En la tarde del lunes, Esteban Mosquera, un líder estudiantil y social de Popayán, fue asesinado a tiros en un parque de la capital caucana. El joven de 24 años era reportero del medio alternativo “Contra Portada”, donde informó sobre la realidad en las calles durante el Paro Nacional.
De acuerdo con las últimas versiones, hombres armados que viajaban en motocicletas lo balearon en barrio La Pamba de Popayán.
Mosquera se había convertido en un conocido líder juvenil que abogaba por los derechos de los manifestantes, pues él mismo perdió un ojo al recibir un disparo de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2019, cuando un agente de los Esmad le disparó un proyectil lacrimógeno a la cara durante una marcha estudiantil.
En lo que va corrido del año, 90 jóvenes han sido víctimas de agresión en sus ojos. Muchos los perdieron.
«Contra Portada«, el medio donde trabajaba Mosquera lamentó su asesinato, y posteó “no pudieron acabar con tus ideas, por eso dispararon contra tu vida. Lo que no sabían es que siempre has sido semilla esparcida por el globo, y acá, donde sembraste, seguiremos luchando, comunicando y soñando el mundo para el buen vivir que siempre buscaste”.
Por su lado, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López Castrillón, manifestó en sus redes que “Repudio el homicidio del que acaba de ser víctima Esteban Mosquera, estudiante de Música de la Universidad del Cauca. Como Alcalde de Popayán no toleraré ningún acto que atente contra la vida e integridad de nuestros jóvenes. ¡La violencia es un camino que no debemos seguir transitando!”
Aún se desconocen más detalles sobre el homicidio de Mosquera, pero en lo que va corrido del años, 108 líderes sociales han sido asesinados; a parte de los 34 firmantes de paz de las Farc que también han sido asesinados.
Los manifestantes pertenecen al Movimiento Juvenil Diverso, agrupación que ha estado muy activa durante el Paro Nacional de Colombia que comenzó el 28 de abril. Las dos mujeres y seis hombres piden al gobierno nacional que se reúna con ellos para atender el pliego de peticiones del departamento.
En el parque Simón Bolívar de Riohacha, capital departamental, llevan 13 días en huelga de hambre 8 jóvenes esperando una respuesta del gobierno. De acuerdo con el comunicado que dieron, el aumento en el precio de gasolina, que tendría un impacto en “cientos de familias empobrecidas por los efectos de la pandemia”, fue el detonante de la huelga.
La Guajira tiene altísimos índices de necesidades básicas insatisfechas. Pobreza, pobreza extrema, analfabetismo, mortalidad infantil, desnutrición, desplazamiento minero, falta de vivienda, baja cobertura de servicios públicos
Los jóvenes aseguran que se quieren sentar con el gobierno para que se garanticen los derechos fundamentales, como salud y educación, a los niños y niñas del pueblo wayuu y de la población afro en el departamento.
La crisis histórica de La Guajira
Con uno de los índices de pobreza y desnutrición más altos del país, La Guajira afronta una crisis en el acceso a los servicios médicos, agua potable, corrupción y educación superior.
Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que están siguiendo la situación de los jóvenes. También hizo un llamado para que se establezcan espacios de diálogo que permitan finalizar con la huelga de hambre.
3 de cada días habitantes de La Guajira viven en condiciones de extrema pobreza
Los manifestantes esperan una respuesta de las autoridades, mientras amplían el pliego de peticiones que ha llegado hasta la infraestructura vial departamental. Según ellos, y otros locales, la construcción de vías que se ha hecho “beneficia a las multinacionales. Mientras los campesinos y agricultores siguen esperando por más de 50 años la construcción de vías terciarias que les permitan sacar sus productos del campo”.
Casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó de visita a Colombia para verificar la situación de derechos que se vive en el país, el gobierno re rehúsa a aceptar sus recomendaciones. Frente al documento de 41 sugerencias, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” porque «ya existe».
En medio del Paro Nacional, la CIDH evidencia la preocupación internacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial. Ante las sugerencias de la Comisión, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.
A la fecha, más de 4.600 casos de violencia policial se han denunciado dentro del Paro Nacional
Dentro del mismo documento de la CIDH, se resalta la violencia de género en el marco de las protestas, por las decenas de abusos sexuales perpetrados por policías contra manifestantes; la violencia étnico-racial, por las víctimas indígenas de la Minga que fueron baleadas por civiles armados y policías en repetidas ocasiones; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, por las casi 100 denuncias interpuestas por los profesionales contra la policía; las irregularidades en los traslados por protección, por los casos de desaparición y asesinato por parte de policías; y en el uso de la asistencia militar, por la militarización de las ciudades más importantes del país.
Las recomendaciones de la CIDH
Entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la CIDH estuvo en Bogotá, Cali y Popayán, para conversar con distintos sectores sobre el descontento social y las violaciones de derechos durante el Paro Nacional de 2021.
La CIDH recibió 2.908 solicitudes para dar testimonio, y al menos 302 alcanzaron a entregaron sus versiones individuales y colectivas, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
Con más de 2.000 detenciones arbitrarias, la comunidad internacional alerta sobre la crisis en Colombia
En las conclusiones que sacó la Comisión se reconoció que algunas de las causas del Paro Nacional son la marcada desigualdad monetaria, la pobreza, la pobreza extrema, y el poco acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo.
“El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguró la CIDH.
Dentro del pliego de sugerencias entregada por la Comisión al gobierno colombianos resaltan:
1. Separar la policía y al Esmad del Ministerio de Defensa
2. Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público
3. Prohibir que policías o militares que estén en la manifestación porten armas de fuego
4. Dejar de censurar las denuncias públicas a través de redes sociales
5. Juzgar a policías que hayan violado derechos fundamentales en la justicia ordinaria
6. Regular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad colombianas
7. Trasladar bajo protección a los manifestantes detenidos
8. Reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales
9. Prevenir y combatir las prácticas de discriminación racial
10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
11. Investigar con plenas garantías a los responsables de delitos cometidos en el Paro Nacional
12. Tolerar las manifestaciones, aunque estas generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana
La sugerencia, que estaba dentro del pliego de peticiones que hizo el Comité del Paro desde 2019, es una reforma de la policía, para que deje de tener un carácter militar y pase a ser garante de los derechos humanos.
El controvertido y criticado ‘decreto militar’ de Duque
Durante abril y mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto que ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar”. Esta buscaría “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de seguridad y convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido fuertemente criticado por la CIDH
El presidente también implementó la figura de “asistencia militar”, contenida en el Código de Policía, que da la potestad a los militares a contribuir a la policía en “una emergencia o calamidad pública”.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que solo se puede disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención.
La CIDH aseguró en el pliego de recomendaciones que la asistencia militar por el presidente Duque no analiza las circunstancias particulares de cada bloqueo. La Comisión reafirma que es un error calificar todos los bloqueos como ilegales en el marco de una protesta.
Hasta la fecha se han registrado 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
“El Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, y el uso de la fuerza siempre será el último recurso, no el primero”.
La CIDH también criticó que el decreto de asistencia militar no establece explícitamente “el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad”.
Cabe resaltar que, el decreto estableció que serán sancionadas las autoridades locales que no implementan la asistencia militar.
Cientos de periodistas que han cubierto las protesta en Colombia aseguran ser víctimas de agresiones por parte de la policía y de personas vestidas de civil. Disparos, apuñalamientos y amenazas son ataques comunes entre los profesionales.
Con más de 240 agresiones denunciadas contra periodistas, Colombia evidencia la crisis por la violencia estatal. Por seguridad, los comunicadores se ven obligados a portar chalecos antibalas, cascos y botiquines de primeros auxilios.
Periodistas y camarógrafos han sido víctimas de la violencia policial
De acuerdo con Fabiana León, de Reporteros Sin Fronteras, 243 agresiones se han presentado durante el Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril.
“Los victimarios son primero la fuerza pública, estamos hablando propiamente de la Policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). En segundo lugar, tenemos en personas particulares que han venido agrediendo a la prensa”.
Dentro de las denuncias, periodistas informan de disparos directos, insultos, confrontamientos, y el uso de armas que no forman parte del equipamiento de la policía antidisturbios contra ellos.
Según muchas víctimas del abuso policial, la respuesta de los uniformados es “No salga”.
En 42 días de Paro, más de 4.000 casos de violencia policial han sido denunciados en Colombia
Sin embargo, dentro del ejercicio periodístico, es un deber acompañar e informar sobre lo que se está viviendo en las calles. Para especialistas, el gobierno colombiano debería garantizar la seguridad de la prensa, sobre todo a aquellos periodistas que se encuentran en Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y otras ciudades, cubriendo las protestas.
Por las 8 investigaciones que se abrieron dentro de la policía, por abuso policial hacia la prensa, Reporteros Sin Fronteras ha conformado un grupo de monitoreo para periodistas, y así reaccionar más ágilmente ante cualquier tipo de agresión.
Los 3 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía de Cali fueron vandalizados durante las manifestaciones del Paro Nacional. Jóvenes de la comunidad transformaron los espacios en bibliotecas populares y espacios de encuentro cultural.
Académicos consideran un mensaje claro para la ciudadanía: más educación y menos represión policial.
CAI incendiado en Cali ahora es biblioteca.
La Biblioteca de la Resistencia fue vandalizada el día que comenzó el Paro Nacional, el pasado 28 de abril . La comunidad y jóvenes de la Primera Línea (jóvenes que protegen a ciudadanos de los abusos de la policía con escudos) la transformaron el CAI en una Biblioteca Popular, en honor a las víctimas de abusos policiales en Cali.
La Biblioteca de la Dignidad, al norte de la ciudad, ya hay por lo menos doscientos libros. Todos han sido donados por manifestantes, vecinos y niños. Uno de los artistas, quien dirige la Biblioteca, asegura que “Nunca entendimos por qué había un CAI allí si ese lugar antes de estar intervenido por la policía era una caseta comunal”.
En La Loma de la Cruz, ahora nombrada Loma Dignidad, hay un cartel que dice “Hay plata pa’ la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena, hay plata pa’ la guerra y no para estudiar”.
Esta nueva visión de intervención espacial se basa en el lema que le lee en cada biblioteca “Menos CAIs y más bibliotecas”.
La comunidad en Cali está donando los libros en estas nuevas bibliotecas.
Otra biblioteca queda en el barrio Puerto Rellena, ahora Puerto Resistencia, llamada Biblioteca de la Resistencia. Uno de sus fundadores asegura que “Ese día [28 de abril] les pedimos que se fueran porque ya había llegado el Esmad a reprimirnos. No nos hicieron caso. Varias personas comenzaron a lanzar piedras hasta que salieron corriendo y después lo incineraron”.
Esta biblioteca se convirtió en uno de los puntos más concurridos para las manifestaciones en el Paro Nacional de las comunas 15 y 16. Precisamente este espacio fue elegido, porque allí murió Marcelo Agredo, de 17 años, después de patear a un policía y que este le disparara. Uno de los líderes de la Biblioteca de la Resistencia explica que “Desde ahí nos convencimos de que lo que necesitábamos era más espacios de educación, más bibliotecas y menos CAI, menos represión”.
Marcelo Agredo, de 17 años, recibió un disparo de un policía en el paro nacional.
A pesar de que los espacios intervenidos fueron quemados, la mayoría los jóvenes que lideran el proceso afirman que no tienen nada que ver con los hechos de violencia que se vivieron allí.
La plenaria del senado ratificó al ministro de Defensa, Diego Molano, en su cargo y niega moción de censura. Con 67 votos por el NO y 31 por el SÍ, Molano seguirá en su cargo.
Quienes votaron por el NO fueron los senadores de los partidos políticos Centro Democrático, Partido Conservador, la U, Cambio Radical, cristianos y la mayoría de los liberales. Por el SÍ votaron senadores alternativos de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Lista de los Decentes, Comunes, Unión Patriótica, Colombia Humana y Mais.
Con la votación, Molano supera su primer traspié dentro del Congreso como ministro. Sin embargo, deberá esperar el resultado de la votación en la Cámara de Representantes.
La moción de censura fue interpuesta el lunes en el Senado. Este procedimiento obedece al numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, el cual puede ser liderado por congresistas cuando el funcionario en cuestión incumpla los requerimientos y citaciones del Congreso de la República o por hechos directamente relacionados con las funciones propias de su cargo.
Los debates se desarrollaron el lunes 24 y martes 25 de mayo. Molano fue citado esos días para responder, entre otras cosas, por las actuaciones de la fuerza pública durante el Paro Nacional.
En menos de diez días, por lo menos 10 mujeres han denunciado en distintas ONGs agresiones sexuales cometidas por agentes de la fuerza pública. El Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbos) y la Policía son las instituciones donde recaen las denuncias.
Diana Fernanda Díaz, a través de sus redes sociales, compartió su hecho victimizante de la noche del 30 de abril.
Según cuenta Diana, se encontraba en medio de la jornada de protestas en Cali. Estaba en un plantón en el sector de Sameco, al norte de la ciudad. En medio de las manifestaciones, asegura Diana, agentes del Esmad arremetieron contra su grupo de compañeros y compañeras.
En su relato, Diana cuenta cómo los agentes golpearon a los hombres, mientras separaban a las mujeres. “En ese momento se acercó uno del Esmad y abusó de mí, en presencia de todos sus compañeros, incluida una mujer, a la cual le expresé mi descontento”, escribió.
La policía aseguró que “se está verificando la situación y la persona denunciada ni siquiera trabaja en Cali. Hay dos funcionarios que responden a ese nombre pero ayer, en ese momento, estaban trabajando en otra ciudad”. Agregaron que el área de Derechos Humanos está tratando de comunicarse con la denunciante, para comprobar qué fue lo que pasó.
Diana había reconocido a una agente a una placa que, presuntamente, no son de nadie de la institución, por lo que se sigue investigando.
Este no es un caso aislado, y distintas organizaciones aseguran que la violencia sexual en medio de la protesta también es violencia política
Temblores ONG, una organización que documenta y denuncia casos de abuso policial en Colombia, ha registrado al menos cuatro hechos de violencia sexual cometidos, al parecer, por integrantes de la Policía Nacional, en el marco de las movilizaciones desde el 28 de abril.
Para Mónica Godoy, investigadora y experta en violencias basadas en género, asegura que “la violencia sexual tiene un componente de misoginia muy fuerte. (…) También se comete para humillar a las víctimas públicamente. Es un acto de abuso colectivo, no solamente de quien hizo la violación sino que compromete a la institución porque hay varias personas involucradas”.
La impunidad de delitos sexuales en Colombia supera el 90% .
De acuerdo con diversas ONGs, desde el comienzo del paro el 28 de mayo, se han registrado 1.443 casos de violencia policial, 31 muertos y 10 víctimas de violencia sexual. El #SOSColombia ha sido tendencia mundial, y distintas organizaciones como la ONU y la Unión Europea le piden al gobierno colombiano que cese el abuso de fuerza policial.
Hoy se cumple el noveno día de Paro Nacional en Colombia, que ha desatado una ola de violencia y abuso policial, junto con algunos actos vandálicos en las ciudades más importantes del país.
¿Por qué comenzó el Paro Nacional en medio de la pandemia?
El Gobierno lideró una Reforma Tributaria que buscaba subsanar la deuda del país que asciende a los 26 billones de pesos (más de 7 mil millones de dólares). Sin embargo, distintas asociaciones sociales, sindicatos y grupos estudiantiles se opusieron desde un principio a la reforma.
El proyecto se basaba en el aumento de impuestos para la clase trabajadora (media y baja) del país. Impuesto de renta a quienes ganaran más de 600 USD al mes, impuesto a pensiones, impuesto al 50% de la canasta básica (leche, huevos, pollo, toallas higiénicas).
El lunes 03 de mayo, el Gobierno retiró la Reforma Tributaria del Congreso, y el Ministro de Hacienda que lideró la reformar, Alberto Carraquilla, renunció a su cargo. Pero el paro no cesó.
Las protestan continúan por la respuesta de las fuerzas de seguridad colombianas. Decenas de videos donde se evidencia el abuso de fuerza, asesinatos, uso de pistolas contra manifestantes y disparos contra viviendas, han circulado por todas las redes sociales.
Distintas personalidades, como Shakira, Justin Bieber, Marvel Studios, Residente, Alejandro Sanz, Juanes, James Rodríguez, Dana Paola, J Balvin, Carlos Vives, Falcao, Diego Torres, Tito Bambino, Paty Cantú, Danny Ocean y Pedro Pascal se han manifestado con las protestas colombianas.
Todos abogan y piden al Estado colombiano que cese la violencia durante las manifestaciones pacíficas del país.
El presidente Duque y el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, abrieron diálogos con los promotores del paro. Pero las movilizaciones sociales abogan que diariamente agreden a más de 100 personas diariamente.
El último caso que conmocionó al país fue el asesinato de Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. En diversos videos se ve cómo un automóvil que era conducido por hombres vestidos de civiles les dispararon 8 veces.
El grupo de hackers se infiltró en la página web del Ejército, luego en la página del Senado, después en la Presidencial y en las comunicaciones de la Policía. El hackeo se presentó el 4 y 5 de mayo, pero autoridades aún no se han pronunciado oficialmente sobre el ataque cibernético.
A través de su cuenta de Twitter, Anonymous, un grupo de hackers que operan en distintos países del mundo, se atribuyó el ataque.
Todo comenzó cuando la página del Senado, de la Presidencia y del Ejército estuvieron caídas por varias horas después del medio día del lunes 04 de mayo.
El grupo de hackers publicó el siguiente fragmento:
«Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan, pero no dicen. Los votantes votan, pero no eligen. Los medios de información, desinforman. Los centros de enseñanza, enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes, porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan, las ganancias sé privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. — Eduardo Galeano»
El hackeo se presenta en medio de la difícil situación de orden público que vive el país por cuenta de la violencia policial desatada por las protestas del Paro Nacional.
En sus distintas cuentas de Twitter y YouTube se hizo público un anuncio que decía: “Sabotearemos cualquier tendencia que no sea relevante o que intente desviar la atención de la sistemática violación de los derechos humanos que se está produciendo hoy en Colombia”.
El grupo se ha manifestado en distintas ocasiones y países en momentos álgidos para la opinión pública.
