez.
  • 41. Miguel Antonio Orjuela.
  • 42. Luis Fernando Escobar.
  • 43. Óscar Fernando González.
  • 44. Raúl Patiño.
  • 45. Manuel Corredor.
  • 46. Alexander Ramírez.
  • 47. Cesar Suarez.
  • 48. Leonardo Martínez.
  • 49. Orlando Quintero.
  • 50. Jorge Cardoso.
  • 51. Jose Samudio.
  • 52. Fernando Zabaleta.
  • 53. William Mendoza.
  • 54. Marco Aurelio, alias curro.
  • 55. Juan José Suba.
  • 56. Fabiáno Gil.
  • 57. Libardo Holguín.
  • 58. José René González.
  • 59. José Rodolfo Pérez.
  • 60. Mildre Preciado.
  • 61. Óscar Jiménez.
  • 62. Santiago Marín.
  • 63. Nilson Gamez.
  • 64. Orlando Vesga.

Con estas nuevas declaraciones se hace evidente que han existido nexos íntimos entre políticos y empresarios con grupos paramilitares. ‘Otoniel asegura que estos grupos armados, que tienen vínculos con el narcotráfico, compran votos (con coerción), entablaron nexos con el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y sobornaron a cientos de personas en varios departamentos, en el que resalta Casanare.

«Eran civiles, no guerrilleros»: ¿nuevos falsos positivos en Colombia?

La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) pidió al gobierno que se retracte de las declaraciones que hizo sobre un combate en Puerto Leguízamo, Putumayo. El ministro de Defensa aseguró que nueve disidentes de las Farc murieron en el hecho, pero según la organización eran campesinos.

En la versión de la OPIAC, la muerte de nueve presuntos disidentes de las Farc, en una operación del ministerio, se trató de ejecuciones extrajudiciales. “Eran civiles, no guerrilleros”, aseguró uno de los voceros de la organización.

Lo que más le preocupa a la OPIAC es que se desconoce el paradero de los cuerpos, pues fue el Ejército quien hizo el levantamiento de los cuerpos, no la Fiscalía.

La versión de la organización indígena

De acuerdo con la OPIAC, que se basó en los relatos de la comunidad, no hubo ningún tipo de enfrentamiento armado sino un ataque del ejército. “El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona, realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, señaló un testigo.

El bazar buscaba recolectar fondos para la comunidad, en donde se recaudó once millones de pesos. El dinero sigue desaparecido.

Estos ataques de la fuerza pública no son hechos aislados, y en la región ya se han presentado homicidios similares.

La versión del Ejército

El comandante División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, Juan Carlos Correa Consuegra, manifestó que se quería capturar a líderes de la «Segunda Marquetalia«.

En las versiones de los soldados, supuestamente hubo enfrentamientos por varias horas. “Aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, aseveró Correa.

Capitán del Inpec condenado a 15 años por ayudar en la fuga de Aida Merlano

David Alexander Álvarez Cárdenas, capitán y funcionario del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), recibió una condena de 15 años de prisión por los delitos de prevaricato por acción y favorecimiento en la fuga de presos. Los cargos se le imputaron por facilitar y contribuir a la fuga de la exsenadora Aida Merlano en octubre de 2019.

En la condena, se le ordenó a Álvarez el pago de una multa mayor a $100 millones (30.000 USD), el retiro inmediato de su cargo, e inhabilidad para acceder a cargos púbicos por los 15 años que dure su pena.

La Fiscalía asegura que Álvarez participó en la fuga porque “en su condición de Comandante de Vigilancia de la cárcel de mujeres, se limitó a darle la orden por radio al Comandante de Remisiones para que se hiciera el traslado de la señora Aida Merlano”.

El ente acusar también sostiene que el capitán “nunca indagó con cuántos guardias se hizo la remisión o si el Comandante de Remisiones iba al mando, ya que de antemano sabía que con un acta falsa del (Grupo de Seguridad Penitenciaria) GOSEP, la reclusa podía salir para un tratamiento estético, sin los grupos especiales para las remisiones, facilitando así su fuga”.

Dentro de las hipótesis que maneja la Fiscalía, se asevera que “ está plenamente demostrado” que la fuga de Merlano “no obedeció solamente a un descuido de la única guardiana que envió al centro de reclusión de mujeres para su custodia, sino que la fuga fue facilitada por toda una cadena de corrupción en la que participaron varios funcionarios del Inpec, entre ellos el procesado”.

El papel del capitán Álvarez Cárdenas

Para octubre de 2019, Álvarez estaba de vacaciones, pero se tiene documentado que “emitió orden verbal por radio al Comandante de Remisiones para que se hiciera la remisión al Centro Médico de la penada pretendiendo justificar su conducta aduciendo que había una tutela interpuesta que ordenaba que se hicieran las remisiones de la reclusa, no obstante, que dicha tutela nunca se incorporó físicamente”.

Uno de los testigos sostuvo que Álvarez, quien era “el Comandante de Vigilancia, debía recibir toda la documentación para dar la orden de salida la cual es entregada al Comandante de Remisión, quien se puede negar a cumplirla porque no hay el suficiente personal para la salida del interno”.

Otros imputados

Javier Cely Barajas es el odontólogo que atendió a Aida Merlano, y se presume que conocía el plan de fuga. Se ha dicho que Cely habría prestado el espacio y habría entregado la cuerda que Merlano usó para descolgarse desde el tercer piso donde estaba siendo atendida para obtener un diseño de sonrisa.

Aida Victoria Merlano, la hija de la exsenadora, fue acusada por la Fiscalía como presunta cómplice de la fuga de Merlano. La Fiscalía cree que Aida Victoria usó a su hermano de 17 años para que su madre escapara.

Presidente chileno declara por presuntos crímenes de lesa humanidad en protestas

Sebastián Piñera, presidente de Chile, dio declaraciones ante la Fiscalía por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019. El órgano persecutor busca esclarecer si se configuró un «ataque generalizado o sistemático contra una población civil» que «responda a una política de Estado o sus agentes».

Los estadillos de las protestas en Chile llevaron al país a la crisis social más grave en 3 décadas. Con 34 muertos, casi 3.500 hospitalizados, y más de 8.800 arrestados, el estallido social en el país se extendió hasta el 18 de marzo de 2020.

La escalada de violencia llevó a que el gobierno evaluara la posibilidad de restablecer el estado de emergencia e, incluso, el estado de sitio.

De acuerdo con el Gobierno, Piñera «concurrió ante la fiscal regional, Claudia Perivancich, para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019″.

Investigación dentro del Estado

En el mismo caso, ya se ha tomado declaración a otros exmiembros del Gobierno que figuran en las denuncias criminales presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos a la Fiscalía.

Un resultado del Estallido Social fue el Plebiscito nacional de Chile de 2020.

Por ejemplo, Andrés Chadwick -primo del primer mandatario-, exministro del Interior; Gonzalo Blumel, exministro de Seguridad Pública; o el gobernador de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

A la fecha, se han abierto más de 4.600 causas contra agentes de la policía chilena y militares. Desde el comienzo de las manifestaciones, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaban los excesos y abusos policiales en Chile.

 

Carro bomba deja más de 30 soldados heridos en Cúcuta, Colombia

Una bomba dentro de una camioneta blanca explotó el 15 de junio en la Brigada 30 de Cúcuta, dejando 36 soldados heridos. Las detonaciones se produjeron poco después de las 3 p.m. en el interior de la brigada del ejército en la capital del departamento de Norte de Santander.

Todavía se desconoce el autor del atentado que dejó casi 40 soldados heridos

En la rueda de prensa de esta mañana de la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, se aseguró que la camioneta usada en el ataque era una Toyota Fortuner Blanca, modelo 2017. El vehículo llegó hacia medio día a las instalaciones de la Brigada, y era conducida por un hombre.

La camioneta estuvo parqueada por dos horas  y el conductor se retiró del lugar a los cinco minutos de haber entrado.

Dentro del Ejército ya se desvinculó a varios uniformados por fallas en la custodia de la base militar.

El vehículo estuvo parqueado por lo menos dos horas dentro de la Brigada del Ejército antes de explotar

Autoridades investigan la autoría del carro bomba, pues no ha sido reivindicado por ningún grupo armado. Sin embargo, el fiscal de la Nación, Francisco Barbosa, sostiene una posible autoría de la guerrilla ELN.

Tampoco descartan la participación de disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia, que fue liderada por Santrich y sigue al mando de Iván Márquez y El Paisa.

La camioneta había sido comprada solo días antes del atentado por 120 millones de pesos (33.000 USD).

Este sería el segundo atentado dentro de las instalaciones del Ejército en una ciudad capital desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las Farc.

¿Dónde están los desaparecidos del Paro Nacional en Colombia?

Se completan 27 días desde que iniciaron las manifestaciones del Paro Nacional en Colombia, y organizaciones denuncian que 379 personas están desaparecidas. Cadáveres de manifestantes, que fueron vistos por última vez con la Policía, han sido encontrados en ríos del país.

26 organizaciones, junto con la Unidad de Búsqueda, concluyeron que casi 400 personas están presuntamente desaparecidas en el marco del Paro Nacional. Según un informe, en los últimos días se recibieron un total de 471 reportes denunciando desapariciones.

La Defensoría del Pueblo asegura que pueden ser menos casos. El ente señaló que ha recibido 548 reportes, de los cuales en 189 casos se pudo dar con el paradero de la persona.

Recuerdo de los desaparecidos en manifestaciones de Colombia 2021

Carlos Camargo, defensor del pueblo, comentó que «Hemos activado un mecanismo de búsqueda que consiste en visitar Medicina Legal, visitar y oficiar las Unidades de Reacción Inmediata, las estaciones de Policía y los Centros de Protección para Traslado, así como hospitales y clínicas».

¿Qué hacer ante un caso de desaparición en el Paro Nacional?

Denunciar es la clave, y los ciudadanos pueden interponer sus denuncias a través del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU). Esta es una acción pública que se debe activar si se presume la desaparición de una persona. Se activa inmediatamente y puede presentarse ante la Policía, Personería, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Fiscalía y la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Asimismo, la Campaña Defender la Libertad también reúne las denuncias de personas que tienen familiares, amigos o conocidos desaparecidos en medio de las manifestaciones. Para ello, la organización activó la línea 3133921916, en donde recibe reportes las 24 horas del día.

Finalmente, los ciudadanos también pueden solicitar apoyo a la Defensoría del Pueblo, a través de las líneas 3406060 y 2327080 en Bogotá. En el resto del país se debe llenar un formulario en línea Registro Único de Peticiones.

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