Desde el pasado 27 de marzo, casi 6.000 personas han sido arrestadas por el gobierno salvadoreño en el marco de la nueva «guerra contra las pandillas» del presidente Nayib Bukele. El país hoy está en «estado de emergencia» por decreto presidencial.
Los miles de detenidos son acusados de pertenecer a distintas pandillas como los «Maras», aunque las autoridades no presentan pruebas de ello. “Toman a los justos por pecadores. Es bueno que la policía haga su trabajo, pero es injusto que también se lleven a los trabajadores y, peor aún, que los traten como animales”, afirmó una mujer, quien tiene a su esposo, hermano y sobrino detenidos, a The Guardian.
Recordemos que el 26 de marzo, en lo que el gobierno define como la «ruta para combatir a las pandillas» 62 personas fueron asesinadas. El gobierno asegura que todos los arrestados pertenecen a pandillas, pero los familiares de los detenidos manifiestan que sus seres queridos son inocentes.
¿Qué está pasando en El Salvador?
Bukele, un presidente controversial y señalado por organizaciones de derechos humanos, ha dejado claro que buscará erradicar a quienes lo cuestionen. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Open Society de George Soros han sido asociadas con las pandillas por el mandatario.
El nuevo mandato presidencial permite que autoridades registren los teléfonos de civiles, y podría hasta a un mes. Human Rights Watch aseguró que en el país «ya no hay instituciones independientes» democráticas que le hagan frente a Bukele.
Casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó de visita a Colombia para verificar la situación de derechos que se vive en el país, el gobierno re rehúsa a aceptar sus recomendaciones. Frente al documento de 41 sugerencias, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” porque «ya existe».
En medio del Paro Nacional, la CIDH evidencia la preocupación internacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial. Ante las sugerencias de la Comisión, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.
A la fecha, más de 4.600 casos de violencia policial se han denunciado dentro del Paro Nacional
Dentro del mismo documento de la CIDH, se resalta la violencia de género en el marco de las protestas, por las decenas de abusos sexuales perpetrados por policías contra manifestantes; la violencia étnico-racial, por las víctimas indígenas de la Minga que fueron baleadas por civiles armados y policías en repetidas ocasiones; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, por las casi 100 denuncias interpuestas por los profesionales contra la policía; las irregularidades en los traslados por protección, por los casos de desaparición y asesinato por parte de policías; y en el uso de la asistencia militar, por la militarización de las ciudades más importantes del país.
Las recomendaciones de la CIDH
Entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la CIDH estuvo en Bogotá, Cali y Popayán, para conversar con distintos sectores sobre el descontento social y las violaciones de derechos durante el Paro Nacional de 2021.
La CIDH recibió 2.908 solicitudes para dar testimonio, y al menos 302 alcanzaron a entregaron sus versiones individuales y colectivas, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
Con más de 2.000 detenciones arbitrarias, la comunidad internacional alerta sobre la crisis en Colombia
En las conclusiones que sacó la Comisión se reconoció que algunas de las causas del Paro Nacional son la marcada desigualdad monetaria, la pobreza, la pobreza extrema, y el poco acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo.
“El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguró la CIDH.
Dentro del pliego de sugerencias entregada por la Comisión al gobierno colombianos resaltan:
1. Separar la policía y al Esmad del Ministerio de Defensa
2. Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público
3. Prohibir que policías o militares que estén en la manifestación porten armas de fuego
4. Dejar de censurar las denuncias públicas a través de redes sociales
5. Juzgar a policías que hayan violado derechos fundamentales en la justicia ordinaria
6. Regular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad colombianas
7. Trasladar bajo protección a los manifestantes detenidos
8. Reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales
9. Prevenir y combatir las prácticas de discriminación racial
10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
11. Investigar con plenas garantías a los responsables de delitos cometidos en el Paro Nacional
12. Tolerar las manifestaciones, aunque estas generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana
La sugerencia, que estaba dentro del pliego de peticiones que hizo el Comité del Paro desde 2019, es una reforma de la policía, para que deje de tener un carácter militar y pase a ser garante de los derechos humanos.
El controvertido y criticado ‘decreto militar’ de Duque
Durante abril y mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto que ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar”. Esta buscaría “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de seguridad y convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido fuertemente criticado por la CIDH
El presidente también implementó la figura de “asistencia militar”, contenida en el Código de Policía, que da la potestad a los militares a contribuir a la policía en “una emergencia o calamidad pública”.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que solo se puede disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención.
La CIDH aseguró en el pliego de recomendaciones que la asistencia militar por el presidente Duque no analiza las circunstancias particulares de cada bloqueo. La Comisión reafirma que es un error calificar todos los bloqueos como ilegales en el marco de una protesta.
Hasta la fecha se han registrado 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
“El Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, y el uso de la fuerza siempre será el último recurso, no el primero”.
La CIDH también criticó que el decreto de asistencia militar no establece explícitamente “el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad”.
Cabe resaltar que, el decreto estableció que serán sancionadas las autoridades locales que no implementan la asistencia militar.
