La organización acusó a las fuerzas de seguridad venezolanas de ejecutar extrajudicialmente a al menos cuatro civiles. Además, afirma que hay detenciones arbitrarias, torturas y otros «abusos aberrantes» contra la población del estado de Apure, fronterizo con Colombia.
En su informe, Human Rights Watch (HRW) declaró que el operativo de las fuerzas de seguridad venezolanas «derivó en la ejecución de al menos cuatro campesinos, detenciones arbitrarias, el procesamiento de civiles ante tribunales militares y torturas contra residentes acusados de colaborar con grupos armados».
HRW pidió investigar los casos en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos para Venezuela.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, declaró en el informe que “Las atrocidades cometidas contra residentes de Apure no son incidentes aislados por agentes insubordinados, sino que son consistentes con los abusos sistemáticos de las fuerzas de seguridad de Maduro”.
El organismo también asegura que la ofensiva lanzada en marzo por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro contra grupos irregulares derivó en los crímenes cometidos.
El 21 de marzo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) inició combates en Apure contra grupos irregulares. Las autoridades nunca identificaron estos grupos, pero la ONG Fundaredes los calificó como “presuntos disidentes de la disuelta guerrilla colombiana de las Farc”.
En el informe presentado de HRW, se evidencia que muchos de los detenidos «no eran miembros de grupos armados«, sino de la población local. Asegura que después de haber entrevistado a 38 personas que habían huido de Apure, 30 abogados, peritos forenses, líderes comunitarios, periodistas, autoridades colombianas y representantes de grupos humanitarios llegaron a la conclusión de que las víctimas de las fuerzas de seguridad eran civiles.
Los desplazados entrevistados identificaron como responsables de los abusos a la FANB, a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y al Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS).
