En la mañana del martes 4 de enero, una tractomula embistió a 17 vehículos en el túnel Los Venados de La Línea (carretera entre Quindío-Tolima). Las autoridades aseguran que una falla en el sistema de frenos de la tractomula fue la causa del accidente que dejó ocho muertos y 33 heridos.
Los fallecidos se movilizaban en dos vehículos particulares que terminaron completamente destruidos. En el primer carro viajaban cinco familiares: Mary Vargas, Cristian Orozco, Luisa Fernanda Monsalve, Cristopher Orozco (de seis años), y Adrián Orozco (de 10 meses). La familia se dirigía de Pereira a Ibagué.
En el segundo auto estaban viajaban Sebastián Vargas Esteban, Alejandra Soler, Carlos Darío Vargas, quienes fallecieron en el accidente, y Martha Esteban, quien está en el hospital.
El director de Tránsito y Transporte de la Policía, mayor general Juan Libreros, aseguró que tras la verificación de la tractomula, la falla en los frenos produjo el accidente. El conductor del vehículo tenía los papeles al día y pasó las pruebas de alcoholemia. Actualmente se encuentra en un centro asistencial por fracturas en sus piernas.
La tractomula cargaba llantas, lubricantes, aceite y agua para frenos, y salió de Yumbo, Valle del Cauca, con destino a Barranquilla.
Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.
Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.
Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.
Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.
El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.
El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.
El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.
“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.
Por su lado, el senador del Polo Democrático, IvánCepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.
De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.
“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.
