La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al gobierno peruano que se abstuviera de liberar al expresidente Alberto Fujimori, quien ya tiene 83 años. Los argumento de la corte se basan en que se debe garantizar el derecho a la justicia de las víctimas.
A pesar de que el tribunal no se referirá al asunto públicamente, sí buscan garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos.
Aún se desconoce si se liberará al expresidente peruano que lideró al país entre 1990 y 2000. En 2017, un Tribunal Constitucional falló a favor de Fujimori dándole indulto humanitario.
Los crímenes de Fujimori
Alberto Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por las masacres de La Cantuta y Barrios Altos, donde fueron asesinadas 25 personas. También se le condenó por el secuestro de un periodista y un empresario en 1992.
El primer fallo en contra del expresidente lo dio la CIDH, que en 2001 ordenó al Estado peruano castigar a los responsables de las masacres.
El lunes 24, la la vicepresidenta, y ahora canciller, de Colombia se reunió con la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir la situación de derechos humanos que se vive en el país con el Paro Nacional. La respuesta de Marta Lucía Ramírez ante la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue «en este momento hay que esperar».
Ramírez aseguró que las visitas para verificar la situación de violación de derechos humanos durante el paro nacional se darán cuando los órganos de control del país terminen investigar cada uno de los casos. Sin embargo, expertos alertan que en el país las investigaciones duran meses o años, antes que las archiven.
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia
De acuerdo con la vicepresidenta, los organismos de control nacionales, como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo son las encargadas para estas investigaciones. En caso que no cumplan con su deber, las delegaciones de derechos humanos podrán entrar al país.
“Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un solo caso de violación de derechos”.
El anuncio se dio en una reunión entre Ramírez y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Allí, Ramírez aseguró que el gobierno colombiano y su presidente, Iván Duque, son garantes de la protesta pacífica y rechazan el abuso policial.
¿Pero qué está pasando en Colombia?
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido señalado de más de 12 asesinatos a civiles durante las manifestaciones.
La solicitud de la CIDH, para verificar la situación de derechos humanos, fue realizada el 14 de mayo. Múltiples denuncias de asesinato, tortura, violación y desaparición forzada han sido puestas ante la Corte.
“La CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales (…). Ha recibido miles de solicitudes para llevar a cabo una visita de observación, con el fin de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Colombia por parte de distintos representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos, juristas, representantes políticos, entre otros”, anunció la CIDH el 14 de mayo.
Temblores ONG afirma que han habido 43 homicidios, 2.905 casos de violencia policial, 39 víctimas de agresión en sus ojos, 21 víctimas de violencia sexual y 379 desaparecidos por parte de la Policía.
