El gobierno de Etiopía ordenó la expulsión del país de siete altos funcionarios de las Naciones Unidas por «entrometerse» en sus asuntos internos. Los funcionarios, quienes habían hecho sonar las alarmas por la situación de derechos humanos en la región de Tigray, fueron declarados «personas non gratas«, y les dieron 72 horas para salir del país.

Entre los expulsados están Adele Khodr, representante de UNICEF en Etiopía, y Grant Leaity, coordinador humanitario adjunto de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (UNOCHA).

En la lista completa están Kwesi Sansculotte, Saeed Moahmoud Hersi, Ghada Eltahir Midawi y Marcy Vigoda de OCHA , junto con Sonny Onyegbula, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Khodr y Leaity.

Una expulsión avisada

Los combates en la región de Tigray, al norte de Etiopía, han dejado miles de muertos, desplazamientos masivos y la destrucción de varios centros médicos. La escalada de violencia, entre las fuerzas gubernamentales y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF), comenzó desde noviembre de 2020.

Desde hace unas semanas, la ONU había anunciado la publicación de una investigación sobre la guerra, realizada por la oficina de derechos humanos de la ONU y la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía creada por el propio gobierno.

Se desconoce si la investigación se verá afectada por la expulsión de Onyegbula, quien participaba de la investigación.

Tigray, un territorio entre la guerra

Este martes, Martin Griffiths, jefe de ayuda de la ONU, dijo que el «bloqueo de facto» de las autoridades etíopes ha restringido las ayudas humanitarias en un 90%. Esto quiere decir que por más de tres meses, unas seis millones de personas no han podido acceder a estos auxilios.

Por su lado, el gobierno ha acusado a supuestos trabajadores humanitarios, aún no identificados, de favorecer y de armar al TPLF. No se han proporcionado pruebas que respalden sus acusaciones.