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La guerra entre el gobierno y las pandillas de El Salvador

Desde el pasado 27 de marzo, casi 6.000 personas han sido arrestadas por el gobierno salvadoreño en el marco de la nueva «guerra contra las pandillas» del presidente Nayib Bukele. El país hoy está en «estado de emergencia» por decreto presidencial.

Los miles de detenidos son acusados de pertenecer a distintas pandillas como los «Maras», aunque las autoridades no presentan pruebas de ello. “Toman a los justos por pecadores. Es bueno que la policía haga su trabajo, pero es injusto que también se lleven a los trabajadores y, peor aún, que los traten como animales”, afirmó una mujer, quien tiene a su esposo, hermano y sobrino detenidos, a The Guardian.

Recordemos que el 26 de marzo, en lo que el gobierno define como la «ruta para combatir a las pandillas» 62 personas fueron asesinadas. El gobierno asegura que todos los arrestados pertenecen a pandillas, pero los familiares de los detenidos manifiestan que sus seres queridos son inocentes.

¿Qué está pasando en El Salvador?

Bukele, un presidente controversial y señalado por organizaciones de derechos humanos, ha dejado claro que buscará erradicar a quienes lo cuestionen. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Open Society de George Soros han sido asociadas con las pandillas por el mandatario.

El nuevo mandato presidencial permite que autoridades registren los teléfonos de civiles, y podría hasta a un mes. Human Rights Watch aseguró que en el país «ya no hay instituciones independientes» democráticas que le hagan frente a Bukele.

HRW tiene dudas sobre el operativo en Putumayo, Colombia

Human Rights Watch (HRW) se manifestó sobre el operativo militar en que fueron asesinadas once personas en un presunto caso de Falsos Positivos. «¿Cuáles son las evidencias que tiene el Ministerio de Defensa para informar que las personas neutralizadas eran ‘narcococaleros’?», fue una de las preguntas que envió la organización al gobierno colombiano.

De acuerdo con un documento filtrado de la directora en funciones de la División de las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, se enviaron 19 preguntas al ministro de Defensa, Diego Molano sobre el operativo. ¿Eran civiles o criminales?, es la duda central que tiene HRW.

“¿Qué unidad participó en la mencionada operación? ¿Cuántos hombres en pie de fuerza terrestre participaron en la operación? ¿Se contó con apoyo militar, naval y/o de personal en helicóptero? Narre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se desarrolló la operación militar. Precise el número de personas ‘neutralizadas’ y, si pertenecían a un grupo armado, el grupo armado al cual pertenecían y su identificación (nombres, apellidos, edades y números de cédula de ciudadanía)”, son algunas de las inquisiciones de HRW.

A pesar de los testimonios de testigos y señalamientos de distintas organizaciones, el Gobierno se mantiene firme en que eran “delincuentes”, “narcocaleros”.

En el presunto caso de Falsos Positivos hay muchas preguntas por responder, pues los muertos son civiles y entre ellos hay por lo menos un menor de edad.

 

¿Cuáles países despenalizan totalmente el aborto?

Ayer la Corte Constitucional de Colombia aprobó el aborto libre y legal hasta la semana 24, un acto que ha sido reconocido por  Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) como un «triunfo» para los derechos humanos. ¿Qué otros países de la región han despenalizado esta práctica médica?

En Colombia, México, Estados Unidos, Cuba, Argentina y Uruguay  se ha despenalizado el aborto hasta ciertas semanas. Colombia es el país con mayor límite de semanas.

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Por su lado, en Ecuador, Bolivia y Perú se permite el aborto en ciertas condiciones. En Bolivia se permite la interrupción voluntaria cuando hay violación, incesto y problemas de salud mental. En Ecuador solo se permite cuando hay violación. Mientas que en Perúsolo  permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay violación y riesgo de vida para la mujer.

La decisión de la alta corte colombiana también dejó en firme las tres causales existentes en las que se puede abortar sin cometer algún delito. Por ahora, el Congreso colombiano será el ente encargado de legislar sobre el aborto.

Presidente chileno declara por presuntos crímenes de lesa humanidad en protestas

Sebastián Piñera, presidente de Chile, dio declaraciones ante la Fiscalía por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019. El órgano persecutor busca esclarecer si se configuró un «ataque generalizado o sistemático contra una población civil» que «responda a una política de Estado o sus agentes».

Los estadillos de las protestas en Chile llevaron al país a la crisis social más grave en 3 décadas. Con 34 muertos, casi 3.500 hospitalizados, y más de 8.800 arrestados, el estallido social en el país se extendió hasta el 18 de marzo de 2020.

La escalada de violencia llevó a que el gobierno evaluara la posibilidad de restablecer el estado de emergencia e, incluso, el estado de sitio.

De acuerdo con el Gobierno, Piñera «concurrió ante la fiscal regional, Claudia Perivancich, para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019″.

Investigación dentro del Estado

En el mismo caso, ya se ha tomado declaración a otros exmiembros del Gobierno que figuran en las denuncias criminales presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos a la Fiscalía.

Un resultado del Estallido Social fue el Plebiscito nacional de Chile de 2020.

Por ejemplo, Andrés Chadwick -primo del primer mandatario-, exministro del Interior; Gonzalo Blumel, exministro de Seguridad Pública; o el gobernador de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.

A la fecha, se han abierto más de 4.600 causas contra agentes de la policía chilena y militares. Desde el comienzo de las manifestaciones, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaban los excesos y abusos policiales en Chile.

 

Adolescente de Myanmar fue torturado y sometido a un entierro simulado, asegura HRW

Human Rights Watch asegura que un joven, capturado el 6 de marzo en el municipio de Tharkata, Myanmar, fue torturado por agentes de la policía antidisturbios. El joven, un menor de 17 años, fue torturado, apaleado, obligado a entrar en un pozo y enterrado vivo hasta el cuello como parte de un entierro simulado.

El menor dijo a HRW que durante su arresto lo golpearon en la cabeza con la culata de un rifle, le vendaron los ojos y luego lo llevaron a un centro de interrogatorios en un lugar que no pudo identificar. Durante los siguientes cuatro días, militares lo golpearon repetidamente con una vara de bambú llena de cemento durante varios interrogatorios, aseguró.

En esta fotografía se el momento en el que el joven es capturado por la policía de Myanmar

«Al tercer día, me llevaron a una zona boscosa a una hora de donde estaba el lugar del interrogatorio. Me obligaron a acostarme en un pozo con los ojos vendados y las manos atadas. También planearon golpearme la cabeza con un azadón, y pensé que me iban a enterrar vivo cuando empezaron a cubrirme con tierra”.

En su relato, el joven también dijo que, a él y a otros jóvenes arrestados, se les negó comida y agua durante días y bebieron agua del inodoro para sobrevivir.

El menor estuvo recluido en el centro de interrogatorios por siete días antes de ser trasladado a la prisión de Insein en Yangon. Fue liberado después de firmar una confesión falsa.

En el informe del martes, el grupo de derechos humanos dijo que el adolescente era una de las muchas personas que han sido sometidas a torturas, golpizas y otros malos tratos desde que el ejército de Myanmar tomó el poder en un golpe de estado el 1 de febrero.

Cientos de personas han sido asesinadas y más de 6.000 detenidas durante las protestas

La realidad que se vive en Myanmar

El 1 de febrero de 2021, militares hicieron un golpe de estado a la dirigente del país, y Premio Nobel de Paz, Aung San Suu Kyi.

Es importante resaltar que entre 1962 y 2011, Myanmar (antes Birmania) vivió bajo un duro régimen militar.

Myanmar vivió uno de los regímenes militares más largos de la actualidad

Desde el golpe, centenares de manifestantes han salido a las calle, pero la respuesta de las fuerzas de seguridad es cuestionada. Según la Asociación de Asistencia para Presos Políticos de Birmania, un grupo de vigilancia, las fuerzas de seguridad de Myanmar han matado al menos a 873 personas y detenido al menos a 6.231 personas.

Manny Maung, investigador de HRW, dijo que las autoridades de Myanmar han estado «utilizando la tortura sin temor a repercusiones».  «La brutalidad y los abusos muestra hasta qué punto las autoridades militares de Myanmar van a silenciar a cualquiera que se oponga al golpe», añadió.

HRW anunció que muchos de los detenidos están recluidos en prisiones o centros de interrogatorio. Todos privados del derecho a ponerse en contacto con familiares o asesores legales.

Human Rights Watch: Venezuela está ejecutando civiles en frontera con Colombia

La organización acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecutar extrajudicialmente a al menos cuatro civiles. Además, afirma que hay detenciones arbitrarias, torturas y otros «abusos aberrantes» contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.

En su informe, Human Rights Watch (HRW) declaró que el operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados».

HRW pidió investigar los casos en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, declaró en el informe que “Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”.

El organismo también asegura que la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra grupos irregulares derivó en los crímenes cometidos.

El 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares. Las autoridades nunca identificaron estos grupos, pero la ONG Fundaredes los calificó como “presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las Farc”.

En el informe presentado de HRW, se evidencia que muchos de los detenidos «no eran miembros de grupos armados«, sino de la población local. Asegura que después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios llegaron a la conclusión de que las víctimas de las fuerzas de seguridad eran civiles.

Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).

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