Los hechos se conocieron en la mañana del miércoles, a través de un video que ronda la redes sociales, donde se evidencia cómo un policía enfrenta y golpeaa tres ciudadanos, y a uno de ellos lo estrella de cara contra la patrulla policial. Se desconocen muchos detalles del hecho, pero ya se abrieron investigaciones para aclarar lo sucedido.
En medio de una calle residencial, en la noche del martes, se puede ver cómo dos policías comienzan a discutir acaloradamente con tres civiles. Los tres hombres increpan a uno de los policías, el sargento, y es ahí cuando comienza el abuso policial.
En el video queda registrado cómo el sargento comienza a golpear a los ciudadanos, a pesar de que su compañero le pide que se calme y que entre en razón.
De un momento a otro, el iracundo sargento, haciendo caso omiso a los gritos de su subalterno: “¡ya, mi sargento!”, toma a uno de los ciudadanos y estrella su cabeza contra una de las patrullas.
Los videos están disponibles en YouTube y redes sociales
Después de dejar al hombre aturdido, va en búsqueda de los otros dos ciudadanos, pero en ese momento uno de los civiles lo golpea con un casco en la espalda y lo aturde.
Uno de los hombres es capturado, pero cuando intentan subirlo a la patrulla, el sargento le da otro puño. Sus subalternos le piden que se calme, y éste finalmente se retira.
¿Qué dijo la policía?
Como los videos inundaron las redes sociales, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Eliécer Camacho, indicó “Se observa que un miembro de la Policía Nacional que al parecer está cometiendo un abuso policial contra un ciudadano. De manera inmediata se da apertura a una investigación disciplinaria y una penal e igualmente será separado de su cargo mientras se realiza la investigación correspondiente”.
El general también pidió disculpas ante la situación de evidente abuso policial.
Aníbal Fernández de Soto, secretario de Seguridad de Bogotá, aseguró que “cero tolerancia con cualquier caso de abuso policial. La acción de la fuerza pública tiene que estar ajustada a la constitución y la ley y ser siempre respetuosa de los DDHH”.
En la tarde del lunes, Esteban Mosquera, un líder estudiantil y social de Popayán, fue asesinado a tiros en un parque de la capital caucana. El joven de 24 años era reportero del medio alternativo “Contra Portada”, donde informó sobre la realidad en las calles durante el Paro Nacional.
De acuerdo con las últimas versiones, hombres armados que viajaban en motocicletas lo balearon en barrio La Pamba de Popayán.
Mosquera se había convertido en un conocido líder juvenil que abogaba por los derechos de los manifestantes, pues él mismo perdió un ojo al recibir un disparo de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2019, cuando un agente de los Esmad le disparó un proyectil lacrimógeno a la cara durante una marcha estudiantil.
En lo que va corrido del año, 90 jóvenes han sido víctimas de agresión en sus ojos. Muchos los perdieron.
«Contra Portada«, el medio donde trabajaba Mosquera lamentó su asesinato, y posteó “no pudieron acabar con tus ideas, por eso dispararon contra tu vida. Lo que no sabían es que siempre has sido semilla esparcida por el globo, y acá, donde sembraste, seguiremos luchando, comunicando y soñando el mundo para el buen vivir que siempre buscaste”.
Por su lado, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López Castrillón, manifestó en sus redes que “Repudio el homicidio del que acaba de ser víctima Esteban Mosquera, estudiante de Música de la Universidad del Cauca. Como Alcalde de Popayán no toleraré ningún acto que atente contra la vida e integridad de nuestros jóvenes. ¡La violencia es un camino que no debemos seguir transitando!”
Aún se desconocen más detalles sobre el homicidio de Mosquera, pero en lo que va corrido del años, 108 líderes sociales han sido asesinados; a parte de los 34 firmantes de paz de las Farc que también han sido asesinados.
Casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó de visita a Colombia para verificar la situación de derechos que se vive en el país, el gobierno re rehúsa a aceptar sus recomendaciones. Frente al documento de 41 sugerencias, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” porque «ya existe».
En medio del Paro Nacional, la CIDH evidencia la preocupación internacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial. Ante las sugerencias de la Comisión, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.
A la fecha, más de 4.600 casos de violencia policial se han denunciado dentro del Paro Nacional
Dentro del mismo documento de la CIDH, se resalta la violencia de género en el marco de las protestas, por las decenas de abusos sexuales perpetrados por policías contra manifestantes; la violencia étnico-racial, por las víctimas indígenas de la Minga que fueron baleadas por civiles armados y policías en repetidas ocasiones; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, por las casi 100 denuncias interpuestas por los profesionales contra la policía; las irregularidades en los traslados por protección, por los casos de desaparición y asesinato por parte de policías; y en el uso de la asistencia militar, por la militarización de las ciudades más importantes del país.
Las recomendaciones de la CIDH
Entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la CIDH estuvo en Bogotá, Cali y Popayán, para conversar con distintos sectores sobre el descontento social y las violaciones de derechos durante el Paro Nacional de 2021.
La CIDH recibió 2.908 solicitudes para dar testimonio, y al menos 302 alcanzaron a entregaron sus versiones individuales y colectivas, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
Con más de 2.000 detenciones arbitrarias, la comunidad internacional alerta sobre la crisis en Colombia
En las conclusiones que sacó la Comisión se reconoció que algunas de las causas del Paro Nacional son la marcada desigualdad monetaria, la pobreza, la pobreza extrema, y el poco acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo.
“El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguró la CIDH.
Dentro del pliego de sugerencias entregada por la Comisión al gobierno colombianos resaltan:
1. Separar la policía y al Esmad del Ministerio de Defensa
2. Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público
3. Prohibir que policías o militares que estén en la manifestación porten armas de fuego
4. Dejar de censurar las denuncias públicas a través de redes sociales
5. Juzgar a policías que hayan violado derechos fundamentales en la justicia ordinaria
6. Regular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad colombianas
7. Trasladar bajo protección a los manifestantes detenidos
8. Reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales
9. Prevenir y combatir las prácticas de discriminación racial
10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
11. Investigar con plenas garantías a los responsables de delitos cometidos en el Paro Nacional
12. Tolerar las manifestaciones, aunque estas generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana
La sugerencia, que estaba dentro del pliego de peticiones que hizo el Comité del Paro desde 2019, es una reforma de la policía, para que deje de tener un carácter militar y pase a ser garante de los derechos humanos.
El controvertido y criticado ‘decreto militar’ de Duque
Durante abril y mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto que ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar”. Esta buscaría “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de seguridad y convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido fuertemente criticado por la CIDH
El presidente también implementó la figura de “asistencia militar”, contenida en el Código de Policía, que da la potestad a los militares a contribuir a la policía en “una emergencia o calamidad pública”.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que solo se puede disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención.
La CIDH aseguró en el pliego de recomendaciones que la asistencia militar por el presidente Duque no analiza las circunstancias particulares de cada bloqueo. La Comisión reafirma que es un error calificar todos los bloqueos como ilegales en el marco de una protesta.
Hasta la fecha se han registrado 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
“El Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, y el uso de la fuerza siempre será el último recurso, no el primero”.
La CIDH también criticó que el decreto de asistencia militar no establece explícitamente “el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad”.
Cabe resaltar que, el decreto estableció que serán sancionadas las autoridades locales que no implementan la asistencia militar.
Cientos de periodistas que han cubierto las protesta en Colombia aseguran ser víctimas de agresiones por parte de la policía y de personas vestidas de civil. Disparos, apuñalamientos y amenazas son ataques comunes entre los profesionales.
Con más de 240 agresiones denunciadas contra periodistas, Colombia evidencia la crisis por la violencia estatal. Por seguridad, los comunicadores se ven obligados a portar chalecos antibalas, cascos y botiquines de primeros auxilios.
Periodistas y camarógrafos han sido víctimas de la violencia policial
De acuerdo con Fabiana León, de Reporteros Sin Fronteras, 243 agresiones se han presentado durante el Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril.
“Los victimarios son primero la fuerza pública, estamos hablando propiamente de la Policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). En segundo lugar, tenemos en personas particulares que han venido agrediendo a la prensa”.
Dentro de las denuncias, periodistas informan de disparos directos, insultos, confrontamientos, y el uso de armas que no forman parte del equipamiento de la policía antidisturbios contra ellos.
Según muchas víctimas del abuso policial, la respuesta de los uniformados es “No salga”.
En 42 días de Paro, más de 4.000 casos de violencia policial han sido denunciados en Colombia
Sin embargo, dentro del ejercicio periodístico, es un deber acompañar e informar sobre lo que se está viviendo en las calles. Para especialistas, el gobierno colombiano debería garantizar la seguridad de la prensa, sobre todo a aquellos periodistas que se encuentran en Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y otras ciudades, cubriendo las protestas.
Por las 8 investigaciones que se abrieron dentro de la policía, por abuso policial hacia la prensa, Reporteros Sin Fronteras ha conformado un grupo de monitoreo para periodistas, y así reaccionar más ágilmente ante cualquier tipo de agresión.
Miembros del Parlamento Británico criticaron los casos de abuso policial que han sacudido al país. Afirmaron que 13 personas perdieron la vida, a manos de la Policía, en las manifestaciones en el 2020.
El representante Ian Byrne de la Cámara de los Comunes expresó su preocupación frente al acción policial en diferentes protestas. Alegó que, a parte de las 13 personas que perdieron la vida, también hay jóvenes quienes perdieron la vista de uno de sus ojos después de las manifestaciones.
“Manifestantes colombianos han perdido la vista después de ser impactados por proyectiles disparados por la Policía” recalcó el diputado.
Asimismo, Ray Collins de la Cámara de los Lores, y encargado de Asuntos Exteriores del Partido Laborista, alertó por la situación de derechos humanos en el país caribeño.
“¿Qué medidas está tomando el gobierno (británico) para asegurar que sus homólogos colombianos aborden realmente este tema (de asesinatos) con una política pública para desmantelar las organizaciones criminales incluidos los grupos sucesores del paramilitarismo, como estipula el Acuerdo de Paz?”, cuestionó.
Hace solo unos meses, los diputados también cuestionaron el papel del presidente Duque en la implementación del Acuerdo de Paz. Además, criticaron el actual del exfiscal Néstor Humberto Martínez y sobre el presunto ocultamiento de información a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso Santrich.
“Una operación de la Fiscalía General aparentemente diseñada para atrapar a los negociadores de las Farc y socavar el proceso de paz es alarmante. La Fiscalía dirigida por Néstor Humberto Martínez supuestamente proporcionó cinco kilos de cocaína para la operación. Pero esta y otra información no se compartió con las cortes”, señaló Christine Blower, del Partido Laborista.
Funcionarios del gobierno inglés reafirmaron su apoyo al Acuerdo de Paz y que Colombia es un país prioritario en términos de derechos humanos.
