Tanto la presidenta de la Cámara de Representantes, como el presidente del Congreso tienen familiares con condenas por homicidio, despojo de tierras y narcotráfico. Jennifer Arias, por el Centro Democrático, de la Cámara, y Juan Diego Gómez, por el Partido Conservador, del Senado, fueron elegidos por voto.
El martes 20 de julio, se posesionaron a la presidencia del Congreso dos representantes con un prontuario familiar muy tumultuoso.
Jennifer Arias, al lado del uribismo
La nueva presidenta de la Cámara de Representantes de Colombia es ingeniería industrial de la Universidad de los Andes. Tiene una maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Externado, y ha liderado el Centro Democrático en el Meta.
Con 34 años, Arias ha sido candidata a la Alcaldía de Villavicencio, y coordinadora de la campaña a la presidencia de Iván Duque en los departamentos de Vaupés y Guaviare.
Sin embargo, la familia Arias tiene un historial con la justicia de Colombia.
En 1993, Luis Eduardo Arias, padre de Jennifer, fue condenado por homicidio. La condena fue de 40 meses por el asesinato con arma de fuego de un hombre en Villavicencio.
En 2008, su hermano, Andrés Eduardo Arias fue condenado por narcotráfico en una Corte Federal de Miami.
De acuerdo con una investigación de la Fundación Pares, “Andrés Arias le pide la cocaína a la fuente y esta le pide que le muestre el dinero, este lo lleva hacia su carro y le muestra un sobre blanco con alrededor de 15.000 dólares en billetes de 100 y de 20 dólares. Inmediatamente después, Arias fue capturado por la DEA”.
Por su lado, Jennifer también ha tenido problemas con la justicia del país.
En 2018, durante la campaña electoral, Iván Duque, candidato a la Presidencia por el Centro Democrático, y otros senadores, viajaron en aviones de la empresa Llanera de Aviación. De acuerdo a la Fundación Pares, “Esta compañía de transporte aéreo es investigada por la Dirección Especializada del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación por lavado de activos. Asimismo, la empresa ha obtenido dos contratos con el Departamento Administrativo de Aeronáutica Civil de Colombia sin ningún mérito e incumpliendo los requisitos”.
También está su inhabilidad política. Cuando Jennifer Arias se postuló a la Alcaldía de Villavicencio, tenía un contrato por 214’302.850 pesos como representante legal del Consorcio Urbano.
El contrato se firmó el 23 de diciembre de 2013 para un plazo de tres meses, pero el proceso se extendió hasta el 5 de diciembre de 2014. De acuerdo con la Fundación Pares, “La ley establece que nadie que haya contratado con el Estado un año antes de las elecciones puede ser candidato”.
Juan Diego Gómez
Hijo del fallecido comerciante inmobiliario Orlando de Jesús Gómez Cotero, es el nuevo presidente del Senado. Hay que recorda que Gómez Cotero fue condenado en primera y segunda instancia a 8 años de prisión. Fraude procesal; falso testimonio; obtención de documento público falso; invasión y usurpación de la propiedad de un predio de 33000 metros cuadrados en Bello, Antioquia, fueron los crímenes imputados.
Gómez es abogado de la Universidad de Medellín, con una maestría en Estudios Políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana y con una especialización en Alto Gobierno en la Universidad de Los Andes.
De acuerdo con la fundación La Liga Contra el Silencio, “Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen: un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro”.
Gómez estuvo salpicado por los escándalos de Odebrecht. Según las autoridades, aunque no se haya llegado a ningún veredicto por el proceso, Gómez “sostuvo reuniones con directivos de la corrupta multinacional brasileña”.
En 2014 se opuso a la creación de las 16 circunscripciones especiales de paz cuando hizo parte de la Comisión Quinta del Senado.
Además, junto a su familia, ha tenido escándalos por despojo de tierras en Antioquia.
“La familia del senador pelea por unas tierras que invadieron hace 17 años, según una denuncia de la Cooperativa Coogranada, propietaria desde 2003 de un lote de 52.000 metros cuadrados denominado Las Brisas. […] Coincidencialmente, el padre del senador, Orlando de Jesús Gómez Botero, alias ‘la Ballena’, fue condenado en 2012 a ocho años por la Corte Suprema de Justicia, por apropiarse ilegalmente de tierras en Niquía, también en Bello. Gómez Botero murió en 2013 en la cárcel. […] Tras su muerte, el senador Gómez y su familia retomaron la pelea que había emprendido su padre por las tierras que había invadido. Un proceso judicial que ya cumple 17 años, y que se suma a otra denuncia por estafa contra el senador”, asegura un medio local de Bello.
Tanto Arias como Gómez fueron elegidos por mayoría por los casi 300 senadores de Colombia, que argumentan que ellos no fueron los autores directos de los delitos cometidos por sus familiares.
