El director general de la Policía Nacional de Colombia confirmó la detención del exgobernador de Cundinamarca, departamento del país, Pablo Ardila. El arresto se dio en España, y autoridades colombianas aseguran que “Se trata de un proceso adelantado por las autoridades de ese país por varios delitos. Con base en testimonios que comprometen al exmandatario con presuntas actividades de trata y explotación de personas. A través de Interpol, las agencias policiales del país ibérico están solicitando información útil para el proceso”.
El 5 de mayo de 2021, Ardila fue capturado en Barcelona por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, abuso sexual, blanqueo de capitales, delito contra hacienda pública, delito contra medio ambiente y delito contra la seguridad vial.
La Policía aseguró que la investigación comenzó en 2019, tras la denuncia de una empleada doméstica que habría trabajado para Ardila en Colombia y habría sido su víctima en el delito de trata de personas en España. Investigadores recopilaron suficientes elementos probatorios que comprometían al exgobernador con ese y otros delitos.
A través de un comunicado de prensa, la Policía informó que “Dentro de las diligencias que evidenciaban su actuar criminal fue necesario analizar sus movimientos bancarios, los cuales no eran congruentes con la labor que realizaba en Barcelona. Teniendo en cuenta que el capturado poseía varios autos de alta gama y una vivienda ostentosa, lo que llamó particularmente la atención de las autoridades judiciales”.
Pablo Ardila Sierra fue gobernador de Cundinamarca entre 2004 y 2007, y a finales de ese mismo año fue privado de su libertad por cargos de corrupción. Esa investigación fue liderada por la Fiscalía General de la Nación, y Ardila fue detenido hasta 2010. Sin embargo, en 2016 el Tribunal de Cundinamarca ordenó al Estado colombiano que le indemnizaran por haber estado privado de la libertad.
Ardila pedía un reconocimiento de $3.961 millones de pesos (USD 1,1 millones) por haber estado privado de la libertad. La indemnización fue de $111 millones de pesos.
$43 millones (USD 11 mil) por “perjuicios materiales” para resarcir los cuatro días en que no alcanzó a ejercer como gobernador por su arresto. Y $68 millones (USD 18 mil) para él por perjuicios morales.
La esposa de Ardila, cirujana plástica Dra. Luisa Plata, y su padre, Jaime Ardilla, también recibieron $68 millones cada uno por los daños emocionales.
Los jueces que dieron el fallo fueron el magistrado Carlos Vargas Bautista -quien es enjuiciado por hechos de corrupción-, Henry Barreto Mogollón y Leonardo Torres Calderón.
La Fiscalía le imputó cargos por enriquecimiento ilícito (2007), extorsión (2008), explotación ilegal de minas en Ricaurte, Cundinamarca (2012). Ardila ganó todas las disputas y quedó libre en 2010.
Entre otros expedientes en contra de Ardila son: corrupción en un convenio pactado, cuando fue director de la Universidad de Cartagena, para diseñar y construir unos distritos de riego en Ubaque, Fómeque y Beltrán. Corrupción por licitaciones para sistematizar colegios de varios municipios y para prestar el servicio de seguridad dentro de los mismos. Nexos con paramilitares Cundinamarca y de Bogotá. Enriquecimiento ilícito mientras fue gobernador, su patrimonio puede no ser coherente con su puesto de trabajo.
