70 deportistas colombianos fueron invitados a los Juegos Olímpicos de Tokio, esperando ganar más medallas que en el 2016. Las esperanzas del país se centran en boxeo, ciclismo, BMX, y atletismo.
Estos son los deportistas más destacados:
48 hombres y 23 mujeres que participarán en 16 disciplinas: arquería, atletismo, boxeo, ciclismo, ecuestre, esgrima, gimnasia, golf, judo, natación, lucha, levantamiento de pesas, skateboarding, taekwondo, tenis y tiro deportivo.
Con casi 80.000 desaparecidos, Colombia es uno de los países del mundo con una profunda herida por la desaparición forzosa. Esta semana, entre Tolima y el Magdalena Medio, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) inició la toma de muestras biológicas a casi un centenar de familiares de ciudadanos desaparecidos.
Las muestras buscan poder darle un nombre a los cientos de restos humanos que se han encontrado en distintas fosas comunes en el país.
Desde el 19 de julio y hasta el 3 de agosto, las tomas se harán en los municipios de La Dorada, La Victoria, Norcasia y Samaná, en Caldas; Fresno y Venadillo en Tolima.
La directora de la UBPD, Luz Marina Monzón, anunció que “Estaremos en cuatro municipios del Magdalena Medio caldense y en dos municipios del Tolima. Allí haremos contacto con las familias de quienes buscan a sus seres queridos, a fin de recolectar información que nos permita agilizar la identificación de los cuerpos que estamos recuperando en distintos lugares de interés forense, entre ellos los cementerios”.
Hace no más de 20 días que la UBPD hice una exploración en el cementerio municipal de La Dorada, Caldas. Allí encontraron al menos 20 cuerpos que corresponderían a desaparecidos.
Según la entidad, en La Dorada se han registran 537 víctimas de desaparición forzada, secuestro, reclutamiento ilícito o durante combates. Antes del levantamiento de cuerpo, la teoría que manejaban era que algunos de los restos de las víctimas estarían en el cementerio.
“Los cuerpos se encontraban en bolsas y estaban dispuestos en una celda de custodia del cementerio. La mayoría son hombres y tenían rastros de impactos de armas de fuego”, aclaró Monzón.
La UBPD fue creada tras el Acuerdo de Paz con las Farc en 2011, y se ha encargado de los casos de desaparición más complejos del país, puesto que el primer registro data de 1969.
Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, como el presidente del Congreso tienen familiares con condenas por homicidio, despojo de tierras y narcotráfico. Jennifer Arias, por el Centro Democrático, de la Cámara, y Juan Diego Gómez, por el Partido Conservador, del Senado, fueron elegidos por voto.
El martes 20 de julio, se posesionaron a la presidencia del Congreso dos representantes con un prontuario familiar muy tumultuoso.
La nueva presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia es ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, y ha liderado el Centro Democrático en el Meta.
Con 34 años, Arias ha sido candidata a la Alcaldía de Villavicencio, y coordinadora de la campaña a la presidencia de Iván Duque en los departamentos de Vaupés y Guaviare.
Sin embargo, la familia Arias tiene un historial con la justicia de Colombia.
En 1993, Luis Eduardo Arias, padre de Jennifer, fue condenado por homicidio. La condena fue de 40 meses por el asesinato con arma de fuego de un hombre en Villavicencio.
En 2008, su hermano, Andrés Eduardo Arias fue condenado por narcotráfico en una Corte Federal de Miami.
De acuerdo con una investigación de la Fundación Pares, “Andrés Arias le pide la cocaína a la fuente y esta le pide que le muestre el dinero, este lo lleva hacia su carro y le muestra un sobre blanco con alrededor de 15.000 dólares en billetes de 100 y de 20 dólares. Inmediatamente después, Arias fue capturado por la DEA”.
Por su lado, Jennifer también ha tenido problemas con la justicia del país.
En 2018, durante la campaña electoral, Iván Duque, candidato a la Presidencia por el Centro Democrático, y otros senadores, viajaron en aviones de la empresa Llanera de Aviación. De acuerdo a la Fundación Pares, “Esta compañía de transporte aéreo es investigada por la Dirección Especializada del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Asimismo, la empresa ha obtenido dos contratos con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia sin ningún mérito e incumpliendo los requisitos”.
También está su inhabilidad política. Cuando Jennifer Arias se postuló a la Alcaldía de Villavicencio, tenía un contrato por 214’302.850 pesos como representante legal del Consorcio Urbano.
El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2013 para un plazo de tres meses, pero el proceso se extendió hasta el 5 de diciembre de 2014. De acuerdo con la Fundación Pares, “La ley establece que nadie que haya contratado con el Estado un año antes de las elecciones puede ser candidato”.
Hijo del fallecido comerciante inmobiliario Orlando de Jesús Gómez Cotero, es el nuevo presidente del Senado. Hay que recorda que Gómez Cotero fue condenado en primera y segunda instancia a 8 años de prisión. Fraude procesal; falso testimonio; obtención de documento público falso; invasión y usurpación de la propiedad de un predio de 33000 metros cuadrados en Bello, Antioquia, fueron los crímenes imputados.
Gómez es abogado de la Universidad de Medellín, con una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y con una especialización en Alto Gobierno en la Universidad de Los Andes.
De acuerdo con la fundación La Liga Contra el Silencio, “Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen: un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro”.
Gómez estuvo salpicado por los escándalos de Odebrecht. Según las autoridades, aunque no se haya llegado a ningún veredicto por el proceso, Gómez “sostuvo reuniones con directivos de la corrupta multinacional brasileña”.
En 2014 se opuso a la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz cuando hizo parte de la Comisión Quinta del Senado.
Además, junto a su familia, ha tenido escándalos por despojo de tierras en Antioquia.
“La familia del senador pelea por unas tierras que invadieron hace 17 años, según una denuncia de la Cooperativa Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas. […] Coincidencialmente, el padre del senador, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias ‘la Ballena’, fue condenado en 2012 a ocho años por la Corte Suprema de Justicia, por apropiarse ilegalmente de tierras en Niquía, también en Bello. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel. […] Tras su muerte, el senador Gómez y su familia retomaron la pelea que había emprendido su padre por las tierras que había invadido. Un proceso judicial que ya cumple 17 años, y que se suma a otra denuncia por estafa contra el senador”, asegura un medio local de Bello.
Tanto Arias como Gómez fueron elegidos por mayoría por los casi 300 senadores de Colombia, que argumentan que ellos no fueron los autores directos de los delitos cometidos por sus familiares.
Parlamentarios del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, del Reino Unido y Noruega demostraron su preocupación frente al accionar del gobierno Duque por la violencia que se vive en el país. Los representantes aseguran que la desatada violencia contra ex-farc, y la violencia contra civiles durante el Paro Nacional, son alarmantes.
Ian Lavery, congresista laborista inglés, le pidió al Parlamento Británico inspeccionar el entrenamiento de la policía colombiana, e incluso suspenderlo si se encuentra que algún agente abusó de la fuerza durante el Paro Nacional.
«Debemos revisar nuestro programa de formación con la policía colombiana y suspenderlos si hay unidades involucradas en reprimir la protesta social«, aseguró otro parlamentario laborista.
Por su lado, frente al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el gobierno de Noruega le exigió al gobierno colombiano que haya más voluntad política para la implementación de los Acuerdo de Paz.
“Nos preocupa saber que se ha asesinado a 15 ex combatientes. También que ha habido un aumento en el reclutamiento de menores por grupos armados”, aseguró la representante de Noruega ante la ONU.
Cabe resaltar que, Noruega es uno de los países garantes del proceso de paz de Colombia.
Ante la crítica, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, aseguró que «No es cierto que la existencia de estas violencias recientes que ha sufrido nuestro país obedezcan al incumplimiento en la implementación del acuerdo».
Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron, en un comunicado después de la reunión con Ramírez, su preocupación por la violencia y asesinato sistemático contra líderes sociales y ex miembros de las FARC.
El martes el gobierno colombiano dio a conocer los puntos claves de la nueva reforma tributaria que radicará ante el Congreso el próximo martes 20 de julio.
La anterior, y segunda, reforma tributaria que radicó el gobierno, y que fue retirada el 2 de mayo por el Paro Nacional, buscaba que el recaudo mayoritario dependiera de las personas naturales y clase media.
La nueva reforma cambia la forma de recaudo, pero mantiene la esencia en la inversión social.
La inversión social será el eje principal de la reforma. Ingreso Solidario, programa estatal que brinda una mensualidad de $160.000 pesos (44 USD) a los hogares más pobres y vulnerables, se extenderá hasta diciembre de 2022.
También se ampliará la cobertura para llegar a 3,3 millones de beneficiarios.
En cuanto al Programa de Apoyo al Empleo Formal, que brinda un subsidio de nómina de $454.000 de pesos por cada empleado, tendrá una extensión hasta diciembre de 2021.
Uno de los ejes fundamentales, tanto del Paro Nacional como de las denuncias sociales, es la Matrícula Cero. El gobierno se comprometería a pagar el costo de los estudios de educación superior a 695.000 estudiantes en condición de vulnerabilidad.
Finalmente, está la creación de empleo, donde se destinará un subsidio del 25% del salario para la contratación de 188.000 jóvenes en el país. Además, de un subsidio del 10% del salario para 271.000 personas.
Cabe resaltar que, habrá 3 días sin IVA al año, y se financiará hasta en un 50% los costos de operación de las Entidades Territoriales por la pandemia.
El Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial Del Cesar (Idreec) le debe a por lo menos 28 funcionarios meses de salario. César Carrillo, funcionario de la institución, se amarró con cadenas a una silla, exigiendo su pago, como signo protesta en contra del gobierno departamental.
En total son 30 funcionarios del instituto, que atiende a las personas con algún tipo de discapacidad, a los que se les deben casi tres años de salario y seis meses de seguridad social, primas, cesantías y otras prestaciones sociales.
Uno de los trabajadores tuvo que dormir en las instalaciones del hospital porque fue desalojado de su vivienda.
“Mis hijos dependen de mí. Llego a la casa con 5 mil pesos (1,3 USD). O comen ellos o como yo”, aseguró Carrillo, quien lleva trabajando más de 26 años en el instituto.
Sin embargo, lo que es más preocupante no es el salario en sí, sino que los trabajadores llevan seis meses en donde no les pagan su seguridad social. Hechos que ocurren en el tercer pico de la pandemia por coronavirus.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, la responsabilidad de los pagos cae en el gobernador departamental, Luis Alberto Monsalvo.
Ante esto, Monsalvo aseguró que “jurídicamente la gobernación no puede asumir el pago de los salarios de los trabajadores del Instituto”. Dado que, según el gobernador, el instituto es un ente descentralizado, es autónomo en el manejo de sus recursos.
Sin embargo, y de acuerdo con el mismo Monsalvo, dentro de los esfuerzos hechos por su gobierno para resolver la crisis del IDREEC, habían girado “más de 7 mil millones de pesos (1,9 millones USD) para el pago de salarios a los trabajadores”.
Desde el 2011 el instituto ha vivido problemas financieros y administrativos. En el 2018, el Ministerio de Salud le hizo un llamado a la gobernación para encontrar salidas ante la crisis, pues el Idreec atiende a más de 30.000 personas con discapacidad en el departamento.
Este miércoles se cumplen tres días de bloqueos en la isla caribeña colombiana Providencia. Los manifestantes le reclaman al gobierno las demoras en la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán Iota, pues el presidente Iván Duque había prometido reconstruir la isla en 100 días. Ya van más de 200 y se ha entregado a penas el 15% de lo prometido.
En la isla solo se han entregado dos casas terminadas y 136, de las 900 planeadas para ser reconstruidas, están en proceso de construcción.
Los bloqueos improvisados se han efectuado en las zonas más importantes de la isla: Town, Mountain y Lazy Hill. Con llantas, tejas, ramas de árboles, o fogatas es lo que se ha puesto para detener la movilidad.
Además, señalan que hay 136 casas en diferentes etapas del proceso constructivo.
Pero el problema es que solo han entregado dos casas de las más de 1.000 prometidas, y que hay demoras en la reconstrucción del hospital. En la actualidad, el centro médico es una amplia tienda de campaña que no cuenta con los equipos necesarios para atender a pacientes críticos.
De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el 4 de junio empezó el proyecto de reconstrucción del centro de salud. Con un valor que asciende a los $7 mil millones de pesos (casi 2 millones USD), más de la mitad provienen de donaciones hechas por los gobiernos de China y Corea, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica.
La situación en la isla se torna cada vez más crítica porque la temporada de lluvias ya comenzó. Los providencianos están durmiendo en tiendas que, con las lluvias, ya tienen filtraciones.
Los manifestantes pertenecen al Movimiento Juvenil Diverso, agrupación que ha estado muy activa durante el Paro Nacional de Colombia que comenzó el 28 de abril. Las dos mujeres y seis hombres piden al gobierno nacional que se reúna con ellos para atender el pliego de peticiones del departamento.
En el parque Simón Bolívar de Riohacha, capital departamental, llevan 13 días en huelga de hambre 8 jóvenes esperando una respuesta del gobierno. De acuerdo con el comunicado que dieron, el aumento en el precio de gasolina, que tendría un impacto en “cientos de familias empobrecidas por los efectos de la pandemia”, fue el detonante de la huelga.
La Guajira tiene altísimos índices de necesidades básicas insatisfechas. Pobreza, pobreza extrema, analfabetismo, mortalidad infantil, desnutrición, desplazamiento minero, falta de vivienda, baja cobertura de servicios públicos
Los jóvenes aseguran que se quieren sentar con el gobierno para que se garanticen los derechos fundamentales, como salud y educación, a los niños y niñas del pueblo wayuu y de la población afro en el departamento.
Con uno de los índices de pobreza y desnutrición más altos del país, La Guajira afronta una crisis en el acceso a los servicios médicos, agua potable, corrupción y educación superior.
Juliette de Rivero, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que están siguiendo la situación de los jóvenes. También hizo un llamado para que se establezcan espacios de diálogo que permitan finalizar con la huelga de hambre.
Los manifestantes esperan una respuesta de las autoridades, mientras amplían el pliego de peticiones que ha llegado hasta la infraestructura vial departamental. Según ellos, y otros locales, la construcción de vías que se ha hecho “beneficia a las multinacionales. Mientras los campesinos y agricultores siguen esperando por más de 50 años la construcción de vías terciarias que les permitan sacar sus productos del campo”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó al general (r) del Paulino Coronado, a otros nueve militares, y a un civil por 120 casos de Falsos Positivos y 24 desapariciones forzadas. Según la entidad, los implicados fueron partícipes en el “asesinatos y desapariciones presentadas como bajas en combate” ocurridos en el Catatumbo entre 2007 y 2008.
Esta es la primera gran imputación de cargos contra altos cargos militares que hace la JEP. La Sala de Reconocimiento les inculpó el cargo de crimen de guerra de homicidio en persona protegida y crímenes de lesa humanidad de asesinato, y desaparición forzada.
“Las desapariciones forzadas y los asesinatos tenían una misma finalidad: responder a la presión por bajas, ‘a como diera lugar’”, aseguró la magistrada Catalina Díaz.
Estos son los imputados:
La JEP posee cuantiosas pruebas contra los imputados que prueban su participación en los casos de Falsos Positivos.
Entre las pruebas se encuentran 8 informes aportados por entidades estatales, organizaciones de víctimas y de derechos humanos; 41 versiones de comparecientes (desde soldados hasta generales); las inspecciones judiciales a 21 procesos de la jurisdicción ordinaria y 28 de la penal militarlas solicitudes de acreditación, y las observaciones de las víctimas y de la Procuraduría a dichas versiones; la contrastación y análisis de 258 libros de documentos oficiales (programas operacionales, misiones tácticas, actas de pago de recompensas y de levantamiento de cadáveres, órdenes del día, radiogramas operacionales) obtenidos en los archivos de la Brigada 30 y el BISAN.
Cabe resaltar que, estas pruebas ya habían sido recolectadas y usadas por la justicia ordinaria, pero en esta nueva imputación de cargos se evidencia que “logramos demostrar muy en detalle cómo estos 120 casos no son aislados, no son inconexos, espontáneos y no se tratan de decisiones aisladas de los perpetradores. Por el contrario, tenían un mismo fin: responder a la presión institucional”, dijo la magistrada Díaz.
Casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó de visita a Colombia para verificar la situación de derechos que se vive en el país, el gobierno re rehúsa a aceptar sus recomendaciones. Frente al documento de 41 sugerencias, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” porque «ya existe».
En medio del Paro Nacional, la CIDH evidencia la preocupación internacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial. Ante las sugerencias de la Comisión, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.
Dentro del mismo documento de la CIDH, se resalta la violencia de género en el marco de las protestas, por las decenas de abusos sexuales perpetrados por policías contra manifestantes; la violencia étnico-racial, por las víctimas indígenas de la Minga que fueron baleadas por civiles armados y policías en repetidas ocasiones; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, por las casi 100 denuncias interpuestas por los profesionales contra la policía; las irregularidades en los traslados por protección, por los casos de desaparición y asesinato por parte de policías; y en el uso de la asistencia militar, por la militarización de las ciudades más importantes del país.
Entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la CIDH estuvo en Bogotá, Cali y Popayán, para conversar con distintos sectores sobre el descontento social y las violaciones de derechos durante el Paro Nacional de 2021.
La CIDH recibió 2.908 solicitudes para dar testimonio, y al menos 302 alcanzaron a entregaron sus versiones individuales y colectivas, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
En las conclusiones que sacó la Comisión se reconoció que algunas de las causas del Paro Nacional son la marcada desigualdad monetaria, la pobreza, la pobreza extrema, y el poco acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo.
“El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguró la CIDH.
Dentro del pliego de sugerencias entregada por la Comisión al gobierno colombianos resaltan:
La sugerencia, que estaba dentro del pliego de peticiones que hizo el Comité del Paro desde 2019, es una reforma de la policía, para que deje de tener un carácter militar y pase a ser garante de los derechos humanos.
Durante abril y mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto que ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar”. Esta buscaría “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de seguridad y convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.
El presidente también implementó la figura de “asistencia militar”, contenida en el Código de Policía, que da la potestad a los militares a contribuir a la policía en “una emergencia o calamidad pública”.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que solo se puede disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención.
La CIDH aseguró en el pliego de recomendaciones que la asistencia militar por el presidente Duque no analiza las circunstancias particulares de cada bloqueo. La Comisión reafirma que es un error calificar todos los bloqueos como ilegales en el marco de una protesta.
“El Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, y el uso de la fuerza siempre será el último recurso, no el primero”.
La CIDH también criticó que el decreto de asistencia militar no establece explícitamente “el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad”.
Cabe resaltar que, el decreto estableció que serán sancionadas las autoridades locales que no implementan la asistencia militar.
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