Hasta mitad de año se sentirá el fenómeno de la niña en todo el territorio, con una disminución en la intensidad de lluvia entre mayo y junio. De acuerdo con el último reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante marzo y abril habrán intensas lluvias y posibles inundaciones.
Las autoridades llaman a la ciudadanía a mantener la alerta en los lugares cercanos a fuentes hídricas, como ríos y humedales, y tener planes de emergencia ante inundaciones o deslizamientos de tierra.
“Como nos encontramos en condiciones La Niña, es necesario no bajar la guardia en zonas inestables, seguir monitoreando las riberas de los ríos que mantienen niveles altos y tomar medidas preventivas en días que puedan tener lluvias extremas”, anunció el Ideam.
Las lluvias más intensas se sentirán en la región Andina y Pacífica. Los departamentos donde también habrá actividad eléctrica con Chocó, Antioquia, Cundinamarca, Boyacá, occidente de Santander, Norte de Santander, Tolima, Huila, Quindío, Caldas y Risaralda.
Los múltiples deslizamientos de tierra provocados por las fuertes lluvias mantienen las alarmas prendidas de las autoridades, pues muchas familias han perdido sus viviendas por estos accidentes naturales.
De acuerdo con distintas fuentes, como la Justicia Especial para la Paz (JEP), o la Fundación Ideas para la Paz (Ideaspaz), el país latinoamericano ha sufrido 208 masacres en todo su territorio. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), entre 2020 y lo que lleva de 2021, han sido asesinadas 539 personas, entre ellas niñas, niños, mujeres y ancianos
El Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin a cinco décadas de conflicto que dejaron a más de 7 millones de víctimas. El proceso de paz le valió a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia (2010-2018), el Premio Nobel de la Paz.
Pero la firma del acuerdo no acabó con la violencia interna del país. Grupos paramilitares, carteles de tráfico y bandas criminales han perpetuado decenas de masacres desde la firma del Acuerdo.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la cantidad de masacres por años es 2017 (11), 2018 (29), 2019 (36), 2020 (91), 2021 (41). La mayoría de las masacres se efectuaron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Desde la década de los 60’s Colombia ha sufrido más de 4.000 masacres
Juan Carlos Garzón, director temático de la Fundación Ideas para la Paz (Ideaspaz), asegura que se deben tener en cuenta algunos puntos para comprender la violencia.
El conflicto con las FARC terminó, pero las acciones de los grupos armados han continuado.
Los combates protagonizados por la Fuerza Pública y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales se han incrementado.
Tras la firma del Acuerdo los homicidios en los municipios PDET (priorizados por el conflicto) se dispararon, aunque se encuentran aún por debajo de lo registrado en 2012.
El incremento del homicidio se ha dado en el 44% de los municipios PDET, que hoy tienen más muertes violentas que antes del proceso con las FARC.
Las masacres se han incrementado de manera notable en la etapa post-Acuerdo, acercándose a lo registrado antes de 2013.
Los homicidios de líderes sociales se mantienes altos y no ceden, a pesar de los anuncios y las medias.
Se han registrado 233 homicidios de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz.
La última masacre, hace tan solo 4 días, fue en Algeciras, Huila. En la vereda QuebradónSur se encontraron los cuerpos de ocho hombres y una mujer quienes habrían sido asesinados en horas de la mañana.
Masacre Algeciras, 31 de mayo de 2021
Esta es la tercera masacre, en menos de un año, que se hace en terrenos propiedad de Álvaro Barrera, padre de un exguerrillero de las Farc.
Indepaz asegura que en el lugar donde ocurrió la masacre tienen presencia varios grupos armados ilegales. La Unidad Oscar Mondragon del Grupo Armado Organizado Residual de la Segunda Marquetalia; y el bloque de la unidad Manuel Marulanda Vélez, del Bloque Sur-oriental comandados por Gentil Duarte, están presentes en el territorio.
Desde hace tres años, la Defensoría del Pueblo ha lanzado dos alertas tempranas para evitar la masacre. La 063 del 2018 y la 043 del 2020, en la que precisamente advertían el riesgo para los pobladores, y especialmente para los miembros de la antigua guerrilla que llevaban su proceso de reincorporación en la región, por la presencia de estos actores armados.
Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.
Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.
Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.
Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.
El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.
El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.
El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.
“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.
Por su lado, el senador del Polo Democrático, IvánCepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.
De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.
“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.