Este miércoles se cumplen tres días de bloqueos en la isla caribeña colombiana Providencia. Los manifestantes le reclaman al gobierno las demoras en la reconstrucción de la isla tras el paso del huracán Iota, pues el presidente Iván Duque había prometido reconstruir la isla en 100 días. Ya van más de 200 y se ha entregado a penas el 15% de lo prometido.
En la isla solo se han entregado dos casas terminadas y 136, de las 900 planeadas para ser reconstruidas, están en proceso de construcción.
La población se ha visto obligada a vivir por más de 7 meses en tiendas temporales
Los bloqueos improvisados se han efectuado en las zonas más importantes de la isla: Town, Mountain y Lazy Hill. Con llantas, tejas, ramas de árboles, o fogatas es lo que se ha puesto para detener la movilidad.
Demora estatal
La Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter), la entidad encargada de liderar la reconstrucción de las islas-Providencia, San Andrés y Santa Catalina-, entregó un reporte el mes pasado. De acuerdo con éste, se han reparado 500 de las 877 casas que tuvieron algún tipo de daño.
Además, señalan que hay 136 casas en diferentes etapas del proceso constructivo.
Pero el problema es que solo han entregado dos casas de las más de 1.000 prometidas, y que hay demoras en la reconstrucción del hospital. En la actualidad, el centro médico es una amplia tienda de campaña que no cuenta con los equipos necesarios para atender a pacientes críticos.
Solo el 15% de la infraestructura prometida se ha entregado
De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el 4 de junio empezó el proyecto de reconstrucción del centro de salud. Con un valor que asciende a los $7 mil millones de pesos (casi 2 millones USD), más de la mitad provienen de donaciones hechas por los gobiernos de China y Corea, así como del Banco Centroamericano de Integración Económica.
La situación en la isla se torna cada vez más crítica porque la temporada de lluvias ya comenzó. Los providencianos están durmiendo en tiendas que, con las lluvias, ya tienen filtraciones.
Casi un mes después de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó de visita a Colombia para verificar la situación de derechos que se vive en el país, el gobierno re rehúsa a aceptar sus recomendaciones. Frente al documento de 41 sugerencias, el Estado colombiano expresó que no acoge la propuesta de crear un “Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia, que contribuya a la consolidación de la paz en los diversos sectores de la sociedad” porque «ya existe».
En medio del Paro Nacional, la CIDH evidencia la preocupación internacional sobre el uso desproporcionado de la fuerza policial. Ante las sugerencias de la Comisión, el presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que el país “ha sido respetuoso de la protesta pacífica, como una expresión de la ciudadanía. Pero, los actos de vandalismo, de terrorismo urbano, los bloqueos que atentan con los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la constitución y la ley”.
A la fecha, más de 4.600 casos de violencia policial se han denunciado dentro del Paro Nacional
Dentro del mismo documento de la CIDH, se resalta la violencia de género en el marco de las protestas, por las decenas de abusos sexuales perpetrados por policías contra manifestantes; la violencia étnico-racial, por las víctimas indígenas de la Minga que fueron baleadas por civiles armados y policías en repetidas ocasiones; la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, por las casi 100 denuncias interpuestas por los profesionales contra la policía; las irregularidades en los traslados por protección, por los casos de desaparición y asesinato por parte de policías; y en el uso de la asistencia militar, por la militarización de las ciudades más importantes del país.
Las recomendaciones de la CIDH
Entre el 8 y el 10 de junio, una delegación de la CIDH estuvo en Bogotá, Cali y Popayán, para conversar con distintos sectores sobre el descontento social y las violaciones de derechos durante el Paro Nacional de 2021.
La CIDH recibió 2.908 solicitudes para dar testimonio, y al menos 302 alcanzaron a entregaron sus versiones individuales y colectivas, lo que implicó escuchar a más de 500 personas.
Con más de 2.000 detenciones arbitrarias, la comunidad internacional alerta sobre la crisis en Colombia
En las conclusiones que sacó la Comisión se reconoció que algunas de las causas del Paro Nacional son la marcada desigualdad monetaria, la pobreza, la pobreza extrema, y el poco acceso a derechos fundamentales como educación, salud y trabajo.
“El hecho de que las protestas persistan hasta la fecha da cuenta de la magnitud del descontento social y del carácter estructural de sus reivindicaciones”, aseguró la CIDH.
Dentro del pliego de sugerencias entregada por la Comisión al gobierno colombianos resaltan:
1. Separar la policía y al Esmad del Ministerio de Defensa
2. Prohibir el uso de la fuerza letal como recurso para controlar el orden público
3. Prohibir que policías o militares que estén en la manifestación porten armas de fuego
4. Dejar de censurar las denuncias públicas a través de redes sociales
5. Juzgar a policías que hayan violado derechos fundamentales en la justicia ordinaria
6. Regular el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las Fuerzas de Seguridad colombianas
7. Trasladar bajo protección a los manifestantes detenidos
8. Reforzar los mecanismos de acceso a la justicia para mujeres, niñas y personas LGBTI víctimas de violencia de género en el contexto de las protestas sociales
9. Prevenir y combatir las prácticas de discriminación racial
10. Garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
11. Investigar con plenas garantías a los responsables de delitos cometidos en el Paro Nacional
12. Tolerar las manifestaciones, aunque estas generen cierto nivel de perturbación de la vida cotidiana
La sugerencia, que estaba dentro del pliego de peticiones que hizo el Comité del Paro desde 2019, es una reforma de la policía, para que deje de tener un carácter militar y pase a ser garante de los derechos humanos.
El controvertido y criticado ‘decreto militar’ de Duque
Durante abril y mayo, el gobierno colombiano expidió un decreto que ordenó a varios gobernadores y alcaldes coordinar la “asistencia militar”. Esta buscaría “afrontar y superar los hechos que dan lugar a la grave alteración de seguridad y convivencia en las vías de sus jurisdicciones”.
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido fuertemente criticado por la CIDH
El presidente también implementó la figura de “asistencia militar”, contenida en el Código de Policía, que da la potestad a los militares a contribuir a la policía en “una emergencia o calamidad pública”.
Sin embargo, la Corte Constitucional ha dicho que solo se puede disponer de las fuerzas armadas para garantizar las movilizaciones sociales, pero no para su control ni su contención.
La CIDH aseguró en el pliego de recomendaciones que la asistencia militar por el presidente Duque no analiza las circunstancias particulares de cada bloqueo. La Comisión reafirma que es un error calificar todos los bloqueos como ilegales en el marco de una protesta.
Hasta la fecha se han registrado 784 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública
“El Estado debe facilitar todos los mecanismos de diálogo posibles, y el uso de la fuerza siempre será el último recurso, no el primero”.
La CIDH también criticó que el decreto de asistencia militar no establece explícitamente “el límite operativo que tendrá la participación de las fuerzas militares, ni la temporalidad de tal medida, de forma que garantice su excepcionalidad”.
Cabe resaltar que, el decreto estableció que serán sancionadas las autoridades locales que no implementan la asistencia militar.
En el Centro Infantil Pequeños Exploradores B, en el barrio Santa Cruz de la comuna 2 de Medellín, 14 menores de cinco años habrían sido abusados sexualmente. El presidente colombiano, Iván Duque, aseguró que “iremos con firmeza y celeridad tras los miserables que vulneran su integridad e inocencia”.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Alcaldía de Medellín interpusieron la denuncia ante la Fiscalía, y los menores fueron trasladados a un Centro Atención Integral Víctimas Violencia Sexual (Caivas) donde están siendo valorados.
El presidente, alcalde de Medellín, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la Nación rechazaron vehementemente el presunto abuso sexual de los menores.
Gobierno colombiano adelanta investigaciones para esclarecer el caso
Daniel Quintero, alcalde de la ciudad, aseguró que “Como alcalde, principalmente como padre, nos duelen mucho las violaciones que han ocurrido en las sedes administradas por un operador de Buen Comienzo desde 2012”.
Los hechos
A principios de semana, la Alcaldía de Medellín había hecho la denuncia ante la Fiscalía. En la primera denuncia buscaban el esclarecicimiento del presunto abuso sexual de dos menores, pero esta mañana la cifra aumentó a 14 niñas y niños.
“La Alcaldía de Medellín precisa que el presunto abusador desempeñaba las funciones de auxiliar de nutrición y es contratista de la entidad prestadora del servicio de atención integral que opera la sede en mención. A la fecha, está suspendido de actividades que le permitan tener algún contacto con los niños y las niñas, en tanto avanza la investigación por parte de las autoridades competentes”, denunció la institución en un comunicado de prensa.
Los 14 niños son menores de 5 años y fueron presuntamente abusados por un cuidador
El Centro Infantil Pequeños Exploradores B fue cerrado provisionalmente.
Cabe resaltar que el hogar infantil pertenece al programa “Buen Comienzo”, que brinda atención a la primera infancia y es administrado por la Alcaldía de Medellín y cofinanciado por el ICBF.
Antes del cierre, el hogar atendía a 72 niños.
Cuando salgan los resultados de la valoración médica y psicológica que se le están brindando a los menores, se adelantará la investigación.
Por ahora los niños y niñas fueron remitidos al programa “Jugar para Sanar”, de la Fundación de Atención a la Niñez (FAN). Dicha entidad trabaja con la Alcaldía y brinda atención especializada frente a los casos de abuso sexual a menores.
En la primera reunión que mantuvieron los mandatarios de Colombia, Iván Duque, y Estados Unidos, Joe Biden, desde que el demócrata llegara a la Casa Blanca, Biden anunció la donación de 2,5 millones de vacunas de la farmacéutica Johnson & Johnson. A través de una llamada telefónica, los presidentes acordaron la donación.
Las vacunas de Johnson & Johnson son de una sola dosis, por lo que 2’500.000 personas serán beneficiadas con este donativo. Sin embargo, también son las vacunas que han tenido mayor casos de trombo, por lo que fueron suspendidas en varios países Europa.
Aún se desconoce la fecha de llegada de las vacunas, o información adicional sobre la ayuda del gobierno estadounidense.
Esta decisión se suma al anuncio de Biden de la masiva donación por parte de EE. UU. de 500 millones de vacunas a países de bajos ingresos.
Juan Carlos Pinzón, quién será el nuevo embajador de Colombia en Estados Unidos, agradeció la donación y aseguró que Estados Unidos “siempre ha apoyado a Colombia en todos los momentos difíciles”.
La Comisión Sexta del Senado de la República hundió el proyecto que buscaba la gratuidad en la matrícula en instituciones de educación superior. El proyecto había sido presentado por senadores de la oposición que querían garantizar el acceso gratuito en universidades públicas no durante la pandemia, sino también durante los próximos años.
El proyecto se hundió durante el debate de la comisión luego que cinco congresistas votaran negativamente, mientras que solo dos votaron a favor. Jorge Guevara y Criselda Lobo, votaron en apoyo al proyecto, mientras que Ruby Chagui, Julián Bedoya, Horacio Serpa, Antonio Zabaraín y Ana María Castañeda, se opusieron.
Los senadores encargados del proyecto eran Wilson Arias, Antonio Sanguino y Gustavo Bolívar lanzaron alarmas ante la decisión.
De acuerdo con los senadores que se opusieron al proyecto, no hay financiación. Horacio José Serpa, senador liberal e hijo del expresidente Horario Serpa, aseguró que “voté en contra de un proyecto de gratuidad que no tiene fuente de financiamiento, no tiene tampoco respaldo fiscal, lo cual lo hace inviable de cara a la realidad económica del país, tampoco establece la focalización para orientar esos subsidios a quienes realmente lo necesitan».
Una de las peticiones que se ha puesto en las mesas de negociación desde 2019 es la Matrícula Cero
Sin embargo, políticos de la oposición rechazaron la decisión del senado, señalando que la votación va en contravía de las solicitudes de los jóvenes que llevan más de un mes manifestándose en las calles del país.
«No se leen los proyectos de ley que radicamos, los descartan solo viendo quienes los presentamos, y cuando el pueblo les reclama por sus actuaciones, salen a decir que el proyecto de ley no tenía fundamentos. ¡Falsos!, primero salvaron a Molano y ahora se negaron a Matrícula Cero», aseguró el senador del Polo Democrático, Wilson Arias.
Pero este año sí habrá gratuidad
Hay que resaltar que el hundimiento del proyecto no afecta a la gratuidad en la matrícula durante este año. En mayo, y por el Paro Nacional, el presidente Iván Duque anunció que habrá acceso gratis a la educación superior en universidades públicas para estratos 1, 2 y 3.
Habrá matrícula gratis para estudiantes de estratos 1, 2 y 3
“Matrícula Cero cubre el segundo semestre de 2021 y continuará en 2022, para convertirse en política de Estado. Igualmente, el presidente señaló que en la discusión fiscal y social está contemplada la inyección de recursos a este programa, para que así se convierta en una conquista muy importante para la juventud del país», aseguró la ministra de educación, María Victoria Angulo.
La educación superior en Colombia
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 1 de cada 2 jóvenes acceden a educación superior, bien sea universitaria, tecnológica o técnica. Casi el 82% de esos jóvenes entran en la universidad.
Sin embargo, más del 60% de las universidades son privadas. Las matrículas semestrales en las universidades privadas varían desde los 300-4,000 USD, una cifra muy por encima del salario mínimo mensual colombiano (258 USD).
Expertos aseguran que los estratos sociales más altos son quienes más acceden a la universidad, con una tasa de crecimiento del 77 %; mientras en los segmentos de población más pobre, solo se alcanzan un crecimiento del 5 %. Situación que se agravó por la pandemia.
Proyectos como el de Matrícula Cero se vuelven vitales para asegurar mayor equidad en Colombia.
El lunes 24, la la vicepresidenta, y ahora canciller, de Colombia se reunió con la Organización de Estados Americanos (OEA) para definir la situación de derechos humanos que se vive en el país con el Paro Nacional. La respuesta de Marta Lucía Ramírez ante la solicitud de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue «en este momento hay que esperar».
Ramírez aseguró que las visitas para verificar la situación de violación de derechos humanos durante el paro nacional se darán cuando los órganos de control del país terminen investigar cada uno de los casos. Sin embargo, expertos alertan que en el país las investigaciones duran meses o años, antes que las archiven.
Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de Colombia
De acuerdo con la vicepresidenta, los organismos de control nacionales, como la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Defensoría del Pueblo son las encargadas para estas investigaciones. En caso que no cumplan con su deber, las delegaciones de derechos humanos podrán entrar al país.
“Fiscalía, Procuraduría, Defensoría, todos han establecido un equipo de trabajo para asegurar que no haya un solo caso de violación de derechos”.
El anuncio se dio en una reunión entre Ramírez y el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Allí, Ramírez aseguró que el gobierno colombiano y su presidente, Iván Duque, son garantes de la protesta pacífica y rechazan el abuso policial.
¿Pero qué está pasando en Colombia?
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) ha sido señalado de más de 12 asesinatos a civiles durante las manifestaciones.
La solicitud de la CIDH, para verificar la situación de derechos humanos, fue realizada el 14 de mayo. Múltiples denuncias de asesinato, tortura, violación y desaparición forzada han sido puestas ante la Corte.
“La CIDH ha recibido diversas denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos producto del uso excesivo de la fuerza durante las protestas sociales (…). Ha recibido miles de solicitudes para llevar a cabo una visita de observación, con el fin de monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Colombia por parte de distintos representantes de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles, académicos, juristas, representantes políticos, entre otros”, anunció la CIDH el 14 de mayo.
Temblores ONG afirma que han habido 43 homicidios, 2.905 casos de violencia policial, 39 víctimas de agresión en sus ojos, 21 víctimas de violencia sexual y 379 desaparecidos por parte de la Policía.
El lunes en la mañana, el Comité del Paro Nacional se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque. Este fue un primer acercamiento tras las movilizaciones que arrancaron hace más de una semana exigiendo el retiro de la Reforma Tributaria.
En esta primera conversación no se logró llegar a ningún acuerdo entre los gremios y el Gobierno, sin embargo, el Gobierno le propuso al Comité una mesa técnica de diálogo, con acompañamiento de la ONU y la Iglesia.
Gremios aseguran que el Gobierno no ha cedido un solo centímetro en las 104 peticiones expuestas.
Francisco Maltés, representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), dijo que “no hubo empatía con las razones que nos llevaron al paro nacional. Ni con las víctimas de la violencia que se ha ejercido de manera indiscriminada contra los manifestantes».
Créditos: Claro Colombia
Jennifer Pedraza, de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, afirmó que Duque ha desconocido las exigencias del Comité.
De igual manera, durante la reunión se exigió «que se pare la masacre, la violencia oficial y privada, contra quienes realizan el legítimo derecho a la protesta”. Y se hizo un llamado al Gobierno para retomar las conversaciones que se dieron en 2019, tras el Paro Nacional de ese año.
Créditos: semana
Dentro del pliego de peticiones hay un «pliego de emergencia», que contiene los siguientes puntos:
1. Retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación. 2. Renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual. 3. Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). 4. Subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. 5. Matrícula cero y no a la alternancia educativa. 6. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. 7. No privatizaciones y derogatoria del decreto 1174. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.
Logros
A pesar de no llegar a acuerdos, el martes en la noche, el presidente Duque anunció que el Gobierno garantizará educación superior pública gratuita para estratos 1, 2 y 3.
Este es un anuncio sin precedentes, pues en Colombia solo el 39% de los estudiantes pueden ingresar a una universidad. El costo del semestre en las universidades privadas, donde el 50% de los estudiantes ingresan, va desde los USD 1.400-5.00. Esto en un país donde 4 de cada 10 viven en condición de pobreza.
Desafíos
Créditos: france 24
Hay un punto vital durante las conversaciones que vengan en los próximos días: la reforma a las fuerzas de seguridad: Policía y Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad).
Desde que comenzó el paro, distintas ONGs han denunciado el abuso y violencia indiscriminada por parte de la Policía. 40 asesinados, 1.956 casos de violencia policial, 313 víctimas de violencia física, 1.003 detenciones arbitrarias, 418 intervenciones violentas, 28 víctimas de agresión en los ojos por proyectiles, 129 casos de disparos contra manifestantes con armas de fuego, 12 víctimas de violencia sexual.
Además de estos, hay más de 170 uniformados que también han sido heridos en las manifestaciones.
Colombia, uno de los países latinoamericanos más afectados por la pandemia, entró en Paro Nacional indefinido el miércoles 28 de abril. Manifestantes e intelectuales aseguran que el detonante fue la Reforma Tributaria presentada ante el Congreso.
La Ley de Solidaridad Sostenible, nombre de la Reforma Tributaria, es un documento de 110 páginas que busca solventar la crisis fiscal que atraviesa el país por la pandemia. Es importante resaltar que, hace algunas semanas estalló un escándalo por el gasto en consejería de 64 millones de dólares del presidente en plena pandemia.
El malestar social se sintió por todo el país caribeño. Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Popayán fueron el epicentro de las manifestaciones que conglomeró millones colombianos. Estos son los puntos más importantes de la reforma:
¿Qué dice la Reforma Tributaria?
1.La iniciativa busca ampliar la base de recaudación tributaria, evitar perder puntos en las calificaciones de riesgo internacionales por la deuda externa, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.
2.El principal problema es que el recaudo de 23 billones de pesos vendrá en un 73% de las personas naturales, y el resto de las empresas.
3.A esto se añade el cobro del(IVA), que en Colombia es del 19%, a productos de consumo básico. Los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios y objetos electrónicos deberán pagar este impuesto.
4.Impuesto a la Renta para quienes devengan más de 2,2 millones de pesos al mes (USD 611) entre el 4%-14%.
En este clima de descontento económica, se agrega los efectos sociales que ha tenido la pandemia del covid-19 en el país.
Corrupción de las instituciones, asesinatos selectivos a civiles por grupos armados, retraso de vacunas, medidas económicas que afectan a la clase trabajadora, ineficiencia judicial, entre otros.
Las protestas ocurren en medio de un grave aumento de casos y muertes por Covid-19, que amenaza con colapsar el sistema de salud del país.
Sin embargo, el eslogan de las manifestaciones fue «Si un pueblo sale a protestar en medio de una pandemia, es porque el gobierno es más peligroso que el virus».
Ante esto, el presidente Duque afirmó que “hablar de un retiro podría generar gran incertidumbre financiera”. La Reforma se mantendrá en el Congreso, aunque manifestó que el gobierno está abierto a que se “modifique totalmente, si se quiere”.
La respuesta de los manifestantes ante la negativa del gobierno fue “el paro se mantiene”.
