Categoría: Nacionales

La captura de «Otoniel», uno de los hombres más buscados en Colombia

Después de por lo menos ocho años de búsqueda, el domingo 24 de octubre, la inteligencia colombiana capturó a Dairo Antonio Úsuga David, alias «Otoniel». El jefe del Clan del Golfo tenía 128 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias, ocho medidas de aseguramiento, y dos órdenes de extradición.

Alias Otoniel es el hombre detrás de una de las organizaciones criminales más sanguinarias de Colombia: el Clan del Golfo. Desde hace años, esta organización envía, mayoritariamente a México, la mitad de la droga que sale del país.

Eso convertía a «Otoniel» como uno de los capos latinoamericanos más buscados por la DEA, con una recompensa de hasta 5 millones de dólares. Se rumoraba que tenía la ambición de ocupar el vacío de poder que dejó el «Chapo Guzmán«, de quien era cercano.

Los crímenes que se le imputan

Conformación de grupos armados, concierto para delinquir, tráfico de armas, delitos de lesa humanidad, como homicidio múltiple agravado, son algunos de los crímenes que se le imputan. Además de masacres, desplazamiento forzado, extorsión, homicidios selectivos contra líderes sociales, narcotráfico, corrupción y acciones armadas contra la población y la fuerza pública.

Otoniel fue miembro de la guerrilla Ejército Popular de Liberación (EPL) y del grupo paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

“Sus finanzas criminales están ligadas al manejo del tráfico internacional de cocaína hacia Centroamérica y Europa (…). Este resultado operacional impacta de manera directa el componente estratégico, estructural y financiero del Clan del Golfo, logrando desestabilizar la línea de mando de la organización criminal, al neutralizar al principal articulador y responsable del tráfico internacional”, aseguraron las fuerzas de seguridad colombianas.

Otoniel tiene dos circulares rojas y una azul de la Interpol, y dos solicitudes de extradición emitida por una corte de los Estados Unidos.

El Clan del Golfo

Con más de 3.800 integrantes, y presencia en doce departamentos y 211 municipios, el Clan del Golfo es considerado como  la agrupación más grande y peligrosa del país. La organización ha tenido distintas denominaciones, como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

El Clan ha podido delinquir desde 2006 porque ha tenido nexos cercanos con funcionarios públicos colombianos. Por ejemplo, en 2011 se destituyeron a 637 uniformados: 287 policías y 350 militares, luego de unas investigaciones realizadas por El Tiempo, que evidenciaban su relación con el grupo criminal.

En 2012, ocho funcionarios de la fuerza pública fueron capturados por mantener nexos con el Clan Úsuga. Un Comandante y un sargento, junto a varios patrulleros, fueron acusados por haber realizado 39.000 llamadas telefónicas al grupo.

Ese mismo año, en julio, la Brigada 17 del Ejército detuvo a un vehículo que transportaba droga en Antioquia. Se encontraron varios kilogramos de cocaína, y cinco militares: «un teniente, un cabo y tres soldados», todos adscritos al Batallón Voltígeros.

A mediados de diciembre de 2012, la fiscal Tatiana Oliveros Gutiérrez fue detenida por informar los movimientos del fiscal general de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, al Clan.

Cinco coroneles condenados por los desaparecidos en el Palacio de Justicia

Los coroneles Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez y Ferney Ulmardín Causayá Peña fueron condenados por participar en las desapariciones forzosas durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Los exuniformados deberán pagar 40 años de cárcel por la desaparición de Irma Franco Pineda, Bernardo Beltrán Hernández, y Carlos Rodríguez Vera.

El marte 19, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá rectificó la condena contra el excomandante de inteligencia del Ejército en 2016. El coronel Edilberto Sánchez Rubiano, deberá pagar en prisión por su responsabilidad en la desaparición de Franco, Rodríguez y Beltrán.

Asimismo, el magistrado Manuel Antonio Merchán, de la Sala Penal, aseguró que los sargentos Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Ulmardín Causayá Peña, fueron quienes desaparecieron a la estudiante de derecho e integrante del M-19, Irma Franco, y a los trabajadores de la cafetería del Palacio, Carlos Augusto Rodríguez y Bernardo Beltrán.

La toma y retoma del Palacio de Justicia

Por 27 horas, más de 300 rehenes estuvieron entre el fuego de las Fuerzas Militares y el M-19

El 6 de noviembre de 1985, entre las 10:30 y las 11:00 de la mañana, siete personas armadas vestidas de civil, y pertenecientes a la guerrilla M-19, ingresaron al Palacio de Justicia. Cerca de 350 ciudadanos, entre magistrados, consejeros de Estado, servidores judiciales, empleados y visitantes del Palacio de Justicia, fueron rehenes de los guerrilleros.

Desde la 1:00 p.m. del 6 de noviembre, y hasta 23 horas después, la fuerza pública asumió la acción ofensiva con ocho unidades blindadas y tres helicópteros.

La toma y retoma del Palacio dejó un saldo de 101 muertos: once magistrados, 20 servidores públicos, seis empleados del Palacio, 5 empleados de la cafetería, 47 guerrilleros, y 12 miembros de la fuerza pública.

Siete personas más se declararon como desaparecidas desde 1985.

El actuar de las Fuerzas de Seguridad

En el expediente de la Sala se lee que “miembros del Ejército y la Policía fraguaron actos que extralimitaron sus funciones: la idea era acabar con «el enemigo»”.

Siete personas siguen desaparecidas tras la toma y retoma del Palacio

Ante esto se pronunció por el secuestro y retención ilegal de Irma Franco Pineda, Bernardo Beltrán Hernández, y Carlos Rodríguez Vera. “La conducción de estas personas a dichos lugares no fue informada en los registros de actividades entregados por Sánchez Rubiano, lo que denota un interés por ocultar lo sucedido con estos sobrevivientes, tal tesis explicaría que no haya existido guerrilleros judicializados o sobrevivientes, pues la agresividad y contundencia de la actuación de las Fuerzas Militares ante cualquier posible enemigo era clara”, resalta el informe.

Caso de Jineth Bedoya: la periodista colombiana que fue secuestrada, torturada y violada por paramilitares

Este lunes 18 de octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano por el caso de Jineth Bedoya, y le ordenó brindarle medidas de reparación y gestionar la promoción de proyectos para evitar actos de violencia sexual. La Corte culpó al Estado de haber sido «lento y negligente en el proceso de investigación y condena penal del caso«, y por no haber evitado el secuestro de Bedoya.

Esta es la primera victoria que Bedoya, después de llevar dos décadas en batallas legales y mediáticas, amenazas contra su vida y episodios que revivieron su violación.

Iván Duque, presidente de Colombia, anunció que «la sentencia se cumplirá en su totalidad«. A esto se incluye la creación de un fondo para prevenir y proteger la violencia contra periodistas mujeres, con un presupuesto anual de US$500.000.

Jineth Bedoya

En el año 2000, la joven Bedoya era periodista de justicia del diario El Espectador. Para sus 26 años, ya tenía renombre por sus investigaciones sobre la cárcel Modelo de Bogotá. Se convirtió en una reconocida defensora de los derechos de los reclusos, y lideró campañas de educación y financiación de la prisión.

El 25 de mayo del 2000, Bedoya tenía una entrevista con Mario Jaimes Mejía, alias «el Panadero», líder de las Autodefensas Unidas de Colombia. Jaimes Mejía estaba en la cárcel y le daría la entrevista a Bedoya para hablar sobre el tráfico de armas dentro de la prisión.

Sin embargo, la cita fue una trampa.

Con la complicidad de los policías de la Modelo, Bedoya fue secuestrada. La sacaron de la prisión, se la llevaron en un auto y la retuvieron durante 16 horas en las que fue drogada, torturada y violada por varios miembros de las AUC.

Las palabras de sus perpetradores fue «Este es un mensaje para el periodismo en Colombia«.

La justicia colombiana, declaró el caso de lesa humanidad, salvándolo de una prescripción, y condenó a tres paramilitares. Sin embargo, los expedientes aseguran que al menos 25 hombres estuvieron involucrados en el crimen.

Cuarto pico de Covid-19 en Colombia sería en noviembre: MinSalud

De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Salud (INS), el cuarto pico de Covid-19 llegaría en noviembre. El anuncio lo dió el viceministro de Salud Pública, Luis Alexander Moscoso Osorio, después de anunciar que en algunas regiones del país, la variante Delta ya empieza a ser dominante.

Moscoso aseguró que son preocupantes los niveles de contagio por la variante Delta. “El contagio indica que subió a 0.45, lo que significa que en noviembre podemos tener un pico, tema que nos preocupa mucho, entonces yo creo que en estas dos semanas debemos trabajar muy fuerte en el tema de vacunación y en aislamiento”, afirmó.

Actualmente, el número de contagios y de uso de camas UCI en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander y Atlántico están aumentando aceleradamente.

Moscoso recomendó a los mayores de 70 años acceder al Plan de Vacunación Nacional para obtener la tercera dosis de sus vacunas. “Nos preocupa porque en la medida que empiece a circular y hacer predominante delta se convierte en un riesgo inminente y ahí es cuando es importante la vacunación de los mayores de 70 años”.

 

Investigan al jefe de inteligencia del Ejército por presunto abuso sexual

El brigadier general Mario González Lamprea, jefe de inteligencia militar del Ejército, está en la mira de la Procuraduría General por «presuntas conductas sexuales abusivas» contra una teniente actualmente retirada del servicio. El ente abrió hoy una investigación disciplinaria contra González, a pesar de que según el Ministerio Público, los actos habrían ocurrido en noviembre de 2017.

La teniente Jeymi Liseth Muñoz fue la víctima del abuso, y fue quien interpuso la denuncia por el delito de acto sexual violento contra González Lamprea en 2018. En su testimonio, que dio a conocer en «La W», detalla que “le dije que tenía cuatro tatuajes y me preguntó dónde los tenía. Luego me mostró dos que él tenía, se puso de pie y cerró la puerta. Me dijo que le mostrara el tatuaje, me puso de pie e intentó mirar debajo del vestido(…) me bajó la cremallera de la espalda y empezó a besarme a la fuerza”.

La teniente Muñoz es 20 años menor que el general González.

Hoy, la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, ordenó que se practicaran pruebas para «verificar si ocurrieron o no estos hechos de abuso«.

A pesar del testimonio de Muñóz, la Fiscalía archivó la denuncia, y la teniente ha recibido varias «propuestas» para desestimar el caso. “A mi novio le dijeron que me convenciera de quitarle la denuncia al coronel porque se le estaba afectando el ascenso, y que ellos nos podían ayudar a los dos”.

Un caso común

De acuerdo con las Fuerzas Militares, entre 2016 y julio de 2020, 118 militares tuvieron actos de abuso contra niñas niños y adolescentes. El general Eduardo Zapateiro, comandante de las Fuerzas Militares, dijo que de los 118 abusadores, solo 45 han sido expulsados de las filas.

Se renueva la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz en Colombia

El gobierno colombiano, liderado por la vicepresidente y canciller, Marta Lucía Ramírez, firmó la renovación de la Misión de Acompañamiento al Proceso de Paz. Representantes de Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia y Noruega, asistieron al acto protocolario.

Ramírez aseguró que “los aportes de la Misión han permitido al Estado acercarse a las comunidades y han servido de puente para generar diálogo en contextos de alta conflictividad. Han sido aliados incansables a través de la entrega de información oportuna y recomendaciones, facilitando la toma de decisiones para abordar los desafíos y amenazas para la paz”.

La Misión es una iniciativa de la OEA (Organización de los Estados Americanos), y continuará trabajando junto al gobierno colombiano para la construcción de la paz.

Roberto Menéndez, jefe de la Misión anunció que “es un privilegio y una responsabilidad seguir sumando a la Paz del pueblo colombiano. Agradecemos la confianza del Estado y asumimos este compromiso con independencia e imparcialidad, así como con la decidida voluntad de acompañar todos los esfuerzos de paz que Colombia realiza”.

Por ahora, la Misión se seguirá enfocando en los procesos de reintegración social como:

  • el apoyo a las víctimas
  • los procesos de reincorporación
  • los programas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos
  • el seguimiento a los PDET- Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial
  • el seguimiento a la Reforma Rural Integral
  • las iniciativas de desminado

La monja colombiana secuestrada por 56 meses en Malí

Gloria Cecilia Narváez fue secuestrada el 7 de febrero de 2017 por Al Qaeda en Malí, África. La monja colombiana fue liberada el sábado 9 de octubre, luego de más de 4 años, 8 meses y dos días en cautiverio.

Gloria Cecilia es misionera de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada desde 2002, y su vocación la llevó a vivir en distintos países, como México, Ecuador, Benín y Malí.

En Benín vivió ocho años, y luego regresó a Colombia para estar con su familia por tres meses. A mediados del 2012, volvió a Malí, donde apoyaba a madres cabeza de hogar que tenían proyectos productivos. También ayudaba a los niños de un albergue donde les daban alimentación, educación y techo.

En 2017, Gloria fue secuestrada cerca de la localidad de Koutiala, donde llevaba trabajando como misionera seis años en la parroquia de Karangasso.

Los perpetradores del ataque fueron terroristas del grupo yihadista Nusrat al Islam wal Muslimin (Grupo de apoyo al islam y a los musulmanes), activo en la región del Sahel y aliado con Al Qaeda.

¿Quiénes son políticos colombianos están en los Pandora Papers? Parte 1

La investigación periodística que tiene a varios políticos, celebridades y empresarios de todo el mundo en el ojo del huracán. Más de 11 millones de documentos filtrados donde se evidencia cómo estas figuras públicas se han beneficiado de los “paraísos fiscales”.

Cabe resaltar que, tener una sociedad en un paraíso fiscal no es delito, pero permite que muchas personas evadan impuestos en sus países, laven dinero o escondan su capital.

En Canal 57 traemos una serie de notas con los políticos colombianos que están dentro de este escándalo mundial, similar a los Panama Papers en 2016.

César Gaviria: expresidente de Colombia (1990-1994)

Gaviria es recordado por las reformas que marcaron la apertura económica neoliberal

Gaviria aparece como accionista de una empresa colombiana dedicada al sector de hidrocarburos en Panamá. Su nombre es «MC2 Internacional S.A.» La compañía se constituyó en 2010, y dos años después fueron registrados los actuales directores de «MC2 Internacional»: César Gaviria Trujillo, Luis Fernando Gaviria (hermano del expresidente), y Carlos Humberto Isaza (director del Departamento Administrativo de la Función Pública en el gobierno de Gaviria).

Se presume que la empresa ha tenido millonarios contratos en Colombia y Perú. Además, ha suministrado gas a otras empresas de servicios públicos en Cúcuta, Norte de Santander, Antioquia, Boyacá, Córdoba, Chocó y Risaralda.

Dentro de su página web aseguran que también proveen Gas Natural Vehicular a la flota de buses de Transmilenio, Transcaribe y MIO, a través de la estación de servicio EDS AGUAZUL.

Una empresa multimillonaria que no tributa en Colombia.

Andrés Pastrana: expresidente de Colombia (1998-2002)

Recordado por «la silla vacía del Caguán», y por los múltiples escándalos de infraestructura cuando fue alcalde de Bogotá (1988-1990).

El expresidente y exalcalde de Bogotá, Andrés Pastrana, aparece como beneficiario de la sociedad «Vanguard Investment Inc.«, que se constituyó en Panamá a mediados de los 2000. La accionista principal de «Vanguard Investment» es otra empresa de Pastrana pero en Colombia «Salatina Puyana y Cía.».

«Salatina» se constituyó dos meses antes de que Pastrana dejara la presidencia en 2002. En los documentos de la compañía se lee que creó por “la precautelación del patrimonio de familia”.

De acuerdo con el mismo expresidente, el objetivo de «Vanguard» es “Hacer inversiones colombianas en el exterior”, pero hasta hace menos de 4 años se pudo verificar que los verdaderos dueños de la sociedad son Andrés Pastrana y su esposa, Nohra Puyana.

Una empresa millonaria que no tributa en Colombia.

Marta Lucía Ramírez: vicepresidenta y canciller

La vida de la exmodelo ha estado plagada de escándalos: un hermano narcotraficante o nexos con paramilitares y narcos, a parte de su vida política

Marta Lucía Ramírez, Álvaro Rincón (su esposo), y María Alejandra Rincón (su hija) aparecen como accionistas de la sociedad «Global Securities Managment Corporation«, a través de la empresa panameña «Stulb Investment Corporation» desde 2005. «Global Securities» está registrada en las Islas Vírgenes, y su fundador es el condenado en EE.UU. por lavado de activos, Gustavo Hernández Frieri.

El escándalo de Frieri estalló después de que se conociera que estuvo en una operación de lavado de dinero saqueado a la estatal petrolera venezolana PDVSA. Marta Lucía aseguró que vendió los activos dos años antes de los crímenes.

Frieri y Marta Lucía fundaron la empresa en 2005, junto con la hoy ministra de transporte, Ángela María Orozco.

En 2020 «Global Securities» entró en liquidación y transferirá sus acciones a una empresa en Delaware, Estados Unidos, un conocido paraíso fiscal. Los beneficiarios serán César Hernández y Juan Carlos Gómez.

Una empresa millonaria que nunca tributó en Colombia.

Ángela María Orozco: ministra de Transporte

Orozco estuvo dentro del huracán cuando se conoció el escándalo, y su participación, con la empresa brasileña que dio sobornos por contratos: «Odebrecht«

La exministra de Comercio Exterior (2002), Ángela María, también fue accionista de «Global Securities». Cercana a Gustavo Frieri, también aseguró que se salió dos años antes de que la empresa comenzara a lavar dinero y seis años de la condena que le dieron en EE.UU.

«Global Securities»: Una empresa millonaria que nunca tributó en Colombia.

Enrique Peñalosa: exalcalde de Bogotá (1998-2000 y 2016-2019)

El exalcalde de Bogotá es recordado por sus múltiples escándalos por Transmilenio y por inventarse maestrías en su hoja de vida

Peñalosa aparece como beneficiario de dos empresas panameñas «Limetree Investments S.A.» y «Urban Vision & Strategy S.A«, dedicadas a la consultoría urbana.

Al día de hoy, ambas compañías están liquidadas, pero dos de sus funcionarios públicos durante su mandato, aparecieron como directores de la empresa.

Una empresa millonaria que nunca tributó en Colombia.

Otros nombres conocidos que llegaron a los Pandora Papers fueron los de Guillermo Botero: embajador ante Chile, y Gina Parody: exministra de educación (2014-2016).

 

 

Los políticos y empresarios colombianos en los «Pandora Papers»

Los nombres de 588 políticos y empresarios colombianos aparecen en la lista de los «Pandora Papers«, una investigación realizada por 600 periodistas de todo el mundo sobre sociedades offshore. El periódico El Espectador y el centro de investigación periodístico Connectas encontró que los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana, el actual director de la DIAN, Lisandro Junco Riveira, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, la ministra de Transporte, Angela María Orozco y el exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, estarían relacionados con la creación de empresas de servicios financieros a nivel internacional.

Los periodistas analizaron la filtración de unos 11,9 millones de documentos de 14 empresas en todo el mundo que dan cuenta sobre secretos financieros de políticos, artistas, empresarios y deportistas en paraísos fiscales. A pesar de que tener una sociedad en estos territorios no es ilegales, las investigaciones periodísticas han demostrado que en algunos casos se ha prestado para evadir impuestos o para ocultar su capital.

De acuerdo con Pilar Cuartas, periodista de El Espectador que participó en la investigación, “Identificamos más de 588 nombres de colombianos que aparecen entre personas naturales y jurídicas que registran como dueños reales o beneficiarios de sociedades en estas jurisdicciones [paraísos fiscales] y nosotros nos hemos concentrado en los nombres que vemos una gran relevancia pública y periodística. Personas que son funcionarios públicos o que han tenido estos trabajos, por eso hablamos de expresidentes, embajadores, congresistas. Tenemos por otro lado a personas dedicadas a los negocios o grupos familiares muy poderosos que tienen una incidencia pública importante”.

En la investigación periodística se resalta que la mayoría de estas personas son beneficiarias de sociedades en jurisdicciones de Panamá o las Islas Británicas. Estos son lugares con baja tributación, con un alto nivel de secretismo y excepciones tributarias.

Queda esperar que las autoridades colombianas, a pesar de que el presidente Iván Duque ya dijo que «no era ilegal tener empresas en otros países», se hagan cargo del escándalo fiscal.

 

Más de 100 indígenas emberá viven en las calles de Bogotá

Cientos de familias indígenas emberá de Cauca y Chocó llegaron a la capital colombiana en 2020, huyendo de la violencia en sus territorios y buscando oportunidades laborales. En un principio, estas familias tuvieron ayudas del gobierno nacional y distrital, menos de $230.000 pesos mensuales (63 USD), pero la comunidad hoy está en las calles y las autoridades aseguran que han entregado todas las ayudas.

De acuerdo con la Personería de Bogotá, el 40% de los indígenas que están en la calle son niños. La mayoría de las familias viven en las calles del centro de la ciudad, en el parque Santander, después de que hayan finalizado  sus contratos de arrendamiento en Ciudad Bolívar.

Las entidades gubernamentales brindaron los giros monetarios para que los indígenas pagaran arriendo y alimentación, junto con otros subsidios y ayudas humanitarias.

“La población no queremos subsidios de arriendo porque no es puntual, y es muy poquito $227.000. No alcanza y ahora estamos aquí, amanecimos, dormimos, aguantando hambre, sol, sed y frío, siendo víctimas del conflicto armado y no nos han resuelto nada”, aseguró Mariano Campo Arce, representante de los pueblos indígenas del Chocó.

Qué dicen las autoridades

La Personería de Bogotá lideró una mesa de trabajo junto con la Procuraduría General de la Nación, la Secretaría Distrital de Gobierno, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Secretaría Distrital de Integración Social, ICBF, Defensoría del Pueblo y la Unidad de Víctimas, y verificaron que «sí se está cumpliendo con lo pactado».

“Vienen hombres y mujeres de distintas edades, quienes llegan a Bogotá para reportar hechos victimizantes que les han ocurrido en el conflicto armado interno. Se verificó el cumplimiento de los compromisos con las familias emberá, se evidenció que que hubo cumplimiento”, aseguró la personera delegada para la protección de víctimas del conflicto armado, Patricia Villegas.

Según la Secretaría del Hábitat en su gestión, se entregaron 152 subsidios a familias de la comunidad indígena emberá. La Alta Consejería, por su lado, informó que entregó 290 beneficios de arriendo, sin contar el pago de inmediatez. La Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Victimas (UARIV), asevera haber entregado ayudas humanitarias a las familias.

Sin embargo, hoy son decenas los niños indígenas emberá que viven en las calles de Bogotá.

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