La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general (r) del Paulino Coronado, a otros nueve militares,  y a un civil por 120 casos de Falsos Positivos y 24 desapariciones forzadas. Según la entidad, los implicados fueron partícipes en el “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.

Esta es la primera gran imputación de cargos contra altos cargos militares que hace la JEP. La Sala de Reconocimiento les inculpó el cargo de crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada.

“Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, aseguró la magistrada Catalina Díaz.

Estos son los imputados:

1. El brigadier general (r) Paulino Coronado Gámez, quien fue el comandante de la Brigada 30
2. El coronel Santiago Herrera Fajardo, quien fue comandante de la Brigada Móvil 15 (BRIM15)
3. El coronel Rubén Darío Castro Gómez también fue comandante de la Brigada Móvil 15 (BRIM15)
4. El teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, fue comandante del Batallón de Infantería No. 15 ‘General Francisco de Paula Santander’ (BISAN) de Ocaña
5. El teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado es exoficial de operaciones de la BRIM15
6. El mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro, es excomandante del BISAN.
7. El capitán Daladier Rivera Jácome, parte de la Central de Inteligencia de Ocaña (CIOCA):
8. El sargento segundo Rafael Antonio Urbano Muñoz, integrante de inteligencia de CIOCA
9. El sargento segundo Sandro Mauricio Pérez Contreras, fue jefe de la sección de inteligencia del BISAN
10. El cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, es excomandante de escuadra en la BRIM15
11. El civil Alexander Carretero Díaz, quien trabajó como colaborador de las dos estructuras militares

El macrocaso de Falsos Positivos

La JEP posee cuantiosas pruebas contra los imputados que prueban su participación en los casos de Falsos Positivos.

Entre las pruebas se encuentran 8 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos; 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales); las inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la penal militarlas solicitudes de acreditación, y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a dichas versiones; la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales (programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales) obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.

Cabe resaltar que, estas pruebas ya habían sido recolectadas y usadas por la justicia ordinaria, pero en esta nueva imputación de cargos se evidencia que “logramos demostrar muy en detalle cómo estos 120 casos no son aislados, no son inconexos, espontáneos y no se tratan de decisiones aisladas de los perpetradores. Por el contrario, tenían un mismo fin: responder a la presión institucional”, dijo la magistrada Díaz.