En una nueva investigación de diferentes medios nacionales, El Espectador, Vorágine y Revista Cambio, se dieron a conocer pruebas de las inconsistencias en el caso Putumayo. Según los reporteros que viajaron hasta Puerto Leguízamo, Putumayo, los militares llegaron diciendo «No somos la Fuerza Pública, somos guerrilla«.
El pasado 23 de marzo, 11 personas fueron asesinadas en una vereda de Puerto Leguízamo a manos de militares. En las primeras versiones del Ministerio de Defensa, los abatidos eran disidentes de las Farc, pero varios organizaciones han reclamado que en realidad eran civiles.
Con más de 30 testimonios, los periodistas hallaron que los militares que llegaron a Puerto Leguízamo estaban vestidos con pantalones verdes, buzos y gorras negras. Es decir, ninguno tenía puesto el camuflado obligatorio del ejército.
Qué dicen los testimonios
Según los testimonios, los militares llegaron gritando «No somos la Fuerza Pública, somos guerrilla», por lo que la comunidad pensó que se trataba de una toma guerrillera.
El operativo duró cerca de 1 hora y media, y hay un video en el que la población les reclama a los militares por ponerles fusiles a los cuerpos de los muertos. También hay fotos de los cuerpos sin armas, mismos cuerpos que fueron presentados por el Ministerio de Defensa con armas.
Aún no hay un pronunciamiento oficial del Ejército.
La Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) pidió al gobierno que se retracte de las declaraciones que hizo sobre un combate en Puerto Leguízamo, Putumayo. El ministro de Defensa aseguró que nueve disidentes de las Farc murieron en el hecho, pero según la organización eran campesinos.
En la versión de la OPIAC, la muerte de nueve presuntos disidentes de las Farc, en una operación del ministerio, se trató de ejecuciones extrajudiciales. “Eran civiles, no guerrilleros”, aseguró uno de los voceros de la organización.
Lo que más le preocupa a la OPIAC es que se desconoce el paradero de los cuerpos, pues fue el Ejército quien hizo el levantamiento de los cuerpos, no la Fiscalía.
La versión de la organización indígena
De acuerdo con la OPIAC, que se basó en los relatos de la comunidad, no hubo ningún tipo de enfrentamiento armado sino un ataque del ejército. “El Ejército llegó a la vereda donde se encontraban unos habitantes de la zona, realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos”, señaló un testigo.
El bazar buscaba recolectar fondos para la comunidad, en donde se recaudó once millones de pesos. El dinero sigue desaparecido.
Estos ataques de la fuerza pública no son hechos aislados, y en la región ya se han presentado homicidios similares.
La versión del Ejército
El comandante División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, Juan Carlos Correa Consuegra, manifestó que se quería capturar a líderes de la «Segunda Marquetalia«.
En las versiones de los soldados, supuestamente hubo enfrentamientos por varias horas. “Aquí no hubo una masacre. Aquí se desarrolló una operación militar legítima contra las disidencias, con base en los preceptos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario”, aseveró Correa.
Hombres armados asesinaron a tres personas en una zona rural de Puerto Leguízamo, Putumayo, el viernes 5 de noviembre. De acuerdo con Indepaz, esta es la tercera masacre del año en el departamento, y la número 85 que se registra en lo que va del año.
De acuerdo con varias ONGs de derechos humanos en el territorio, hombres armados llegaron hasta la comunidad de La Esmeralda, en la inspección de Yurilla. Allí sacaron a dos campesinos de sus viviendas y los asesinaron.
Minutos después, los hombres bajaron de un embarcación a un joven de aproximadamente 18 años, y lo mataron.
Aún se conocen las identidades de las tres personas.
Esta es la segunda masacre que ocurre en Putumayo en el mes de noviembre. La Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Piamonte y Sucumbíos denunció que el 3 de noviembre en Orito, fueron asesinados dos menores de edad y un hombre.
“Evidenciamos dos masacres en menos de una semana, como consecuencia de la arrogancia y desacato del Gobierno Nacional y Gobierno departamental para con la implementación del Acuerdo de Paz, convirtiéndose en los principales culpables por la no atención y acción que merece el territorio como mecanismos de prevención, protección y garantía de no repetición”, aseveró la red.
En el departamento de Putumayo operan varios grupos armados, como el Frente Carolina Ramírez de las disidencias de las Farc y el Bloque Suroriental y los Comandos Bolivarianos de la frontera de la segunda Marquetalia. Ambos grupos se disputan el poder del territorio.
El juez condenó a seis militares a 16 años de prisión por ser coautores de la violación de una niña de 12 años del pueblo indígena embera chami en Risaralda, Colombia. Otro más fue condenado a 8 años por ser cómplice de la violación.
En junio del año pasado, la niña fue secuestrada y violada en el caserío de Santa Cecilia por siete uniformados del Batallón San Mateo.
La Fiscalía adelantó más de 160 acciones investigativas que evidenciaron la participación de los militares
Los soldados condenados son Juan Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia, José Luis Holguín, Óscar Eduardo Gil, Deyson Andrés Isaza y Luis Fernando Mangareth. Este último fue condenado como cómplice, y todos estaban adscritos al Batallón de Alta Montaña en Génova.
«Tras la aceptación de cargos por parte de 7 soldados regulares del Ejército Nacional por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 12 años agravado, el juez 1 promiscuo del circuito de Apía (Risaralda) condenó a seis de ellos, en calidad de coautores, a una pena de 16 años de prisión, y a uno más como cómplice, a 8 años de cárcel».
Un caso que no es aislado
En medio del escándalo de la niña embera, el país conoció otros hechos parecidos. Dos soldados, presuntamente , secuestraron y violaron a una niña de 15 años de la tribu nómada nukak makú en septiembre del 2021.
Según la denuncia de la menor nukak, ésta fue hallada 4 días después de que militares la encerraron en el batallón y la violaron por varios días
La Armada colombiana también aseguró que desde julio del año pasado, un grupo de infantes de Marina está investigado por la Fiscalía por un posible caso de abuso sexual contra una mujer en el departamento de Putumayo.
Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.
Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.
Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.
Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.
El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.
El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.
El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.
“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.
Por su lado, el senador del Polo Democrático, IvánCepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.
De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.
“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.
