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Exministro encargado de la controversial Reforma Tributaria colombiana es elegido director del Banco de la República

A muchos dejó frío el último nombramiento del presidente Iván Duque. El criticado exministro de Hacienda, quien radicó dos de las tres reformas tributarias que desencadenaron en el Paro Nacional, y quien tiene una larga lista de reclamos, entrará al Banco de la República.

“Alberto Carrasquilla, autor de la reforma tributaria que desató la mayor masacre de jóvenes en nuestra historia reciente, fue nombrado codirector del Banco de la República. Ni se sonrojan y nosotros ni nos reímos”, escribió en su cuenta de Twitter, Gustavo Bolívar, senador de la oposición.

Sin embargo, el descontento no es solo por su gestión como ministro, sino también por el escándalo sobre los «bonos de agua«.

La vida política de Carrasquilla

Carrasquilla tuvo que renunciar a su puesto como ministro en 2020 por la presión internacional que generó el Paro Nacional

Alberto Carrasquilla comenzó su carrera política mucho antes de ser nombrado ministro de Hacienda en el primer y segundo mandato de Uribe (2003-2007 y 2018-2021). El economista uniandino también fue asesor económico en la Contraloría General, investigador asociado de Fedesarrollo, economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, y gerente técnico en el Banco de la República.

Pero, es durante su ausencia del ministerio, entre 2007-2018, Carrasquilla ha tenido que responder ante los focos mediáticos. Todo por un mismo motivo: los bonos de agua.

En 2007, Carrasquilla utilizó la empresa Konfigura para usar a su favor un recurso financiero que aprobó mientras era ministro. Los «bonos de agua» eran un recurso constitucional​ para los municipios, propuesto e impulsado por Carrasquilla, que buscaba bonos de ingresos para ser destinados a obras de infraestructura básica, como acueductos y redes de alcantarillado.

El primer nombramiento de Carrasquilla en un escándalo fue en los Panama Papers

En 2018, el periodista Daniel Coronell, publicó una investigación que demostraba que esos bonos empobrecieron a más de 100 municipios en el país, mientras Carrasquilla se enriquecía.

La empresa Konfigura conseguía recursos a una tasa de interés del 8%, pero les cobraban a los municipios una tasa del 11%. Es decir, ese 3% de intereses de más terminó en los bolsillos de Carrasquilla y de sus socios.

La investigación también tiene como sustento los famosos «Panama Papers».

En la actualidad, los municipios que adquirieron los bonos llevan endeudados más de 15 años, y lo que es aún peor, suman 1’223.450 habitantes sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y 1’903.226 ciudadanos sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario.

El nombramiento de Carrasquilla: ¿Una burla al país?

Carrasquilla nunca ha hablado públicamente de los bonos

El senador Jorge Robledo, aseguró que «Con los bonos Carrasquilla, promovió la corrupción y el despilfarro en 117 municipios pobres de Colombia. Diseñó la reforma tributaria que causó una enorme protesta ciudadana. Y Duque lo nombró primero en Minhacienda y ahora en el Banco. Cínicos”.

Por su lado, el senador Iván Cepeda aseveró que «En lugar de haber sido investigado y de asumir la responsabilidad por su catastrófica gestión, Carrasquilla es promovido: Alberto Carrasquilla es el nuevo codirector del Banco de la República».

Carrasquilla entrará a reemplazar a Carolina Soto, quien renunció la semana pasada como codirectora, tras el anuncio de su esposo, Alejandro Gaviria, como candidato a la Presidencia 2022.

La militarización de Cali y otras ciudades en Colombia

Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.

Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.

Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.

Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.

El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.

El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.

El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.

“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.

Por su lado, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.

De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.

“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.

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