Sebastián Piñera, presidente de Chile, dio declaraciones ante la Fiscalía por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019. El órgano persecutor busca esclarecer si se configuró un «ataque generalizado o sistemático contra una población civil» que «responda a una política de Estado o sus agentes».
Los estadillos de las protestas en Chile llevaron al país a la crisis social más grave en 3 décadas. Con 34 muertos, casi 3.500 hospitalizados, y más de 8.800 arrestados, el estallido social en el país se extendió hasta el 18 de marzo de 2020.
De acuerdo con el Gobierno, Piñera «concurrió ante la fiscal regional, Claudia Perivancich, para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019″.
Investigación dentro del Estado
En el mismo caso, ya se ha tomado declaración a otros exmiembros del Gobierno que figuran en las denuncias criminales presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos a la Fiscalía.
Por ejemplo, Andrés Chadwick -primo del primer mandatario-, exministro del Interior; Gonzalo Blumel, exministro de Seguridad Pública; o el gobernador de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
A la fecha, se han abierto más de 4.600 causas contra agentes de la policía chilena y militares. Desde el comienzo de las manifestaciones, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaban los excesos y abusos policiales en Chile.
