La semana pasada fue revelado que el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTic) perdió un anticipo de $70.243 millones de pesos (19,4 millones de dólares) en un contrato que buscaba llevar internet a las regiones más apartadas del país. La ministra, Karen Abudinen, se encuentra en el ojo del huracán, pues la plata no aparece desde febrero y nadie responde.
Es larga la lista de fallos que tuvo el MinTic y la propia ministra en el escandaloso contrato. Garantías bancarias falsificadas; una solicitud de caducidad; un contrato incumplido; un contratista alegando que ha sido traicionado en su buena fe; una interventoría que no hizo su trabajo y casi 20 millones de dólares que están perdidos en cuentas de Estados Unidos son las preocupaciones que achacan al país.
Un multimillonario contrato
El contrato se celebró en diciembre de 2020, y buscaba que se le brindara internet gratuito 24/7 a 10.000 lugares de Colombia, principalmente escuelas rurales, durante por lo menos diez años. La inversión total sería de $2,1 billones (583 millones de dólares). La mitad se le asignó a Claro Colombia, quien ha cumplido lo pactado con el contrato, pero la otra mitad se acordó con la Unión Temporal Centros Poblados.
En total se pactaron 1,07 billones de pesos (472 millones de dólares) con Centros Poblados. Ellos se encargarían de conectar 7.277 centros durante 11,5 años.
Sin embargo, desde comienzos de año la unión temporal había incumplido en los tiempos pactados, lo que prendió las alarmas en el MinTic. Pero ahí fue cuando comenzó todo el escándalo: la garantía bancaria presentada por Centros Poblados era fraudulenta.
El banco que desembolsó el dinero fue Itaú, quien aseguró que “Las garantías en mención son falsas y en ningún caso han sido emitidas por el banco. Itaú ha puesto en conocimiento de las autoridades la falsificación de los documentos”.
Ante esto, el Mintic pidió la caducidad del contrato.
Pero hay un problema, del desembolso que se le hizo la Unión Temporal Centros Poblados, 58.000 millones (16 millones de dólares) están en el reconocido paraíso fiscal estadounidense, Delaware, Florida.
¿Incompetencia, inoperancia o corrupción?
La ministra Karen Abudinen dijo: “No permitiré que se pierdan estos recursos. A lo largo de toda mi vida política he obrado con la mayor seriedad, transparencia y determinación en la protección del dinero público, el dinero de los colombianos. Esta no será la excepción”.
El presidente Iván Duque, quien ha defendido efusivamente a la ministra Abudinen, también aseguró que “Soy claro: no descansaremos hasta recuperar el anticipo que le fue pagado a ese consorcio y que llevaremos a todas las instancias judiciales las sanciones que les correspondan a esas mentes macabras que estuvieron manipulando un proceso licitatorio”.
La Fiscalía General de la Nación anunció el martes que citó al representante legal de Centros Poblados a responder en interrogatorio por lo ocurrido.
También se anunció que se tomarán acciones legales contra la interventora del contrato, el consorcio PC2020 Centros Digitales. Ellos fueron quienes aprobaron el desembolso anticipado de $70.000millones, el 7 % del valor total pactado, a pesar de que había documentos falsos.
Sin embargo, lo que queda por preguntarnos es ¿cómo nadie se dio cuenta? Han pasado 6 meses desde que se desembolsó el dinero, y ni la ministra, ni nadie en el ministerio, o en la interventora, banco o gobierno se dio cuenta de que casi 20 millones de dólares habían desaparecido.
