El grupo paramilitar, narcotraficante y terrorista «Clan del Golfo» comenzó un Paro Armado desde el jueves y hasta el próximo martes por la extradición de su máximo líder. Darío Antonio Úsuaga, alias ‘Otoniel’, fue enviado a Estados Unidos, y varios municipios del Caribe están bajo amenaza.
Tras el anuncio de ayer, se ha cerrado comercio, transporte, alcaldías locales, colegios y universidades, en las zonas de mayor riesgo. El Bajo Cauca antioqueño, sur de Córdoba, Sucre y Bolívar son las zonas donde hay más presencia el Clan del Golfo y donde se reportaron varios vehículos incinerados.
Por su lado, el ministro de Transporte pidió al Ministerio de Hacienda la activación de la póliza de terrorismo. Con este dinero se cubrirá el 100% del valor de los vehículos afectados durante el paro.
Alias ‘Yimi‘, quien era la cabecilla zonal del «Clan del Golfo» en el Chocó, fue abatido en un operativo en el municipio de Río Quito. Yimi Palacio Mosquera generaba terror en Certegui, Yuto, Lloró, Quibdó, Paimadó, Juradó, Nóvita, Condoto, Tadó y la zona selvática de Río Quito.
‘Yimi’ extorsionaba y amenazaba a los mineros de la región, pues el hombre estaba obsesionado con el oro. Según el general Gustavo Franco, el hombre había cumplido una pena de 10 años por homicidio y concierto para delinquir. Al salir, ‘Yimi’, “habría retomado sus acciones criminales y era buscado por las autoridades por concierto para delinquir agravado”.
De acuerdo con reportes de inteligencia e investigación criminal, ‘Yimi’ era cercano a alias ‘Molina‘, cabecilla principal de la subestructura ‘Carretera’ del ‘Clan del Golfo’.
En el operativo trabajaron conjuntamente uniformados del Comando de Operaciones Especiales de la Policía (Conpes) y las Fuerzas Militares. Otros tres hombres, que según la Policía eran cómplices de ‘Yimi’, también murieron en el operativo.
Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.
Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.
Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.
Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.
El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.
El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.
El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.
“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.
Por su lado, el senador del Polo Democrático, IvánCepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.
De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.
“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.
