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Exministro encargado de la controversial Reforma Tributaria colombiana es elegido director del Banco de la República

A muchos dejó frío el último nombramiento del presidente Iván Duque. El criticado exministro de Hacienda, quien radicó dos de las tres reformas tributarias que desencadenaron en el Paro Nacional, y quien tiene una larga lista de reclamos, entrará al Banco de la República.

“Alberto Carrasquilla, autor de la reforma tributaria que desató la mayor masacre de jóvenes en nuestra historia reciente, fue nombrado codirector del Banco de la República. Ni se sonrojan y nosotros ni nos reímos”, escribió en su cuenta de Twitter, Gustavo Bolívar, senador de la oposición.

Sin embargo, el descontento no es solo por su gestión como ministro, sino también por el escándalo sobre los «bonos de agua«.

La vida política de Carrasquilla

Carrasquilla tuvo que renunciar a su puesto como ministro en 2020 por la presión internacional que generó el Paro Nacional

Alberto Carrasquilla comenzó su carrera política mucho antes de ser nombrado ministro de Hacienda en el primer y segundo mandato de Uribe (2003-2007 y 2018-2021). El economista uniandino también fue asesor económico en la Contraloría General, investigador asociado de Fedesarrollo, economista principal del Banco Interamericano de Desarrollo, y gerente técnico en el Banco de la República.

Pero, es durante su ausencia del ministerio, entre 2007-2018, Carrasquilla ha tenido que responder ante los focos mediáticos. Todo por un mismo motivo: los bonos de agua.

En 2007, Carrasquilla utilizó la empresa Konfigura para usar a su favor un recurso financiero que aprobó mientras era ministro. Los «bonos de agua» eran un recurso constitucional​ para los municipios, propuesto e impulsado por Carrasquilla, que buscaba bonos de ingresos para ser destinados a obras de infraestructura básica, como acueductos y redes de alcantarillado.

El primer nombramiento de Carrasquilla en un escándalo fue en los Panama Papers

En 2018, el periodista Daniel Coronell, publicó una investigación que demostraba que esos bonos empobrecieron a más de 100 municipios en el país, mientras Carrasquilla se enriquecía.

La empresa Konfigura conseguía recursos a una tasa de interés del 8%, pero les cobraban a los municipios una tasa del 11%. Es decir, ese 3% de intereses de más terminó en los bolsillos de Carrasquilla y de sus socios.

La investigación también tiene como sustento los famosos «Panama Papers».

En la actualidad, los municipios que adquirieron los bonos llevan endeudados más de 15 años, y lo que es aún peor, suman 1’223.450 habitantes sin conexión domiciliaria al servicio de acueducto y 1’903.226 ciudadanos sin acceso al servicio de alcantarillado sanitario.

El nombramiento de Carrasquilla: ¿Una burla al país?

Carrasquilla nunca ha hablado públicamente de los bonos

El senador Jorge Robledo, aseguró que «Con los bonos Carrasquilla, promovió la corrupción y el despilfarro en 117 municipios pobres de Colombia. Diseñó la reforma tributaria que causó una enorme protesta ciudadana. Y Duque lo nombró primero en Minhacienda y ahora en el Banco. Cínicos”.

Por su lado, el senador Iván Cepeda aseveró que «En lugar de haber sido investigado y de asumir la responsabilidad por su catastrófica gestión, Carrasquilla es promovido: Alberto Carrasquilla es el nuevo codirector del Banco de la República».

Carrasquilla entrará a reemplazar a Carolina Soto, quien renunció la semana pasada como codirectora, tras el anuncio de su esposo, Alejandro Gaviria, como candidato a la Presidencia 2022.

Otro líder estudiantil asesinado en Colombia

En la tarde del lunes, Esteban Mosquera, un líder estudiantil y social de Popayán, fue asesinado a tiros en un parque de la capital caucana. El joven de 24 años era reportero del medio alternativo “Contra Portada”, donde informó sobre la realidad en las calles durante el Paro Nacional.

De acuerdo con las últimas versiones, hombres armados que viajaban en motocicletas lo balearon en barrio La Pamba de Popayán.

Mosquera se había convertido en un conocido líder juvenil que abogaba por los derechos de los manifestantes, pues él mismo perdió un ojo al recibir un disparo de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2019, cuando un agente de los Esmad le disparó un proyectil lacrimógeno a la cara durante una marcha estudiantil.

En lo que va corrido del año, 90 jóvenes han sido víctimas de agresión en sus ojos. Muchos los perdieron.

«Contra Portada«, el medio donde trabajaba Mosquera lamentó su asesinato, y posteó “no pudieron acabar con tus ideas, por eso dispararon contra tu vida. Lo que no sabían es que siempre has sido semilla esparcida por el globo, y acá, donde sembraste, seguiremos luchando, comunicando y soñando el mundo para el buen vivir que siempre buscaste”.

Por su lado, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López Castrillón, manifestó en sus redes que “Repudio el homicidio del que acaba de ser víctima Esteban Mosquera, estudiante de Música de la Universidad del Cauca. Como Alcalde de Popayán no toleraré ningún acto que atente contra la vida e integridad de nuestros jóvenes. ¡La violencia es un camino que no debemos seguir transitando!”

Aún se desconocen más detalles sobre el homicidio de Mosquera, pero en lo que va corrido del años, 108 líderes sociales han sido asesinados; a parte de los 34 firmantes de paz de las Farc que también han sido asesinados.

Suspender ayudas a policía de Colombia por abuso de fuerza: propuesta del Parlamento Británico

Parlamentarios del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del Reino Unido y Noruega demostraron su preocupación frente al accionar del gobierno Duque por la violencia que se vive en el país. Los representantes aseguran que la desatada violencia contra ex-farc, y la violencia contra civiles durante el Paro Nacional, son alarmantes.

Ian Lavery, congresista laborista inglés, le pidió al Parlamento Británico inspeccionar el entrenamiento de la policía colombiana, e incluso suspenderlo si se encuentra que algún agente abusó de la fuerza durante el Paro Nacional.

«Debemos revisar nuestro programa de formación con la policía colombiana y suspenderlos si hay unidades involucradas en reprimir la protesta social«, aseguró otro parlamentario laborista.

El Consejo de Seguridad de la ONU alarmó sobre la violencia en Colombia

Por su lado, frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el gobierno de Noruega le exigió al gobierno colombiano que haya más voluntad política para la implementación de los Acuerdo de Paz.

“Nos preocupa saber que se ha asesinado a 15 ex combatientes. También que ha habido un aumento en el reclutamiento de menores por grupos armados”, aseguró la representante de Noruega ante la ONU.

Cabe resaltar que, Noruega es uno de los países garantes del proceso de paz de Colombia.

Ante la crítica, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que «No es cierto que la existencia de estas violencias recientes que ha sufrido nuestro país obedezcan al incumplimiento en la implementación del acuerdo».

Marta Lucía Ramírez negó la violencia y aseguró que el gobierno ha hecho esfuerzos por detenerla

Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron, en un comunicado después de la reunión con Ramírez, su preocupación por la violencia y asesinato sistemático contra líderes sociales y ex miembros de las FARC.

La CIDH da recomendaciones a Colombia para respetar los DD. HH. y Duque asegura que “Nadie puede recomendarle a un país tolerar la criminalidad”

Casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó de visita a Colombia para verificar la situación de derechos que se vive en el país, el gobierno re rehúsa a aceptar sus recomendaciones. Frente al documento de 41 sugerencias, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” porque «ya existe».

En medio del Paro Nacional, la CIDH evidencia la preocupación internacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial. Ante las sugerencias de la Comisión, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.

A la fecha, más de 4.600 casos de violencia policial se han denunciado dentro del Paro Nacional

Dentro del mismo documento de la CIDH, se resalta la violencia de género en el marco de las protestas, por las decenas de abusos sexuales perpetrados por policías contra manifestantes; la violencia étnico-racial, por las víctimas indígenas de la Minga que fueron baleadas por civiles armados y policías en repetidas ocasiones; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, por las casi 100 denuncias interpuestas por los profesionales contra la policía; las irregularidades en los traslados por protección, por los casos de desaparición y asesinato por parte de policías; y en el uso de la asistencia militar, por la militarización de las ciudades más importantes del país.

Las recomendaciones de la CIDH

Entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la CIDH estuvo en Bogotá, Cali y Popayán, para conversar con distintos sectores sobre el descontento social y las violaciones de derechos durante el Paro Nacional de 2021.

La CIDH recibió 2.908 solicitudes para dar testimonio, y al menos 302 alcanzaron a entregaron sus versiones individuales y colectivas, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.

Con más de 2.000 detenciones arbitrarias, la comunidad internacional alerta sobre la crisis en Colombia

En las conclusiones que sacó la Comisión se reconoció que algunas de las causas del Paro Nacional son la marcada desigualdad monetaria, la pobreza, la pobreza extrema, y el poco acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo.

“El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguró la CIDH.

Dentro del pliego de sugerencias entregada por la Comisión al gobierno colombianos resaltan:

  1. 1. Separar la policía y al Esmad del Ministerio de Defensa
  2. 2. Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público
  3. 3. Prohibir que policías o militares que estén en la manifestación porten armas de fuego
  4. 4. Dejar de censurar las denuncias públicas a través de redes sociales
  5. 5. Juzgar a policías que hayan violado derechos fundamentales en la justicia ordinaria
  6. 6. Regular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad colombianas
  7. 7. Trasladar bajo protección a los manifestantes detenidos
  8. 8. Reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales
  9. 9. Prevenir y combatir las prácticas de discriminación racial
  10. 10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
  11. 11. Investigar con plenas garantías a los responsables de delitos cometidos en el Paro Nacional
  12. 12. Tolerar las manifestaciones, aunque estas generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana

La sugerencia, que estaba dentro del pliego de peticiones que hizo el Comité del Paro desde 2019, es una reforma de la policía, para que deje de tener un carácter militar y pase a ser garante de los derechos humanos.

El controvertido y criticado ‘decreto militar’ de Duque

Durante abril y mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto que ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar”. Esta buscaría “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de seguridad y convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido fuertemente criticado por la CIDH

El presidente también implementó la figura de “asistencia militar”, contenida en el Código de Policía, que da la potestad a los militares a contribuir a la policía en “una emergencia o calamidad pública”.

Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que solo se puede disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención.

La CIDH aseguró en el pliego de recomendaciones que la asistencia militar por el presidente Duque no analiza las circunstancias particulares de cada bloqueo. La Comisión reafirma que es un error calificar todos los bloqueos como ilegales en el marco de una protesta.

Hasta la fecha se han registrado 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública

“El Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, y el uso de la fuerza siempre será el último recurso, no el primero”.

La CIDH también criticó que el decreto de asistencia militar no establece explícitamente “el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad”.

Cabe resaltar que, el decreto estableció que serán sancionadas las autoridades locales que no implementan la asistencia militar.

Periodistas en Colombia, las otras víctimas en el Paro Nacional

Cientos de periodistas que han cubierto las protesta en Colombia aseguran ser víctimas de agresiones por parte de la policía y de personas vestidas de civil. Disparos, apuñalamientos y amenazas son ataques comunes entre los profesionales.

Con más de 240 agresiones denunciadas contra periodistas, Colombia evidencia la crisis por la violencia estatal. Por seguridad, los comunicadores se ven obligados a portar chalecos antibalas, cascos y botiquines de primeros auxilios.

Periodistas y camarógrafos han sido víctimas de la violencia policial

De acuerdo con Fabiana León, de Reporteros Sin Fronteras, 243 agresiones se han presentado durante el Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril.

“Los victimarios son primero la fuerza pública, estamos hablando propiamente de la Policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). En segundo lugar, tenemos en personas particulares que han venido agrediendo a la prensa”.

Dentro de las denuncias, periodistas informan de disparos directos, insultos, confrontamientos, y el uso de armas que no forman parte del equipamiento de la policía antidisturbios contra ellos.

Según muchas víctimas del abuso policial, la respuesta de los uniformados es “No salga”.

En 42 días de Paro, más de 4.000 casos de violencia policial han sido denunciados en Colombia

Sin embargo, dentro del ejercicio periodístico, es un deber acompañar e informar sobre lo que se está viviendo en las calles. Para especialistas, el gobierno colombiano debería garantizar la seguridad de la prensa, sobre todo a aquellos periodistas que se encuentran en Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y otras ciudades, cubriendo las protestas.

Por las 8 investigaciones que se abrieron dentro de la policía, por abuso policial hacia la prensa, Reporteros Sin Fronteras ha conformado un grupo de monitoreo para periodistas, y así reaccionar más ágilmente ante cualquier tipo de agresión.

 

 

La militarización de Cali y otras ciudades en Colombia

Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.

Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.

Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.

Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.

El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.

El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.

El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.

“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.

Por su lado, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.

De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.

“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.

Jóvenes en Cali, Colombia transformaron estaciones de policía en bibliotecas

Los 3 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía de Cali fueron vandalizados durante las manifestaciones del Paro Nacional. Jóvenes de la comunidad transformaron los espacios en bibliotecas populares y espacios de encuentro cultural.

Académicos consideran un mensaje claro para la ciudadanía: más educación y menos represión policial.

CAI incendiado en Cali ahora es biblioteca.

La Biblioteca de la Resistencia fue vandalizada el día que comenzó el Paro Nacional, el pasado 28 de abril . La comunidad y jóvenes de la Primera Línea (jóvenes que protegen a ciudadanos de los abusos de la policía con escudos) la transformaron el CAI en una Biblioteca Popular, en honor a las víctimas de abusos policiales en Cali.

La Biblioteca de la Dignidad, al norte de la ciudad, ya hay por lo menos doscientos libros. Todos han sido donados por manifestantes, vecinos y niños. Uno de los artistas, quien dirige la Biblioteca, asegura que “Nunca entendimos por qué había un CAI allí si ese lugar antes de estar intervenido por la policía era una caseta comunal”.

En La Loma de la Cruz, ahora nombrada Loma Dignidad, hay un cartel que dice “Hay plata pa’ la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena, hay plata pa’ la guerra y no para estudiar”.

Esta nueva visión de intervención espacial se basa en el lema que le lee en cada biblioteca “Menos CAIs y más bibliotecas”.

La comunidad en Cali está donando los libros en estas nuevas bibliotecas.

Otra biblioteca queda en el barrio Puerto Rellena, ahora Puerto Resistencia, llamada Biblioteca de la Resistencia. Uno de sus fundadores asegura que “Ese día [28 de abril] les pedimos que se fueran porque ya había llegado el Esmad a reprimirnos. No nos hicieron caso. Varias personas comenzaron a lanzar piedras hasta que salieron corriendo y después lo incineraron”.

Esta biblioteca se convirtió en uno de los puntos más concurridos para las manifestaciones en el Paro Nacional de las comunas 15 y 16. Precisamente este espacio fue elegido, porque allí murió Marcelo Agredo, de 17 años, después de patear a un policía y que este le disparara. Uno de los líderes de la Biblioteca de la Resistencia explica que “Desde ahí nos convencimos de que lo que necesitábamos era más espacios de educación, más bibliotecas y menos CAI, menos represión”.

Marcelo Agredo
Marcelo Agredo, de 17 años, recibió un disparo de un policía en el paro nacional.

A pesar de que los espacios intervenidos fueron quemados, la mayoría los jóvenes que lideran el proceso afirman que no tienen nada que ver con los hechos de violencia que se vivieron allí.

Senado colombiano niega moción de censura al ministro de Defensa

La plenaria del senado ratificó al ministro de Defensa, Diego Molano, en su cargo y niega moción de censura. Con 67 votos por el NO y 31 por el SÍ, Molano seguirá en su cargo.

Quienes votaron por el NO fueron los senadores de los partidos políticos Centro Democrático, Partido Conservador, la U, Cambio Radical, cristianos y la mayoría de los liberales. Por el votaron senadores alternativos de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Lista de los Decentes, Comunes, Unión Patriótica, Colombia Humana y Mais.

Con la votación, Molano supera su primer traspié dentro del Congreso como ministro. Sin embargo, deberá esperar el resultado de la votación en la Cámara de Representantes.

La moción de censura fue interpuesta el lunes en el Senado. Este procedimiento obedece al numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, el cual puede ser liderado por congresistas cuando el funcionario en cuestión incumpla los requerimientos y citaciones del Congreso de la República o por hechos directamente relacionados con las funciones propias de su cargo.

Los debates se desarrollaron el lunes 24 y martes 25 de mayo. Molano fue citado esos días para responder, entre otras cosas, por las actuaciones de la fuerza pública durante el Paro Nacional.

Colombia dice NO a comisión de derechos humanos

El lunes 24, la la vicepresidenta, y ahora canciller, de Colombia se reunió con la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir la situación de derechos humanos que se vive en el país con el Paro Nacional. La respuesta de Marta Lucía Ramírez ante la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue «en este momento hay que esperar».

Ramírez aseguró que las visitas para verificar la situación de violación de derechos humanos durante el paro nacional se darán cuando los órganos de control del país terminen investigar cada uno de los casos. Sin embargo, expertos alertan que en el país las investigaciones duran meses o años, antes que las archiven.

Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia

De acuerdo con la vicepresidenta, los organismos de control nacionales, como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo son las encargadas para estas investigaciones. En caso que no cumplan con su deber, las delegaciones de derechos humanos podrán entrar al país.

“Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un solo caso de violación de derechos”.

El anuncio se dio en una reunión entre Ramírez y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Allí, Ramírez aseguró que el gobierno colombiano y su presidente, Iván Duque, son garantes de la protesta pacífica y rechazan el abuso policial.

¿Pero qué está pasando en Colombia?

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido señalado de más de 12 asesinatos a civiles durante las manifestaciones.

La solicitud de la CIDH, para verificar la situación de derechos humanos, fue realizada el 14 de mayo. Múltiples denuncias de asesinato, tortura, violación y desaparición forzada han sido puestas ante la Corte.

“La CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales (…). Ha recibido miles de solicitudes para llevar a cabo una visita de observación, con el fin de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Colombia por parte de distintos representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos, juristas, representantes políticos, entre otros”, anunció la CIDH el 14 de mayo.

Temblores ONG afirma que han habido 43 homicidios, 2.905 casos de violencia policial, 39 víctimas de agresión en sus ojos, 21 víctimas de violencia sexual y 379 desaparecidos por parte de la Policía.

Paro Nacional de Colombia: Sin acuerdos, pero con avances

El lunes en la mañana, el Comité del Paro Nacional se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque. Este fue un primer acercamiento tras las movilizaciones que arrancaron hace más de una semana exigiendo el retiro de la Reforma Tributaria.

En esta primera conversación no se logró llegar a ningún acuerdo entre los gremios y el Gobierno, sin embargo, el Gobierno le propuso al Comité una mesa técnica de diálogo, con acompañamiento de la ONU y la Iglesia.

Gremios aseguran que el Gobierno no ha cedido un solo centímetro en las 104 peticiones expuestas.

Francisco Maltés, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que “no hubo empatía con las razones que nos llevaron al paro nacional. Ni con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de manera indiscriminada contra los manifestantes».

Créditos: Claro Colombia

Jennifer Pedraza, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, afirmó que Duque ha desconocido las exigencias del Comité.

De igual manera, durante la reunión se exigió «que se pare la masacre, la violencia oficial y privada, contra quienes realizan el legítimo derecho a la protesta”. Y se hizo un llamado al Gobierno para retomar las conversaciones que se dieron en 2019, tras el Paro Nacional de ese año.

Créditos: semana

Dentro del pliego de peticiones hay un «pliego de emergencia», que contiene los siguientes puntos:

1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación.
2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.
3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina).
4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria.
5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa.
6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica.
7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Logros

A pesar de no llegar a acuerdos, el martes en la noche, el presidente Duque anunció que el Gobierno garantizará educación superior pública gratuita para estratos 1, 2 y 3.

Este es un anuncio sin precedentes, pues en Colombia solo el 39% de los estudiantes pueden ingresar a una universidad. El costo del semestre en las universidades privadas, donde el 50% de los estudiantes ingresan, va desde los USD 1.400-5.00. Esto en un país donde 4 de cada 10 viven en condición de pobreza.

Desafíos

Créditos: france 24

Hay un punto vital durante las conversaciones que vengan en los próximos días: la reforma a las fuerzas de seguridad: Policía y Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad).

Desde que comenzó el paro, distintas ONGs han denunciado el abuso y violencia indiscriminada por parte de la Policía. 40 asesinados, 1.956 casos de violencia policial, 313 víctimas de violencia física, 1.003 detenciones arbitrarias, 418 intervenciones violentas, 28 víctimas de agresión en los ojos por proyectiles, 129 casos de disparos contra manifestantes con armas de fuego, 12 víctimas de violencia sexual.

Además de estos, hay más de 170 uniformados que también han sido heridos en las manifestaciones.

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