El pasado 23 de mayo, la policía de Providencia (isla colombiana cerca a Nicaragua) capturó a dos hombres que piloteaban una avioneta con más de 400 kilos de cocaína. Sin embargo, la Dirección Antinarcóticos de la Policía está investigando a policías que podrían ser posibles miembros de una estructura criminal que enviaba droga a Estados Unidos.
La investigación comenzó después de que se conociera que la avioneta partió del Aeropuerto Guaymaral, que tiene una base antinarcóticos en una de sus dos entradas.
Avioneta en Providencia con más de 400 kilos de cocaína
Cabe resaltar que, fue un policía quien alertó que la aeronave transportaba cocaína. El uniformado aseguró que el 23 de mayo recibió una llamada a su celular en la que se le pedía no inspeccionara la carga de la avioneta.
La Dirección Antinarcóticos de la Policía está indagando sobre la participación de uniformados para que la droga no fuera detectada. La dependencia asegura que ya realizó pruebas de polígrafo a varios agentes que por acción u omisión habrían colaborado con tráfico del estupefaciente.
A esto se añade un video grabado por las cámaras del Aeropuerto de Guaymaral donde se ve llegar a dos hombres que, al parecer, portaban prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y que le entregaron la carga a un miembro de la tripulación.
La Procuraduría inició una indagación sobre las circunstancias del caso.
Juan Camilo Cadena y Hárold Darío Rivera, piloto y copiloto de la avioneta están esperando su juicio, aunque ya se está tramitando órdenes de extradición a Estados Unidos por tráfico de estupefaciente.
La Fiscalía incautó la avioneta, que es propiedad de Miguel Jaramillo, y comenzó un proceso de extinción de dominio. Jaramillo es un empresario colombiano y esposo de la actriz y comediante Alejandra Azcárate, y se declaró inocente ante las autoridades. Sin embargo, deberá esperar al juicio contra la tripulación de su aeronave, y luego un juez deberá considerar si lo acepta como víctima del proceso.
Cientos de periodistas que han cubierto las protesta en Colombia aseguran ser víctimas de agresiones por parte de la policía y de personas vestidas de civil. Disparos, apuñalamientos y amenazas son ataques comunes entre los profesionales.
Con más de 240 agresiones denunciadas contra periodistas, Colombia evidencia la crisis por la violencia estatal. Por seguridad, los comunicadores se ven obligados a portar chalecos antibalas, cascos y botiquines de primeros auxilios.
Periodistas y camarógrafos han sido víctimas de la violencia policial
De acuerdo con Fabiana León, de Reporteros Sin Fronteras, 243 agresiones se han presentado durante el Paro Nacional, que comenzó el 28 de abril.
“Los victimarios son primero la fuerza pública, estamos hablando propiamente de la Policía y el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios). En segundo lugar, tenemos en personas particulares que han venido agrediendo a la prensa”.
Dentro de las denuncias, periodistas informan de disparos directos, insultos, confrontamientos, y el uso de armas que no forman parte del equipamiento de la policía antidisturbios contra ellos.
Según muchas víctimas del abuso policial, la respuesta de los uniformados es “No salga”.
En 42 días de Paro, más de 4.000 casos de violencia policial han sido denunciados en Colombia
Sin embargo, dentro del ejercicio periodístico, es un deber acompañar e informar sobre lo que se está viviendo en las calles. Para especialistas, el gobierno colombiano debería garantizar la seguridad de la prensa, sobre todo a aquellos periodistas que se encuentran en Cali, Bogotá, Medellín, Popayán y otras ciudades, cubriendo las protestas.
Por las 8 investigaciones que se abrieron dentro de la policía, por abuso policial hacia la prensa, Reporteros Sin Fronteras ha conformado un grupo de monitoreo para periodistas, y así reaccionar más ágilmente ante cualquier tipo de agresión.
De acuerdo con distintas fuentes, como la Justicia Especial para la Paz (JEP), o la Fundación Ideas para la Paz (Ideaspaz), el país latinoamericano ha sufrido 208 masacres en todo su territorio. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz (Indepaz), entre 2020 y lo que lleva de 2021, han sido asesinadas 539 personas, entre ellas niñas, niños, mujeres y ancianos
El Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) puso fin a cinco décadas de conflicto que dejaron a más de 7 millones de víctimas. El proceso de paz le valió a Juan Manuel Santos, presidente de Colombia (2010-2018), el Premio Nobel de la Paz.
Pero la firma del acuerdo no acabó con la violencia interna del país. Grupos paramilitares, carteles de tráfico y bandas criminales han perpetuado decenas de masacres desde la firma del Acuerdo.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, la cantidad de masacres por años es 2017 (11), 2018 (29), 2019 (36), 2020 (91), 2021 (41). La mayoría de las masacres se efectuaron en los departamentos de Antioquia, Cauca, Nariño y Norte de Santander.
Desde la década de los 60’s Colombia ha sufrido más de 4.000 masacres
Juan Carlos Garzón, director temático de la Fundación Ideas para la Paz (Ideaspaz), asegura que se deben tener en cuenta algunos puntos para comprender la violencia.
El conflicto con las FARC terminó, pero las acciones de los grupos armados han continuado.
Los combates protagonizados por la Fuerza Pública y los enfrentamientos entre grupos armados ilegales se han incrementado.
Tras la firma del Acuerdo los homicidios en los municipios PDET (priorizados por el conflicto) se dispararon, aunque se encuentran aún por debajo de lo registrado en 2012.
El incremento del homicidio se ha dado en el 44% de los municipios PDET, que hoy tienen más muertes violentas que antes del proceso con las FARC.
Las masacres se han incrementado de manera notable en la etapa post-Acuerdo, acercándose a lo registrado antes de 2013.
Los homicidios de líderes sociales se mantienes altos y no ceden, a pesar de los anuncios y las medias.
Se han registrado 233 homicidios de excombatientes de las FARC desde la firma del Acuerdo de Paz.
La última masacre, hace tan solo 4 días, fue en Algeciras, Huila. En la vereda QuebradónSur se encontraron los cuerpos de ocho hombres y una mujer quienes habrían sido asesinados en horas de la mañana.
Masacre Algeciras, 31 de mayo de 2021
Esta es la tercera masacre, en menos de un año, que se hace en terrenos propiedad de Álvaro Barrera, padre de un exguerrillero de las Farc.
Indepaz asegura que en el lugar donde ocurrió la masacre tienen presencia varios grupos armados ilegales. La Unidad Oscar Mondragon del Grupo Armado Organizado Residual de la Segunda Marquetalia; y el bloque de la unidad Manuel Marulanda Vélez, del Bloque Sur-oriental comandados por Gentil Duarte, están presentes en el territorio.
Desde hace tres años, la Defensoría del Pueblo ha lanzado dos alertas tempranas para evitar la masacre. La 063 del 2018 y la 043 del 2020, en la que precisamente advertían el riesgo para los pobladores, y especialmente para los miembros de la antigua guerrilla que llevaban su proceso de reincorporación en la región, por la presencia de estos actores armados.
Tras la violenta jornada de protestas vividas en Cali, el 28 de mayo el presidente colombiano, Iván Duque, ordena la militarización de la ciudad. Senadores y magistrados han interpuesto acciones legales en contra del mandato presidencial.
Con el decreto 575 de 2021, Duque ordenó la militarización de varias zonas del país.
Un mes después de que comenzara el Paro Nacional, el mandatario ordenó a los gobernadores y alcaldes de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Caquetá, Risaralda, Cali, Buenaventura, Pasto, Ipiales, Popayán, Yumbo, Buga, Palmira, Bucaramanga, Pereira, Madrid, Facatativá y Neiva coordinar con el Ejército y Policía para el desarrollo de la asistencia militar.
Organizaciones, senadores y magistrados se han opuesto a la militarización del país.
El senador Iván Cepeda, y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez, interpusieron acciones legales en contra del decreto expedido por Duque.
El decreto, en teoría, busca “afrontar y superar los hechos que dan lugar a grave alteración de la seguridad y la convivencia, en sus respectivas jurisdicciones”. Es decir, que se debe hacer una coordinación con la Fuerza Pública para levantar los bloqueos y evitar la instalación de nuevos.
El centro de investigación sobre múltiples asuntos públicos en Colombia, Dejusticia, alarma sobre cuáles serán los mecanismos y condiciones sobre el uso de la fuerza por miembros de las Fuerzas Militares.
“En lugar de limitar los riesgos que tiene el uso de la fuerza para los derechos humanos, el decreto recurre a la figura de asistencia militar, que tiene serios problemas de constitucionalidad, pues su falta de regulación legal genera condiciones para un uso desproporcionado de la fuerza militar que podría vulnerar múltiples derechos. La militarización de la protesta crea graves riesgos de aumentar la violencia. El decreto trata por igual todo bloqueo. Al dejar de lado el análisis del caso a caso, corre el riesgo de generar actuaciones que vulneren el derecho a la protesta. Mientras un bloqueo no afecte de manera desproporcionada derechos de terceros, estaría amparado por el derecho a la protesta”, señaló Dejusticia.
Por su lado, el senador del Polo Democrático, IvánCepeda, radicó ante el Consejo de Estado una tutela en contra del decreto. La acción legal busca que el presidente suspenda de manera inmediata la militarización.
De acuerdo con el senador, Duque profirió el decreto sin la firma de todos sus ministros, omitió establecer el tiempo en que estará vigente y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición.
“El decreto 575 de 2021 expedido por presidencia bajo la forma de una norma reglamentaria conlleva a que no pueda ejercer mi facultad de control político conferida por la Constitución en mi calidad de Senador de la República y como expresión de mi derecho fundamental a la participación política” aseguró el senador.
Álvaro Herrera, estudiante de música de 25 años, fue retenido y torturado por la Policía y el Escuadrón Antidisturbios Móvil (Esmad) de Cali. El martes fue liberado después que un juez declarara que su captura fue ilegal.
Según la denuncia del joven, miembros del Esmad lo capturaron en Ciudad Jardín y después fue obligado a autoincriminarse como un vándalo.
Álvaro Herrera Melo está en décimo semestre de Música en la Universidad del Valle
El viernes 28 de mayo, un mes después de que comenzara el Paro Nacional de Colombia, varios músicos se unieron en la Universidad del Valle para celebrar un cacerolazo sinfónico.
El cacerolazo terminó siendo un concierto pacífico, con más de 70 músicos y una tarima. Álvaro Herrera tocaba el corno francés con su grupo de amigos.
Dos horas después de que comenzara el cacerolazo, a las 3 p.m., disturbios y problemas de orden público estallan en las inmediaciones de la universidad. Por su propia seguridad, Herrera y otros asistentes del cacerolazo, se van del lugar.
Civiles disparando contra manifestantes al lado de la Policía.
Al salir de la Univalle en dirección de su casa, Herrera afirma haber escuchado disparos. Cuando llega a la Avenida Cañasgordas ve un fuerte contingente de policías que estaba disparando, y Herrera comienza a grabar con su celular. Él asegura que había civiles con armas de corto y largo alcance disparando.
«Empecé a grabar durante varios minutos y muchos de los que estaban disparando, retroceden. Entre ellos, la persona que me increpa apuntándome con su arma«, comenta Herrera. Como respuesta, éste toma una piedra para tratar de defenderse y discute con quién lo amenaza.
«Bajá la piedra”, le dice el hombre que le está apuntando.
«Baje el arma», le contesta Álvaro. “Baje el arma que no estoy haciendo nada. Déjeme quieto, estoy tranquilo, estoy grabando”.
En ese momento, más de los civiles que estaban disparando llegan al lugar. Entre todos le pegan, lo tumban y le dan dos golpes en la cabeza con la empuñadura de sus pistolas.
Álvaro Herrera Melo es llevado al CAI después de haber sido golpeado por civiles armados
Varios minutos después, lo levantan y lo entregan a dos oficiales de la Policía. Los uniformados lo esposan, lo toman del brazo acusándolo de guerrillero y vándalo. Herrera asegura que él intentaba explicarles que es músico y no un vándalo, pero nunca lo escuchan.
Estando esposado, lo guían hacia una patrulla, pero los policías intentan ingresarlo primero a una camioneta blanca de alta gama que había en el lugar. Ahí, uno de los oficiales dice «¿y por qué no lo desaparecemos?”.
«¿y por qué no lo desaparecemos?»
Herrara es conducido a la patrulla y luego trasladado al CAI de la María, en ambos lugares es golpeado. A Herrera nunca le leyeron sus derechos ni le revisaron las heridas. Solo le limpiaron la sangre.
Gracias a la rápida respuesta de sus amigos y familiares, se conoce el caso de Álvaro Herrera
Dentro del CAI, Los policías lo obligan a acostarse boca abajo, y bajo tortura, lo obligan a autoincriminarse.
«En el momento en el que estaba recibiendo agresiones físicas, uno de los policías sacó un celular con flash y empieza a grabar. Empieza a preguntarme, ¿usted que estaba haciendo?». Herrera responde que era músico y que venía del cacerolazo por lo que paran la grabación. «No, eso no es lo que usted tiene que decir«, le dice el oficial y lo vuelven a golpear. Luego le preguntaban ¿quién le pagó? a ¿quién pertenece? y por qué estaba vandalizando el CAI de Ciudad Jardín que había sido incinerado horas antes.
La policía le obligó a testificara que era un vándalo y que había estado en los disturbios de Ciudad Jardín. La policía le obligó a afirmar que pertenecía a grupos ilegales. Álvaro, recordando a los 346 desaparecidos que van en el Paro Nacional, acepta que era un “vándalo”. El video de su “testimonio” está en redes sociales.
Ese día, cuenta Herrera retuvieron a cinco personas más, uno de ellos se encontraba herido de gravedad.
Horas después llegan miembros de la Personería y Defensoría al CAI para conocer la situación de Herrera, pues sus amigos ya habían puesta la denuncia de desaparecido.
A Herrera, en ningún momento, le hicieron el proceso judicial que establece la ley para legalizar su captura. Sin embargo, la Policía lo acusó de porte ilegal de sustancias inflamables, aunque no había pruebas que lo demostrara.
Álvaro Herrera es puesto en libertad, después de que en la Fiscalía de Cali demostrara que su captura había sido ilegal.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) afirmó hoy que la tasa de desempleo en Colombia es menor este año a la del año pasado. Sin embargo, la pobreza en el país es más del 40%. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia?
Pobreza en tiempos de pandemia
Por la crisis económica derivada de la pandemia, más de 3 millones de personas cayeron a la pobreza en Colombia. En un informe de 2020, el Dane anunció que 21,2 millones de colombianos viven en condición de pobreza.
La mayoría de estos habitan en ciudades o centros urbanos, donde más decrecimiento económico hay.
Sin embargo, y contra todo pronóstico, la pobreza rural pasó de 47,5% en 2019 a 42,9% en 2020.
Cuatro de cada diez colombianos viven en condición de pobreza.
Blanca Cecilia Zuluaga, directora del doctorado en Economía de los Negocios de la Universidad Icesi, aseguró que “en 2020, el sueño de cerrar la brecha rural urbana se cumplió de una manera muy desafortunada: no ocurrió porque la pobreza rural cayera a los niveles de la urbana, sino porque la urbana se incrementó 10,1 puntos porcentuales, alcanzando los mismos niveles históricamente elevados de la pobreza rural”.
De acuerdo con el Dane, el aumento de la pobreza monetaria fue un fenómeno principalmente urbano. Pero ¿por qué? Si históricamente la ruralidad colombiana ha estado más golpeada por la pobreza y pobreza extrema.
Programas sociales
En Colombia hay transferencias monetarias “sociales”, como Ingreso Solidario o Familias en Acción. En 2020, estos programas se destinaron a hogares de extrema pobreza en el marco de la emergencia por COVID-19.
El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, aseguró que sin los apoyos monetarios del Gobierno la pobreza rural habría subido hasta el 50 %. De igual manera, Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión SAS, resalta que estos programas mitigaron 7,1 puntos de la pobreza rural y casi 10 de la pobreza extrema.
En el campo colombiano, casi la mitad de la gente es pobre.
En la actualidad, para que una familia rural salga de la pobreza debe devenir más de $112.000 COP (31 USD) al mes. Los incentivos que entregó el estado eran por más de $160.000 COP (44 USD), por lo que una familia que recibiera la ayuda estatal, ya no era considerada pobre en las zonas rurales.
No ocurrió lo mismo en las ciudades, pues el costo de vida es más elevado. En promedio, el gasto mínimo en las cabeceras municipales es de $369.688 (102 USD), mientras que en la ruralidad es $199.828 (56 USD).
Economía en el campo
En el campo, una de las actividades económicas más comunes son las agropecuarias. Estas proveen más del 60% del empleo rural, y no pararon en ningún momento de la pandemia.
Sin embargo, sin las ayudas estatales muchos campesinos no hubieran podido superar la crisis. A esto hay que sumarle que si los hogares urbanos no se recuperan de la crisis, los hogares rurales pueden verse afectados, pues no podrían comprar sus productos.
Expertos, además insisten que es necesario la implementación de los compromisos del Acuerdo de Paz para la zona rural, que buscaban cerrar las breachas entre la ruralidad y las ciudades.
Los 3 Centros de Atención Inmediata (CAI) de la Policía de Cali fueron vandalizados durante las manifestaciones del Paro Nacional. Jóvenes de la comunidad transformaron los espacios en bibliotecas populares y espacios de encuentro cultural.
Académicos consideran un mensaje claro para la ciudadanía: más educación y menos represión policial.
CAI incendiado en Cali ahora es biblioteca.
La Biblioteca de la Resistencia fue vandalizada el día que comenzó el Paro Nacional, el pasado 28 de abril . La comunidad y jóvenes de la Primera Línea (jóvenes que protegen a ciudadanos de los abusos de la policía con escudos) la transformaron el CAI en una Biblioteca Popular, en honor a las víctimas de abusos policiales en Cali.
La Biblioteca de la Dignidad, al norte de la ciudad, ya hay por lo menos doscientos libros. Todos han sido donados por manifestantes, vecinos y niños. Uno de los artistas, quien dirige la Biblioteca, asegura que “Nunca entendimos por qué había un CAI allí si ese lugar antes de estar intervenido por la policía era una caseta comunal”.
En La Loma de la Cruz, ahora nombrada Loma Dignidad, hay un cartel que dice “Hay plata pa’ la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena, hay plata pa’ la guerra y no para estudiar”.
Esta nueva visión de intervención espacial se basa en el lema que le lee en cada biblioteca “Menos CAIs y más bibliotecas”.
La comunidad en Cali está donando los libros en estas nuevas bibliotecas.
Otra biblioteca queda en el barrio Puerto Rellena, ahora Puerto Resistencia, llamada Biblioteca de la Resistencia. Uno de sus fundadores asegura que “Ese día [28 de abril] les pedimos que se fueran porque ya había llegado el Esmad a reprimirnos. No nos hicieron caso. Varias personas comenzaron a lanzar piedras hasta que salieron corriendo y después lo incineraron”.
Esta biblioteca se convirtió en uno de los puntos más concurridos para las manifestaciones en el Paro Nacional de las comunas 15 y 16. Precisamente este espacio fue elegido, porque allí murió Marcelo Agredo, de 17 años, después de patear a un policía y que este le disparara. Uno de los líderes de la Biblioteca de la Resistencia explica que “Desde ahí nos convencimos de que lo que necesitábamos era más espacios de educación, más bibliotecas y menos CAI, menos represión”.
Marcelo Agredo, de 17 años, recibió un disparo de un policía en el paro nacional.
A pesar de que los espacios intervenidos fueron quemados, la mayoría los jóvenes que lideran el proceso afirman que no tienen nada que ver con los hechos de violencia que se vivieron allí.
La plenaria del senado ratificó al ministro de Defensa, Diego Molano, en su cargo y niega moción de censura. Con 67 votos por el NO y 31 por el SÍ, Molano seguirá en su cargo.
Quienes votaron por el NO fueron los senadores de los partidos políticos Centro Democrático, Partido Conservador, la U, Cambio Radical, cristianos y la mayoría de los liberales. Por el SÍ votaron senadores alternativos de los partidos Alianza Verde, Polo Democrático, Lista de los Decentes, Comunes, Unión Patriótica, Colombia Humana y Mais.
Con la votación, Molano supera su primer traspié dentro del Congreso como ministro. Sin embargo, deberá esperar el resultado de la votación en la Cámara de Representantes.
La moción de censura fue interpuesta el lunes en el Senado. Este procedimiento obedece al numeral 9 del artículo 135 de la Constitución Política de Colombia, el cual puede ser liderado por congresistas cuando el funcionario en cuestión incumpla los requerimientos y citaciones del Congreso de la República o por hechos directamente relacionados con las funciones propias de su cargo.
Los debates se desarrollaron el lunes 24 y martes 25 de mayo. Molano fue citado esos días para responder, entre otras cosas, por las actuaciones de la fuerza pública durante el Paro Nacional.
El último escándalo estalló el martes, después de que un juez de Providencia (isla colombiana cerca a Nicaragua) enviara a prisión preventiva al piloto y copiloto de una avioneta que trasportaba 446 kilogramos de cocaína y más de $102 millones de pesos (28.000 USD). El representante legal de la empresa a la que pertenece la aeronave es Miguel Jaramillo Arango, esposo de la presentadora y actriz Alejandra Azcárate.
Alejandra Azcárate y Miguel Jaramillo
Juan Camilo Cadena, piloto, y Harold Darío Rivera Toledo, copiloto, no aceptaron cargos por tráfico de estupefaciente. Por su lado, Azcárate señaló que su esposo sí es el representante legal de la empresa, pero que no estaba enterado de que la aeronave estaba rumbo a esa isla.
El aeropuerto de Guaymaral, de donde salió la avioneta, aún no se pronuncia.
La Fiscalía aseguró que “Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico imputó a estas dos personas los delitos de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado; y lavado de activos. El hallazgo del estupefaciente se produjo el pasado 23 de mayo en el aeropuerto El Embrujo, de Providencia y Santa Catalina, a donde habría llegado la avioneta con supuestas ayudas humanitarias y cajas con tapabocas”.
El ente investigador también señaló que Jaramillo solicitó ser reconocido como víctima en el proceso. Sin embargo, en la etapa procesal no se resolverá la petición de Jaramillo.
Avioneta incautada de Interandes Helicópteros S.A.S
Por su lado, Azcárate afirmó en una entrevista que el avión pertenece a la empresa de su esposo está en sociedad con Fernando Escobar. Según la presentadora, Escobar es el encargado de contratar a los pilotos y que su esposo no conocía a profundidad al piloto Cadena.
La Agencia de Periodismo Investigativo, asegura que la empresa que está a cargo de la aeronave es Interandes Helicópteros S.A.S. Esta es una sociedad constituida a finales del 2012, y donde Jaramillo aportó el 50% del capital.
Pero este no es el único escándalo sobre narcotráfico
Fernando Sanclemente
A comienzos del 2020, el en ese entonces embajador colombiano ante Uruguay, Fernando Sanclemente, fue acusado por narcotráfico. En su finca se encontró un laboratorio de cocaína que hacía parte de una asociación ilegal que enviaba la droga a Europa a través del aeropuerto internacional más grande del país.
Sin embargo, lo que parece abundar más en el país son políticos con familiares que han sido procesados por narcotráfico.
A mediados del mismo año, otro escándalo resonó en las esferas del poder colombiano. Medios de comunicación recordaron que el hermano de la actual vicepresidenta y canciller del país, Marta Lucía Ramírez, pagó 23 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
Vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, y su hermano
Y la lista se alarga:
1. José Obdulio Gaviria, senador del Centro Democrático desde 2014, es primo de Pablo Escobar.
José Obdulio Gaviria y Pablo Escobar
2. El hijo de María Inés Restrepo, ex directora de sustitución de cultivos, fue detenido en Miami por narcotráfico en la década de los 90.
3. El general Óscar Naranjo, exvicepresidente de Juan Manuel Santos, también tiene un hermano que fue enviado a prisión en Alemania por tráfico de estupefacientes.
El lunes 24, la la vicepresidenta, y ahora canciller, de Colombia se reunió con la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir la situación de derechos humanos que se vive en el país con el Paro Nacional. La respuesta de Marta Lucía Ramírez ante la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue «en este momento hay que esperar».
Ramírez aseguró que las visitas para verificar la situación de violación de derechos humanos durante el paro nacional se darán cuando los órganos de control del país terminen investigar cada uno de los casos. Sin embargo, expertos alertan que en el país las investigaciones duran meses o años, antes que las archiven.
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia
De acuerdo con la vicepresidenta, los organismos de control nacionales, como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo son las encargadas para estas investigaciones. En caso que no cumplan con su deber, las delegaciones de derechos humanos podrán entrar al país.
“Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un solo caso de violación de derechos”.
El anuncio se dio en una reunión entre Ramírez y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Allí, Ramírez aseguró que el gobierno colombiano y su presidente, Iván Duque, son garantes de la protesta pacífica y rechazan el abuso policial.
¿Pero qué está pasando en Colombia?
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido señalado de más de 12 asesinatos a civiles durante las manifestaciones.
La solicitud de la CIDH, para verificar la situación de derechos humanos, fue realizada el 14 de mayo. Múltiples denuncias de asesinato, tortura, violación y desaparición forzada han sido puestas ante la Corte.
“La CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales (…). Ha recibido miles de solicitudes para llevar a cabo una visita de observación, con el fin de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Colombia por parte de distintos representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos, juristas, representantes políticos, entre otros”, anunció la CIDH el 14 de mayo.
Temblores ONG afirma que han habido 43 homicidios, 2.905 casos de violencia policial, 39 víctimas de agresión en sus ojos, 21 víctimas de violencia sexual y 379 desaparecidos por parte de la Policía.
