Cerca de 30 naciones han decidido cerrar sus fronteras a otros países para frenar la nueva variante africana Omicron. Se han instaurado diferentes controles fronterizos y cierres totales para viajeros de Israel, Marruecos y Japón.
China, Israel, Japón y Marruecos cerraron completamente sus fronteras. En China, solo a los ciudadanos y a los titulares de permisos de residencia se les permite la entrada al país. En Israel se prohibió la entrada de extranjeros al país durante 14 días. En Japón se cerraron fronteras a los no ciudadanos durante un mes. En Marruecos se suspendieron todos los vuelos entrantes durante dos semanas.
Otra decena de países ha impuesto cierres fronterizos con varios países del sur de África hasta comienzos o mediados de enero. Angola, Australia, Brasil, Camboya, Canadá, Egipto, Fiji, Francia, Alemania, Indonesia, Italia, Kuwait, Maldivas, Malta, Países Bajos, Nueva Zelanda, Omán, Pakistán, Filipinas, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Singapur, Sri Lanka, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes, Reino Unido, y Estados Unidos restringieron la entrada a los extranjeros que lleguen de Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Zimbabwe, Malawi, Mozambique, y Suazilandia.
En 1960 comenzó uno de los conflictos más sangrientos de Centroamérica, la guerra civil guatemalteca. Con 36 años de lucha armada, la guerra costó más 200.000 muertos, casi 45.000 desaparecieron y 100.000 desplazados. Familiares de las y los desaparecidos se reúnen para conmemorar a sus seres queridos y buscan verdad, justicia y no repetición.
La guerra, que se desarrolló en el marco de la Guerra Fría, afectó especialmente a las comunidades indígenas rurales.
Una comisión de la verdad, respaldada por la ONU, encontró que los indígenas mayas representaron el 83% de las víctimas, y que el ejército guatemalteco fue responsable del 93% de todas las violaciones de derechos humanos.
La comisión concluyó que se habían producido actos de genocidio.
Uno de esos desaparecidos es Sebastián Tubin Poyón, padre de familia que se desvaneció cuando estaba entrando a su pueblo, San Juan Comalapa, al noroccidente de Ciudad de Guatemala.
Sebastián era un líder social de la comunidad indígena Maya Kaqchikel, ubicada a unos 76 kilómetros (47 millas) de la capital guatemalteca. Sebastián trabajaba para mejorar el acceso a los servicios, incluida el agua potable.
En 1981, la familia Tupin fue obligada a huir de San Juan Comalapa luego de enterarse de las amenazas en contra de Sebastián.
Sin embargo, en su “nuevo hogar” la familia vivían en pobreza extrema, por lo que el 13 de septiembre de 1981, Sebastián regresó a San Juan Comalapa para recoger dinero con el que mantendría a su familia.
Ese día fue detenido y golpeado por militares que estaban en la carretera principal de la ciudad. Luego fue llevado atado al campamento militar a la entrada del pueblo. Nunca más se le volvió a ver.
Victoria Tubin, hija de Sebastián, se rehúsa a abandonar la búsqueda de su padre, a pesar de que su desaparición fue hace 40 años.
«¿Dónde está?”, “Todavía siento su ausencia”, “Me hubiera gustado volver a verlo, escuchar su voz y conocer sus canas”, asegura Victoria durante una conmemoración a el antiguo campamento militar donde su padre fue visto por última vez.
¿Dónde están los desaparecidos?
En el antiguo campamento militar a la entrada de San Juan Comalapa se descubrieron decenas de tumbas sin identificar. Fueron los familiares de las víctimas quienes se acercaron a la fiscalía de Guatemala, lo que abrió el espacio para que investigadores independientes descubrieran, entre 2003 y 2005, los restos de 220 personas en 53 cementerios.
De acuerdo con director ejecutivo de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), expertos han encontrado más de 8.000 restos en fosas clandestinas en antiguos campamentos militares, cementerios municipales y a lo largo de las carreteras de Guatemala.
Sin embargo, menos de 4.000 de estos restos se han identificado.
La identificación es un proceso largo y costoso porque se ve obstaculizado por la resistencia de los militares para brindar información, y por la falta de voluntadpolítica para establecer una comisión para encontrar a las víctimas del período más sangriento de la guerra, entre 1979 y 1984.
Pero la dedicación de familias para encontrar a sus seres queridos y el trabajo de la FAFG han permitido crear un archivo de perfiles de ADN. La base de datos contiene información de los familiares de los desaparecidos, con los que se coteja el ADN de los restos.
Ademas, tienen una campaña activa para que las personas proporcionen su ADN para que pueda ser emparejado con los restos encontrados.
No solo en Guatemala
En países como Colombia, México, Irak, Siria, Sri Lanka y en los Balcanes se están realizando esfuerzos para localizar a las personas desaparecidas durante la guerra. En los últimos 30 años, defensores de derechos humanos han presionado para que los estados ayuden a buscar e identificar a los desaparecidos. Este, según ellos es un paso clave en el camino hacia la verdad y la reparación de las víctimas.
«Aceptar eso y garantizar que los estados asuman la responsabilidad de encontrar a todas las personas desaparecidas, independientemente de la categoría en la que estén desaparecidas, es fundamental», aseguró Kathryne Bomberger, directora general de la Comisión Internacional de Personas Desaparecidas (ICMP) a Al Jazeera en una entrevista.
«Es realmente difícil y es difícil porque a menudo los estados o los actores políticos que actúan en su nombre son responsables de estas desapariciones«, dijo.
Sin embargo, y cabe resaltar que la cooperación regional en los Balcanes (Bosnia y Herzegovina, Serbia, Croacia, Albania, Bulgaria y Montenegro) condujo al descubrimiento de 3.000 fosas clandestinas en la región, así como a la identificación de más del 70 por ciento de los 40.000 desaparecidos durante los conflictos en la región entre 1991 y 1995.