Ayer la Corte Constitucional de Colombia aprobó el aborto libre y legal hasta la semana 24, un acto que ha sido reconocido por Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Watch (HRW) como un «triunfo» para los derechos humanos. ¿Qué otros países de la región han despenalizado esta práctica médica?
En Colombia, México, Estados Unidos, Cuba, Argentina y Uruguay se ha despenalizado el aborto hasta ciertas semanas. Colombia es el país con mayor límite de semanas.
Por su lado, en Ecuador, Bolivia y Perú se permite el aborto en ciertas condiciones. En Bolivia se permite la interrupción voluntaria cuando hay violación, incesto y problemas de salud mental. En Ecuador solo se permite cuando hay violación. Mientas que en Perúsolo permite la interrupción voluntaria del embarazo cuando hay violación y riesgo de vida para la mujer.
La decisión de la alta corte colombiana también dejó en firme las tres causales existentes en las que se puede abortar sin cometer algún delito. Por ahora, el Congreso colombiano será el ente encargado de legislar sobre el aborto.
Una nueva investigación revelada a medios de comunicación en oriente, asegura que unos 607 niños fueron víctimas de diversas formas de abuso físico mientras estaban recluidos en las cárceles de Bahréin durante la última década. El estudio se basó en informes judiciales filtrados, y en el testimonio de cientos de niños que describieron los horrores que pasaron por las autoridades de su país.
El país, ubicado en el golfo pérsico entre Arabia Saudita y Qatar, es una reconocida monarquía que ha sido fuertemente criticada durante los últimos años por los juicios injustos de manifestantes y de personas que han criticado al gobierno por internet.
La represión contra manifestantes u opositores del gobierno es criticada por varias organizaciones internacionales.
Cabe resaltar que Bahréin es un archipiélago de mayoría chiíta, pero gobernado por una monarquía sunita, quienes han abusado históricamente del poder.
Amnistía Internacional ha asegurado que «Se infligieron malos tratos y, en algunos casos, tortura, a personas privadas de libertad. La Defensoría del Pueblo del Ministerio del Interior, la Institución Nacional de Derechos Humanos y la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía siguieron siendo ineficaces en la salvaguardia de los derechos humanos y el castigo de los abusos contra ellos».
Los temidos interrogatorios
Las sesiones de interrogatorio, que a menudo se llevan a cabo sin la presencia de los padres o sus abogados, pueden durar largas horas y hay maltrato físico contra los menores. Fuentes anónimas de la fiscalía de Bahréin aseguran que actualmente hay más de 150 niños detenidos en las instalaciones penitenciarias.
En la declaración de un joven, quien ha estado recluido en un centro penitenciario desde que tenía 16 años, se habla sobre el confinamiento solitario. Dijo que los que son llevados al castigo en solitario están encadenados a la cama o les esposan las manos y los pies.
“A menudo no pueden ducharse ni cambiarse de ropa”, aseveró.
Por otro lado, el informe muestra que un puñado de declaraciones de los niños se modificaron para que estos aceptaran los cargos en su contra. Esto podría demostrar que hay abuso verbal y físico por parte de las autoridades, para así obtener confesiones por la fuerza.
Lo que dice la monarquía
En un comunicado, respondiendo ante las acusaciones que han hecho medios regionales, el Ministerio del Interior de Bahréin dijo que no hay niños encarcelados. Aunque aseguró que algunos detenidos de entre 15 y 18 años «están cumpliendo condena en un centro correccional especial».
También agregó que los niños que cumplían condena estaban allí por casos penales y relacionados con “terrorismo”, y que recibieron «juicios justos».
El gobierno de Bahréin ha rechazado las acusaciones de violaciones de derechos humanos y se niega de discriminar a sus ciudadanos chiítas.
Tong Ying-kit, ex camarero de 24 años, fue condenado hoy por terrorismo y secesión. La condena, que se rige bajo la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong, es de nueve años de prisión, aunque recibió seis y medio por el cargo de incitación a la secesión, y otros ocho años por presuntamente cometer actos de terror.
Tong deberá cumplir un mínimo de dos años y medio por “terrorismo”, y luego seis años y medio por el cargo de secesión. Otras partes de la sentencia se cumplirán al mismo tiempo.
También se le prohibió obtener una licencia de conducir durante 10 años.
Muchos ciudadanos acompañaron a Tong Ying-kit durante el juicio, brindándole su apoyo
Amnistía Internacional aseguró que la sentencia “confirma los temores de que la ley de seguridad nacional no sea simplemente una herramienta para infundir terror a los críticos del gobierno en Hong Kong; es un arma que se utilizará para encarcelarlos ”.
Para expertos, el tribunal no consideró circunstancias atenuantes, como el buen comportamiento de Tong y que es cabeza hogar.
Clive Grossman, abogado de Tong, anunció que su cliente «apelará» la sentencia.
Liberate Hong Kong y Tong Ying-kit
Tong Ying-kit manejaba una moto con una bandera que, según autoridades, se considera mensaje de terror
El martes, Tong fue declarado culpable de terrorismo por atropellar con una motocicleta a tres policías, y declarado culpable de secesión por enarbolar una bandera de protesta durante la protesta del 1 de julio del año pasado.
Hace un año, manifestantes salieron a las calles de la ciudad oponiéndose a la Ley de Seguridad Nacional.
La bandera que ondeaba Tong llevaba el lema prohibido «Liberar Hong Kong, revolución de nuestro tiempo«.
‘Liberate Hong Kong, revolution of our times’ ha sido el lema de las manifestaciones desde 2019
Para Beijin, esta es una acción que desestabiliza aún más la tensionante situación entre China y Hong Kong. Esto llevó a que el juicio se centrara principalmente en el significado del lema, que fue omnipresente durante las protestas masivas a favor de la democracia en Hong Kong en 2019.
Con respecto a la ley, impuesta por Beijing en junio de 2020, es entendida como un veto sobre la ciudad, pues castigalo que China ve como subversión, secesión, terrorismo y colusión con fuerzas extranjeras.
Sebastián Piñera, presidente de Chile, dio declaraciones ante la Fiscalía por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2019. El órgano persecutor busca esclarecer si se configuró un «ataque generalizado o sistemático contra una población civil» que «responda a una política de Estado o sus agentes».
Los estadillos de las protestas en Chile llevaron al país a la crisis social más grave en 3 décadas. Con 34 muertos, casi 3.500 hospitalizados, y más de 8.800 arrestados, el estallido social en el país se extendió hasta el 18 de marzo de 2020.
La escalada de violencia llevó a que el gobierno evaluara la posibilidad de restablecer el estado de emergencia e, incluso, el estado de sitio.
De acuerdo con el Gobierno, Piñera «concurrió ante la fiscal regional, Claudia Perivancich, para aportar toda la información pertinente, explicar todas las acciones tomadas en resguardo de las libertades y derechos de todos los ciudadanos y colaborar para esclarecer todos los hechos ocurridos en el contexto del estallido de violencia de 2019″.
Investigación dentro del Estado
En el mismo caso, ya se ha tomado declaración a otros exmiembros del Gobierno que figuran en las denuncias criminales presentadas por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y otros organismos a la Fiscalía.
Un resultado del Estallido Social fue el Plebiscito nacional de Chile de 2020.
Por ejemplo, Andrés Chadwick -primo del primer mandatario-, exministro del Interior; Gonzalo Blumel, exministro de Seguridad Pública; o el gobernador de la Región Metropolitana, Felipe Guevara.
A la fecha, se han abierto más de 4.600 causas contra agentes de la policía chilena y militares. Desde el comienzo de las manifestaciones, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaban los excesos y abusos policiales en Chile.
Stanislav Tomas, de 46 años, murió luego de que un policía se arrodillara sobre su cuello durante más de seis minutos. El hecho ocurrió el pasado 19 de junio, en Teplice, una pequeña ciudad cercana a la frontera norte de la República Checa con Alemania.
Por diez días ha rondado el video del arresto de Tomas por toda Europa. En éste se evidencia cuando Tomas comienza a gritar, se retuerce, y luego deja de moverse mientras un oficial de policía se arrodilla sobre su cuello.
Muchos cibernautas ven similitudes con el asesinato de George Floyd por la policía en los Estados Unidos con la muerte de Tomas, y ha provocado masivas protestas en todo el mundo.
¿Un problema de racismo en Europa?
En Rumania, el 90% de los gitanos están desempleados
De acuerdo con la Fundación Secretariado Gitano, en la Unión Europea hay más o menos hay unos 6-8 millones de gitanos. Sin embargo, “hoy en día los romaníes siguen marcados por una fuerte discriminación y rechazo social, y una situación de exclusión generalizada”.
Pobreza, marginación, desempleo, falta de educación, sin vivienda y con carencias en el acceso a la salud, es la realidad de millones de gitanos en toda Europa. Un ejemplo es el caso de Rumania, el país con mayor concentración romaní de Europa (más de 2 millones), donde 9 de cada 10 gitanos no tienen un empleo.
Los gitanos son la minoría más grande de Europa, pero con la mayor concentración de pobreza
Estos motivos han obligado a la población gitana a ser desplazados y discriminados. Según un informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, uno de cada tres gitanos europeos ha sufrido acoso racista.
«La policía checa es racista», dijo un manifestante que acompañó a una de las manifestaciones donde Tomas fue asesinado.
El caso de Stanislav Tomáš no es el único
De acuerdo con la policía checa, Tomas era un «delincuente reincidente y adicto a las drogas». También insisten que Tomas estaba “bajo la influencia” de algún psicodélico, y que la “autopsia”, prueba que su muerte no estuvo vinculada a la actuación policial sino a las drogas.
Cabe resaltar que la policía de Estados Unidos dijo lo mismo en el caso de George Floyd.
Durante las manifestaciones, la policía hizo presencia, lo que alegró a muchos protestantes ya que temían por los grupos de ultra derecha
«Esta no es la primera vez que la policía mata a romaníes», dijo Jan Cervenak, quien viajó desde Kutná Hora para asistir al funeral. «Nadie les cree lo que pasó aquí».
Hace cuatro años, en Zatec, un hombre romaní de 27 años murió después de una pelea con la policía en una pizzería. Los agentes implicados nunca se enfrentaron a ninguna medida disciplinaria.
Los informes de malos tratos casuales por parte de la policía y otras autoridades son comunes en todo el país.
«¡La vida de los romaníes importa!» se leía en las pancartas que cientos de manifestantes, por toda Europa, alzaron ante el asesinato de Tomas. Todos esperando a que la muerte del hombre pueda proporcionar una chispa política que deje de invisibilizar a la comunidad.
La hermana de Tomas está recogiendo dinero para hacer una segunda autopsia
Sin embargo, mientras que el ex policía estadounidense Derek Chauvin fue sentenciado a 22,5 años de prisión por asesinar a George Floyd, nadie espera que el policía que se arrodilló sobre el cuello de Tomas enfrente cargos.
Un silencio ensordecedor se ha sentido en todo el espectro político europeo.
Dos días después de la muerte de Tomás, el primer ministro populista, Andrej Babis, expresó su total apoyo a la policía.
En sus declaraciones, Babis aseguró que alguien «respetable» no se habría encontrado en esa situación, sugiriendo que cualquiera que tome drogas y ataque a la policía no debe «esperar ser tratado como a un niño».
Andrej Babis es el primer ministro de la República Checa y días después del hecho dio su completo apoyo a la policía
Solo cuatro días después del hecho, una investigación estatal concluyó que la policía actuó legalmente.
El Consejo de Europa y Amnistía Internacional han pedido una investigación independiente sobre el incidente, pero la gente espera pocos resultados.
Ante la inactividad política, la activista Gwendolyn Albert asegura que «No se puede obtener ninguna ventaja política apoyando a la comunidad romaní».
