En la tarde del lunes, Esteban Mosquera, un líder estudiantil y social de Popayán, fue asesinado a tiros en un parque de la capital caucana. El joven de 24 años era reportero del medio alternativo “Contra Portada”, donde informó sobre la realidad en las calles durante el Paro Nacional.
De acuerdo con las últimas versiones, hombres armados que viajaban en motocicletas lo balearon en barrio La Pamba de Popayán.
Mosquera se había convertido en un conocido líder juvenil que abogaba por los derechos de los manifestantes, pues él mismo perdió un ojo al recibir un disparo de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad). Los hechos ocurrieron el 13 de diciembre de 2019, cuando un agente de los Esmad le disparó un proyectil lacrimógeno a la cara durante una marcha estudiantil.
En lo que va corrido del año, 90 jóvenes han sido víctimas de agresión en sus ojos. Muchos los perdieron.
«Contra Portada«, el medio donde trabajaba Mosquera lamentó su asesinato, y posteó “no pudieron acabar con tus ideas, por eso dispararon contra tu vida. Lo que no sabían es que siempre has sido semilla esparcida por el globo, y acá, donde sembraste, seguiremos luchando, comunicando y soñando el mundo para el buen vivir que siempre buscaste”.
Por su lado, el alcalde de la ciudad, Juan Carlos López Castrillón, manifestó en sus redes que “Repudio el homicidio del que acaba de ser víctima Esteban Mosquera, estudiante de Música de la Universidad del Cauca. Como Alcalde de Popayán no toleraré ningún acto que atente contra la vida e integridad de nuestros jóvenes. ¡La violencia es un camino que no debemos seguir transitando!”
Aún se desconocen más detalles sobre el homicidio de Mosquera, pero en lo que va corrido del años, 108 líderes sociales han sido asesinados; a parte de los 34 firmantes de paz de las Farc que también han sido asesinados.
Casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó de visita a Colombia para verificar la situación de derechos que se vive en el país, el gobierno re rehúsa a aceptar sus recomendaciones. Frente al documento de 41 sugerencias, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” porque «ya existe».
En medio del Paro Nacional, la CIDH evidencia la preocupación internacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial. Ante las sugerencias de la Comisión, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.
A la fecha, más de 4.600 casos de violencia policial se han denunciado dentro del Paro Nacional
Dentro del mismo documento de la CIDH, se resalta la violencia de género en el marco de las protestas, por las decenas de abusos sexuales perpetrados por policías contra manifestantes; la violencia étnico-racial, por las víctimas indígenas de la Minga que fueron baleadas por civiles armados y policías en repetidas ocasiones; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, por las casi 100 denuncias interpuestas por los profesionales contra la policía; las irregularidades en los traslados por protección, por los casos de desaparición y asesinato por parte de policías; y en el uso de la asistencia militar, por la militarización de las ciudades más importantes del país.
Las recomendaciones de la CIDH
Entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la CIDH estuvo en Bogotá, Cali y Popayán, para conversar con distintos sectores sobre el descontento social y las violaciones de derechos durante el Paro Nacional de 2021.
La CIDH recibió 2.908 solicitudes para dar testimonio, y al menos 302 alcanzaron a entregaron sus versiones individuales y colectivas, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
Con más de 2.000 detenciones arbitrarias, la comunidad internacional alerta sobre la crisis en Colombia
En las conclusiones que sacó la Comisión se reconoció que algunas de las causas del Paro Nacional son la marcada desigualdad monetaria, la pobreza, la pobreza extrema, y el poco acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo.
“El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguró la CIDH.
Dentro del pliego de sugerencias entregada por la Comisión al gobierno colombianos resaltan:
1. Separar la policía y al Esmad del Ministerio de Defensa
2. Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público
3. Prohibir que policías o militares que estén en la manifestación porten armas de fuego
4. Dejar de censurar las denuncias públicas a través de redes sociales
5. Juzgar a policías que hayan violado derechos fundamentales en la justicia ordinaria
6. Regular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad colombianas
7. Trasladar bajo protección a los manifestantes detenidos
8. Reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales
9. Prevenir y combatir las prácticas de discriminación racial
10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
11. Investigar con plenas garantías a los responsables de delitos cometidos en el Paro Nacional
12. Tolerar las manifestaciones, aunque estas generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana
La sugerencia, que estaba dentro del pliego de peticiones que hizo el Comité del Paro desde 2019, es una reforma de la policía, para que deje de tener un carácter militar y pase a ser garante de los derechos humanos.
El controvertido y criticado ‘decreto militar’ de Duque
Durante abril y mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto que ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar”. Esta buscaría “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de seguridad y convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido fuertemente criticado por la CIDH
El presidente también implementó la figura de “asistencia militar”, contenida en el Código de Policía, que da la potestad a los militares a contribuir a la policía en “una emergencia o calamidad pública”.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que solo se puede disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención.
La CIDH aseguró en el pliego de recomendaciones que la asistencia militar por el presidente Duque no analiza las circunstancias particulares de cada bloqueo. La Comisión reafirma que es un error calificar todos los bloqueos como ilegales en el marco de una protesta.
Hasta la fecha se han registrado 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
“El Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, y el uso de la fuerza siempre será el último recurso, no el primero”.
La CIDH también criticó que el decreto de asistencia militar no establece explícitamente “el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad”.
Cabe resaltar que, el decreto estableció que serán sancionadas las autoridades locales que no implementan la asistencia militar.
Dentro del presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, este año gastará cerca de 11.000 millones de pesos (3 millones USD) en cuatro drones, 195.000 municiones para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), y 720 biblias.
De acuerdo con la institución, se comprarán las 720 biblias para la Capellanía General de la Institución, con un presupuesto estimado de $35’928.000 (10.000 USD). La entidad asegura que la compra “está estipulada en el plan anual de adquisiciones”.
Las más de 700 biblias tiene especificaciones técnicas que aumentaría un 200% su precio. Se pide que la biblia tenga estuche de color azul en cuero con cremallera, papel biblia crema, borde dorado o pintado, notas al pie de página, mapas bíblicos, biblia con Deuteronomio, 1.600 páginas, y deben estar personalizadas con logos institucionales y diseños.
Policía de Colombia, a través de su cuenta de Twitter, justificó la compra de 720 biblias
3 millones de dólares para armamento
A pesar de la crisis económica y humanitaria que vive el país, a causa de la pandemia, la Policía Nacional gastará 10.500 millones de pesos para dotación. De acuerdo con la institución, se comprarían:
4 drones para el Esmad, cada uno valdría 104 millones de pesos (28 mil USD).
57 mil cartuchos de gas de 37 milímetros que valdría 3.340 millones de pesos (927 mil USD).
34.600 cartuchos de 40 milímetros y 6.571 cartuchos impulsores que valdrían más de 5 mil millones de pesos (1’380.000 USD).
5.600 granadas de aturdimiento, 5.800 granadas multi impacto y casi 4 mil granadas de humo de colores que valdrían más de 4.100 millones de pesos (1’138.000 USD).
100 lanzadores de gas y 60 mil esferas con contenido calibre 0.68 pulgadas que valdrían cerca de 1.000 millones de pesos (278 mil USD).
La institución argumenta que el contrato se realiza para que la Policía “pueda cumplir con su misión y en especial la descrita en el Plan Nacional de Desarrollo. Adquiriendo elementos que permitan salvaguardar la integridad de los policías, quienes a través de esta protección podrán actuar con una mayor seguridad en los casos policiales, impactando directamente en la contribución de la seguridad de los ciudadanos”.
Cientos de periodistas que han cubierto las protesta en Colombia aseguran ser víctimas de agresiones por parte de la policía y de personas vestidas de civil. Disparos, apuñalamientos y amenazas son ataques comunes entre los profesionales.
Con más de 240 agresiones denunciadas contra periodistas, Colombia evidencia la crisis por la violencia estatal. Por seguridad, los comunicadores se ven obligados a portar chalecos antibalas, cascos y botiquines de primeros auxilios.
Periodistas y camarógrafos han sido víctimas de la violencia policial
De acuerdo con Fabiana León, de Reporteros Sin Fronteras, 243 agresiones se han presentado durante el Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril.
“Los victimarios son primero la fuerza pública, estamos hablando propiamente de la Policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). En segundo lugar, tenemos en personas particulares que han venido agrediendo a la prensa”.
Dentro de las denuncias, periodistas informan de disparos directos, insultos, confrontamientos, y el uso de armas que no forman parte del equipamiento de la policía antidisturbios contra ellos.
Según muchas víctimas del abuso policial, la respuesta de los uniformados es “No salga”.
En 42 días de Paro, más de 4.000 casos de violencia policial han sido denunciados en Colombia
Sin embargo, dentro del ejercicio periodístico, es un deber acompañar e informar sobre lo que se está viviendo en las calles. Para especialistas, el gobierno colombiano debería garantizar la seguridad de la prensa, sobre todo a aquellos periodistas que se encuentran en Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y otras ciudades, cubriendo las protestas.
Por las 8 investigaciones que se abrieron dentro de la policía, por abuso policial hacia la prensa, Reporteros Sin Fronteras ha conformado un grupo de monitoreo para periodistas, y así reaccionar más ágilmente ante cualquier tipo de agresión.
Más de cinco organizaciones de derechos humanos lamentaron la muerte de una joven menor de edad que se quitó la vida después de denunciar que fue abusada sexualmente por policías. El hecho ocurrió la noche del miércoles en la ciudad de Popayán, al sur occidente del país.
Según las primeras versiones, la joven se dirigía hacia la casa de un amigo y estaba grabando con su celular la manifestación, cuando cuatro policías la detuvieron y la tiraron al piso. “En medio de eso, me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban “desnudando” quitando el pantalón”, afirmó la víctima en una red social.
En su relato, la joven contó que fue detenida y llevada a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Popayán tras sufrir violencia sexual por parte de uniformados de la Policía. Horas después, y después de recuperar su libertad, la víctima se quitó la vida.
Videos de la escena evidencian cuando es detenida. Organizaciones están a la espera que Medicina Legal entregue el dictamen para conocer las causas de la muerte.
Lizeth Montero, abogada y defensora de derechos humanos en Popayán, fue quien alertó el caso. También advirtió sobre otros tres hechos de violencia de género durante las protestas del 12 de mayo en Popayán. La abogada afirmó que tres menores de edad fueron agredidas en el sur de la ciudad.
Créditos: Noticias Popayán
La Alcaldía de Popayán informó que la menor fue llevada a la URI a las 9:10p.m. del 12 de mayo, y que funcionarios de Infancia y Adolescencia de la Policía la acompañaron. Antes de las 11p.m. fue entregada a su abuela.
Asimismo, anunciaron en un comunicado que “Ante las graves acusaciones que rodean este caso, instamos a las entidades competentes a que se surtan todas las investigaciones, tanto administrativas como disciplinarias, con celeridad y prioridad, para esclarecer la detención y la actuación de la Policía durante el procedimiento y estamos atentos al reporte de Medicina Legal, el cual determinará y calificará todas las circunstancias. Desde la administración y a través de la Secretaría de la Mujer, hemos puesto a disposición de su familia un equipo humano para brindar el apoyo psicosocial que requieran”.
Sin embargo, y como la abogada Montero asegura, otra menor de edad también detenida arbitrariamente el pasado miércoles en Popayán. Defensores de DD.HH., contaron que un policía la subió a su moto y la amenazó constantemente diciéndole que la quería “lamer”, la quería “violar” y que se “bajara los pantalones”.
La menor contó que “Yo me tiré de la moto y abracé a un señor de derechos humanos, y a él lo estaban golpeando también por querer ayudarme”. Este viernes se convocó un plantón a las 10a.m. en la URI de Popayán para rechazar la violencia sexual en el Paro Nacional.
Los casos se han difundido por redes sociales después del suicidio de la menor. Ante esto, el comandante Ricardo Augusto Alarcón Campos, de la Policía en Popayán, calificó la noticia “de falsa, vil y ruin”.
“Nos atrevemos a decir, de manera categórica, que es una noticia falsa por tres aspectos fundamentales. Primero, la menor nunca pisó instalaciones policiales. Por el contrario, una vez se conocen los hechos y se realiza el procedimiento por parte de las unidades policiales, la menor de edad se traslada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía General de la Nación. Segundo, una vez se establece que se trata de una menor de edad, se activa el protocolo de protección a la integridad de este tipo de población. Se toma contacto con sus familiares y es entregada, en óptimas condiciones, a la abuela materna a las 22:51 horas de la noche”, aseguró el general Campos.
“Tercero, en la noticia manifiestan que los hechos tuvieron ocurrencia en la noche del día de ayer. La Policía Nacional, el día de hoy conoce sobre la muerte de una joven de 17 años, que corresponde a la joven que fue conducida a las instalaciones de la URI el día de ayer. Los hechos ocurrieron el día de hoy en la mañana, en el lugar de residencia de esta joven (…) En aras de garantizarle la tranquilidad a toda la población de Popayán, la Policía Nacional ha solicitado, a través de la Fiscalía General de la Nación, que el Instituto Nacional de Medicina Legal establezca la causa de la muerte. Invitamos a toda la comunidad en general a que rompan la cadena de la desinformación acudiendo a los canales institucionales que establezcan la veracidad de las mismas”, concluyó el general Alarcón Campos.
La Defensoría del Pueblo, afirmó que hará seguimiento a este caso. “Desde la Defensoría del Pueblo estamos atentos a los reportes de Medicina Legal y la Fiscalía para que, en caso de confirmarse el hecho, que rechazamos contundentemente, se haga justicia y el debido proceso”.
Han sido 16 denuncias de violencia sexual desde que comenzó el Paro Nacional en Colombia. Casos de acoso y abuso sexual en ciudades como Cali, Bogotá, Acacías y Palmira se han declarado.
Los hechos normalmente ocurren durante las noches y en estaciones de policía.
De acuerdo con diversas ONGs, desde el comienzo del paro el 28 de mayo, se han registrado 1.443 casos de violencia policial, 31 muertos y 10 víctimas de violencia sexual. El #SOSColombia ha sido tendencia mundial, y distintas organizaciones como la ONU y la Unión Europea le piden al gobierno colombiano que cese el abuso de fuerza policial.
Hoy se cumple el noveno día de Paro Nacional en Colombia, que ha desatado una ola de violencia y abuso policial, junto con algunos actos vandálicos en las ciudades más importantes del país.
¿Por qué comenzó el Paro Nacional en medio de la pandemia?
El Gobierno lideró una Reforma Tributaria que buscaba subsanar la deuda del país que asciende a los 26 billones de pesos (más de 7 mil millones de dólares). Sin embargo, distintas asociaciones sociales, sindicatos y grupos estudiantiles se opusieron desde un principio a la reforma.
El proyecto se basaba en el aumento de impuestos para la clase trabajadora (media y baja) del país. Impuesto de renta a quienes ganaran más de 600 USD al mes, impuesto a pensiones, impuesto al 50% de la canasta básica (leche, huevos, pollo, toallas higiénicas).
El lunes 03 de mayo, el Gobierno retiró la Reforma Tributaria del Congreso, y el Ministro de Hacienda que lideró la reformar, Alberto Carraquilla, renunció a su cargo. Pero el paro no cesó.
Las protestan continúan por la respuesta de las fuerzas de seguridad colombianas. Decenas de videos donde se evidencia el abuso de fuerza, asesinatos, uso de pistolas contra manifestantes y disparos contra viviendas, han circulado por todas las redes sociales.
Distintas personalidades, como Shakira, Justin Bieber, Marvel Studios, Residente, Alejandro Sanz, Juanes, James Rodríguez, Dana Paola, J Balvin, Carlos Vives, Falcao, Diego Torres, Tito Bambino, Paty Cantú, Danny Ocean y Pedro Pascal se han manifestado con las protestas colombianas.
Todos abogan y piden al Estado colombiano que cese la violencia durante las manifestaciones pacíficas del país.
El presidente Duque y el nuevo ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, abrieron diálogos con los promotores del paro. Pero las movilizaciones sociales abogan que diariamente agreden a más de 100 personas diariamente.
El último caso que conmocionó al país fue el asesinato de Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. En diversos videos se ve cómo un automóvil que era conducido por hombres vestidos de civiles les dispararon 8 veces.
